La
grave situación que vive la región del Catatumbo en estos días, es una
explosión social acumulada en largos años de abandono estatal que no ha
garantizado el mejoramiento de las condiciones de vida de la población,
mayoritariamente campesina. Desde la
colonización petrolera iniciada hace ya 90 años, la prioridad allí siempre ha
sido el saqueo de los recursos mineros y energéticos y, por lo tanto, la
seguridad de las empresas que intervienen, por lo que ha sido permanente la
utilización de las fuerzas militares y paramilitares por parte del establecimiento,
con los altos niveles de victimización por todos conocidos. Y los esfuerzos
propios de los catatumberos y las catatumberas por construirse un territorio
para el Buen Vivir, han sido estigmatizados y desarticulados una y otra vez de
manera violenta.
El
tratamiento del Estado a la situación económica y social de la población no se
ha modificado. A la par que impulsa ahora múltiples megaproyectos económicos de
explotación integral de todos los recursos del Catatumbo, planea la
consolidación del control militar del territorio, ampliando la presencia de las
Fuerzas Armadas en todos sus componentes, centralizados en la Fuerza de Tarea
Conjunta “Vulcano”, con sede en el municipio de Tibú, en la frontera con
Venezuela. La respuesta violenta que el gobierno ha dado a la protesta social
que hoy se desarrolla, se inscribe en esa estrategia.Por tales razones, el
Congreso de los Pueblos:
1.
Responsabiliza al gobierno nacional de la muerte de los campesinos Edwin Franco
Jaime, de 22 años de edad, y Yonel Jácome Ortiz, de 28 años, las heridas graves
a más de una docena de ellos y los daños de los bienes materiales de la
población. El constante señalamiento del
gobierno sobre las tales “infiltraciones” sólo buscan justificar el tratamiento
militar de la protesta social. Este manejo pretende legalizarse con la idea de
que los civiles constituyen un blanco legítimo, como ha quedado expreso en la
reforma al llamado “fuero militar”. Es lo que se ha aplicado con los disparos
hechos por el ejército sobre la concentración campesina en Ocaña, Norte de
Santander.
2.
Reconoce y promueve todas las acciones que hoy construyen la territorialidad
campesina, la cual es aceptada inclusive por la comunidad internacional, como
derecho imprescindible para la sostenibilidad de una cultura que mantiene un
gran porcentaje de la seguridad alimentaria y cuyo modelo productivo reduce el
calentamiento global del planeta. Las identidades culturales son la base
fundamental para un ordenamiento democrático de los territorios alrededor de
los Planes de Vida integrales.
3.
Llama al fortalecimiento de la articulación de los diversos procesos sociales
regionales, para garantizar la defensa del territorio, la permanencia en él y
para posibilitar la construcción comunitaria de las condiciones ambientales,
sociales, económicas y políticas necesarias para la vida digna de los pueblos
que los habitan. Y llama también a seguir moviendo de manera unitaria todos los
conflictos, para enfrentar el modelo neoliberal y sus transnacionales que
invaden nuestros territorios.
4.
Exige del gobierno nacional la cancelación del Plan de Consolidación del
Catatumbo que profundiza la militarización contra el pueblo en aras del
denominado desarrollo; parar la criminal política de erradicación de los
cultivos de uso ilícito; atender por fin las reclamaciones de las comunidades
campesinas e indígenas y respetar el derecho de la población del Catatumbo a
decidir el futuro de su región. Bogotá, junio 25 de 2013
Congreso
de los Pueblos
Construyendo
país para la vida digna!
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