Tras
una plenaria de tres días en la Universidad de Antioquia el fin de semana, a la
que asistieron unos 2500 estudiantes de todo el país, la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil (Mane) terminó de darle forma a la “propuesta alternativa” que
prometió hace año y medio cuando suspendió el paro estudiantil que logró
bloquear la reforma a la educación superior del presidente Santos y que ahora
le presentará al Gobierno.
Llegar
a este punto tomó más de un año, siete plenarias nacionales y cientos de
reuniones de las cerca de 70 mesas de la Mane que existen en el país. En ese
tiempo nacieron mesas de la Mane en casi todas las universidades públicas -con
la única excepción de la Militar- y en tres cuartas partes de las privadas. Hoy
hay mesas en todos los departamentos y en cada una de las facultades de la
Universidad Nacional.
El
documento final de la Mane aún no está listo, pero las propuestas ya quedaron
en firme. En este momento están redactando el documento formal, que luego
evaluarán con un grupo de abogados y académicos de alto nivel para asegurar que
su articulado es correcto legalmente.
A
finales de agosto se lo presentarán a la ministra María Fernanda Campo y
comenzará el proceso de concertación con el Gobierno, que esperan reúna las
aspiraciones de estudiantes, profesores y empleados tanto de las universidades
públicas como privadas.
“Es
hora de organizar una discusión seria con todo el sector. La situación es tan
grave que el debate no es sobre cómo queremos que sea la universidad pública,
sino sobre si ésta seguirá existiendo”, dice Sergio Fernández, estudiante de
ciencia política de la Universidad Nacional y uno de los voceros de la Mane.
La
mayoría de sus propuestas hablan específicamente de las universidades públicas
y en muchos puntos su diagnóstico es similar al que llegaron en enero los
vicerrectores administrativos de las 32 universidades públicas del país.
Algunas de sus propuestas tocan también a las privadas, aunque los líderes
estudiantiles de la Mane siempre aclaran -anticipándose a una de las acusaciones
que se les ha hecho- que en ningún momento están buscando la estatización de
las universidades.
La
Mane está planeando una serie de 'manifestaciones creativas' con las que busca
ambientar el debate y mover al Gobierno a conversar con ellos, pero no tomará
ninguna decisión sobre volver al paro estudiantil hasta un mes después de
entregarle su propuesta a la ministra Campo. Es decir, dejarán el balón en
terreno del Gobierno.
La
Silla conversó con varios líderes de la Mane sobre cuatro puntos centrales de
la “propuesta alternativa” que presentarán al Gobierno.
1.
La gratuidad para mejorar el acceso y la cobertura
Como
lo han venido planteando desde hace dos años, una de las mayores prioridades
para la Mane es la “matrícula cero”, que ellos ven como el mayor obstáculo para
incrementar el acceso a la educación superior.
Para
la Mane, la gratuidad total de la universidad pública -siguiendo el modelo de
financiación total por parte del Gobierno de la educación escolar- permitiría
corregir una realidad alarmante. Por cada 100 estudiantes que se gradúan del
colegio, 30 llegan a las universidades y 10 a instituciones técnicas, según
datos del Ministerio de Educación. De esos universitarios, 15 llegan a las
públicas y otros 15 a las privadas, pero no se gradúan sino la mitad de ellos.
La
Mane sabe que un revolcón al sistema educativo como la gratuidad de la
universidad pública no puede ser inmediato, por lo que proponen hacerlo de
manera gradual durante 10 a 15 años.
“Es
claro para nosotros que es necesaria y que es posible, contrario a lo que se
quiere hacer creer. Es una decisión política que se puede tomar”, dice Juan
Sebastián López, representante estudiantil del Externado y también vocero de la
Mane. “Nuestros cálculos son que garantizar la 'matrícula cero' podría costar
unos 850 mil millones de pesos por año, lo que viene a ser anualmente menos de
los 1,2 billones que representa un punto del Cree [impuesto sobre la renta para
la equidad que creó la reforma tributaria para remplazar los parafiscales]”.
Eso
vendría a ser, aproximadamente, menos del 0,1 por ciento del Pib o un 3 por
ciento del presupuesto anual del Ministerio. Un salto en esa inversión podría
aumentar el número de estudiantes en las universidades públicas, que en
Colombia es del 48 por ciento y similar al de la mayoría de los países
latinoamericanos.
Pero
muy diferente al de la OCDE, el ‘club de buenas prácticas’ al que espera entrar
Santos, donde la mayoría de países cuenta con sistemas altamente financiados
por el Estado, que superan el 90 por ciento en Alemania o Francia.
Dentro
de la comunidad educativa hay visiones encontradas sobre la gratuidad. Para
muchos, sería una decisión política que sí aportaría un piso mínimo de equidad
que permite ampliar la cobertura y el acceso. Para otros en cambio la gratuidad
no corrige el problema del nivel bajo de habilidades con que llegan muchos
estudiantes, que podría explicar tanto las bajas tasas de acceso a la
universidad (no pasan los exámene de admisión) como sus altos índices de
abandono. Dentro de esta lógica, hacer la inversión más fuerte en toda la etapa
escolar es una manera más efectiva de mejorar el rendimiento.
En
todo caso, todos coinciden en que sola la gratuidad no basta, sino que tendría
que estar acompañada por medidas e incentivos que permitan reducir tanto el
abandono como la vagancia.
2.
El bienestar para contrarrestar la deserción
Para
la Mane, una de las señales más preocupantes del estado de la educación
superior es el número de estudiantes que no termina la carrera, que alcanza
-según datos del Ministerio- el 45 por ciento en las públicas y el 51 por
ciento en las privadas. Y para ellos el mayor causante es que la definición de
bienestar estudiantil se ha reducido al mínimo posible.
“El
bienestar universitario no se puede entender como hacerle favores a los
estudiantes. Para nosotros la formación integral es una misión de la
universidad que se incentiven el deporte y la cultura, la correcta
alimentación, la permanencia. No estamos de acuerdo con que se tercerice lo que
no es clase, que se entregue -como en la Nacional- el auditorio a Tuboleta o el
estadio a Cafam”, dice Juan Sebastián López.
La
inversión en bienestar es, en efecto, muy baja. Entre las 32 universidades
públicas del país se invirtieron apenas 145 mil millones de pesos en 2011,
según datos compilados por las propias universidades. Esto equivale a 260 mil
pesos anuales por estudiante.
3.
La calidad como gran sacrificada por el hueco fiscal
Tal
vez la mayor preocupación de los estudiantes -y las mismas universidades
públicas- es que el alto déficit que tienen éstas no les permite alcanzar los
niveles de calidad que quisieran.
El
informe que realizaron los 32 vicerrectores administrativos estimó que las
universidades públicas necesitan unos 18,7 billones de pesos para funcionar
anualmente. De esos ellos han venido aportando 7,5 billones, lo que les deja un
enorme deficit de 11,2 billones que no pueden cubrir.
“¿Cómo
hablar de calidad si las cosas están como están? Sin hablar nosotros con los
rectores y vicerrectores, llegamos a las mismas conclusiones. Se necesita una
operación electroshock para el sistema educativo”, dice Sergio Fernández.
Y
esos recursos no dan abasto. Las universidades públicas calculan que el sólo
deficit en infraestructura es de unos 5 billones de pesos y que sus
instalaciones actuales dan un promedio de 4 metros cuadrados por alumno, cuando
ellas venían recomendando al menos tres veces eso. Eso sin contar el estado de
deterioro en que se encuentran muchos campus como el de la Nacional en San
Andrés.
Algo
similar sucede en investigación y desarrollo, área a la que Colombia destina el
0,16 por ciento de su PIB. En cambio, países comparables como Brasil le asignan
el 1,16 por ciento y Argentina el 0,6 por ciento, según datos del Banco
Mundial.
En
este punto coinciden prácticamente todos en el sector educativo. El sistema de
financiamiento creado en un momento en que había 150 mil estudiantes en las
universidades públicas hizo aguas hace rato en un país que hoy tiene unos 560
mil matriculados.
4.
Garantizar mayor autonomía de las universidades
Uno
de los puntos que posiblemente levantará mayor controversia de las propuestas
de la Mane es que cambie radicalmente el esquema de gobierno de las
universidades públicas, para involucrar más activamente a los estudiantes,
profesores y empleados de las universidades. Y que en las privadas también
tengan mayor voz estos tres grupos.
“Para
nosotros la concepción de autonomía viene acompañada de democracia, que los
estamentos de dirección de las universidades incorporen de verdad a la
comunidad académica y que no se tomen todas las decisiones importantes a puerta
cerrada”, dice Juan Sebastián López.
Para
la Mane no tiene sentido que los consejos superiores educativos de la mayoría
de universidades, tanto públicas como privadas, tengan una representación
mínima de sus sus principales beneficiarios. “En casi todas hay apenas un estudiante
y un profesor, ningún empleado, cuando son el centro de la educación”, añade
Sergio Fernández.
Para
ello proponen crear cuerpos de decisión como las asambleas universitarias que
existen en Argentina o México. O replicar modelos como el de la Universidad de
Manizales, donde el consejo superior está integrado por el rector, dos
estudiantes, dos profesores, dos empleados y dos egresados.
Este
punto también genera reacciones divididas. Para muchos conocedores del sector,
al financiar el Gobierno las universidades resulta lógico que cuente con
personas en los cargos directivos que le permitan controlar que los recursos se
gestionen de la manera apropiada.
Pero
para otros sí existe un gran temor injustificado dentro de las universidades
-tanto públicas como privadas- de que hacer esas instancias más abiertas podría
significar perder las riendas de la dirección. Y que esa realidad fue
precisamente una de las críticas más grandes que le hicieron a varias
prestigiosas universidades cuando comenzaron sus procesos de acreditación
internacional hace una década.
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