No
existe política pública educativa animada a construir proyecto de nación según
la CPC y en el marco de un estado social y democrático de derecho. La educación
pública provee una masa homogenizada y alienada, escasamente capacitada y
funcional a un mercado laboral saturado y orientado a la explotación requerida
por el proceso de acumulación de capital.
Libardo
Sarmiento Anzola
Hay una
crisis mundial en materia de educación, afirma la filósofa estadounidense
Martha Nussbaum en su libro “Sin fines de lucro” (2010). En detrimento de las
humanidades, necesarias para la creatividad, el pensamiento crítico, la
democracia y la praxis ciudadana, los enfoques educativos actuales se orientan
por lo económicamente productivo, la competencia individualista y egoísta, el
poder y el dinero como fines últimos, sin importar los medios utilizados.
Colombia
no es la excepción a esta crisis. La Asamblea Constituyente de principios de
1990 prometió una educación fundamentada en el servicio público, cumpliendo una
función social, algo que el Estado no hizo realidad. Tampoco se ha logrado que
la educación forme a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; ni en la práctica del trabajo y la recreación para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente (CPC, artículo 67).
El
sistema educativo en Colombia es dual: público y privado. En general, es de
baja calidad, costoso, sin pertinencia e ineficiente, orientado por una
filosofía crematística. Para la muestra un botón: la actual ministra de
educación, María Fernanda Campo Saavedra, experta en finanzas y banca, fue
sacada de la entidad más mercantil, esto es, venía de fungir como presidenta de
la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin duda, la educación es una mercancía más.
La
obsesión de las últimas décadas lo constituyen las pruebas cuantitativas del
Estado, reflejo de una pedagogía memorística, conductista y “bancaria”
(Freire). Por ello, las instituciones educativas “entrenan” a sus estudiantes
para lograr los mejores resultados; además es un buen negocio, los colegios
mejor escalonados atraen clientes y pueden cobrar pensiones elevadas. El sector
público, con resultados inferiores, implementa programas para parecerse a las
entidades privadas “exitosas”. Es tal la situación que la mayoría de los
docentes del sector público matriculan sus hijos en las entidades educativas privadas.
No
existe política pública educativa animada a construir proyecto de nación según
la CPC y en el marco de un estado social y democrático de derecho. La educación
pública provee una masa homogenizada y alienada, escasamente capacitada y
funcional a un mercado laboral saturado y orientado a la explotación requerida
por el proceso de acumulación de capital. El privado suministra la tecnocracia
y la dirigencia que hace posible la reproducción del sistema de dominación. En
conjunto, la educación genera y transmite los valores, principios y prácticas
al servicio de una estructura social hegemónica, estratificada y clasista.
En el
año 2000, en carta enviada al Director General de la Unesco, un colectivo de
intelectuales, liderados por el sociólogo Pierre Bourdieu, condenó la adhesión
de este organismo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –AGCS-,
debido a la concepción exclusivamente mercantil de la educación, la ciencia y
la cultura, impuesta por la Organización Mundial del Comercio –OMC. Alertaron que
en adelante las empresas privadas utilizarán las leyes del mercado para
transformar en mercaderías y en fuente de ganancias las actividades de
servicios ligadas a los derechos humanos de la educación y la cultura.
«Educación Market» es el título que aparece en los documentos de la OMC.
El mercado de la educación en Colombia
A
diario, 13,2 millones de colombianos y colombianas hacen parte, de manera
directa, del complejo sistema educativo colombiano: 12,6 millones de
estudiantes y 579 mil docentes, en cerca de 61.000 instituciones educativas. (ver
cuadro 1).
El
sector público, en términos cuantitativos, tiene posición dominante en la
educación preescolar, básica y media. El sector privado monopoliza la educación
técnica, tecnológica y superior (gráfico 1). Las empresas privadas educativas
controlan una cuarta parte del mercado educativo.
La
educación privada es un buen negocio. Estas instituciones que se extienden como
espuma sobre los humedales de la Sabana de Bogotá, por ejemplo, tienen cada una
entre 1.000 y 1.600 estudiantes. Las matrículas oscilan entre dos y tres
salarios mínimos legales (lo que deja por fuera al 80% de los asalariados;
estos devengan menos de 2 SML). Como barrera de entrada, los padres de familia
deben pagar actualmente entre 10 y 20 millones de pesos; antes se llamaba
“bono”, pero ante la prohibición del Ministerio de Educación, le cambiaron el
nombre por “Fideicomiso”, articulando el negocio educativo al sector
financiero. Los activos, corrientes y
fijos, de cada una de estas instituciones educativas supera los 10.000 millones
de pesos, representados en cerca del 80% en terrenos y edificaciones suntuarias
(la imagen es lo que vende).
En el
año 2012, tomando como ejemplo una institución educativa de propiedad privada
de la Sabana de Bogotá, un colegio con 1.550 estudiantes (30% en preescolar,
33% en primaria y 37% en bachillerato) obtuvo ingresos mensuales por $1.860
millones. El número de empleados es de 300 (129 docentes de tiempo completo y
57 de tiempo parcial, más 114 entre administrativos y de servicios); los costos
operativos son de $900 millones al mes; por tanto, la utilidad bruta sobre
ingresos es de $960 millones mensuales, esto es, 49%. La ganancia bruta anual
de esta entidad fue de $11.520 millones en el año 2012.
En
2012, el sector privado de la educación en el país obtuvo alrededor de $42
billones en ingresos por matrículas y pensiones, correspondiente al 23,4% de la
población estudiantil. El otro componente del sistema, la administración
pública, gastó en este mismo año $39 billones anuales para atender el 76,6% de
esta comunidad. En promedio, el costo promedio por estudiante en el sector
privado es 3,5 veces mayor al costo por estudiante del sector público. Este
mayor costo por estudiante ($14,2 millones al año en el privado y $4,1 millones
en el público) no se refleja en la calidad y pertinencia de la educación; lo
explica una mejor “hotelería” para el bienestar de los estudiantes, el “status”
que satisface a los padres de familia y las utilidades que se apropian los
empresarios de la educación.
En
Colombia, el gasto público (sin ánimo de lucro inmediato) en educación
(corriente y de capital) como porcentaje del PIB aumentó de 3,2% en 1980 a 4,8%
en 2010. El promedio en América Latina y el Caribe es 5,3% y en los países de
mayor desarrollo humano 5,1%.
Una mercancía de calidad defectuosa
Hace
más de dos milenios, el sabio filósofo estagirita Aristóteles enseñó que “el
ser, la acción y el producto quedan resueltos en una unidad”. Según el Informe
a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI,
liderado por J. Delors (1996.), la educación debe estructurarse en torno a
cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer; aprender a hacer;
aprender a vivir juntos; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que
recoge elementos de los tres anteriores.
En
Colombia, el porcentaje de satisfacción con la calidad de la educación, según
el Informe sobre Desarrollo Humano 2013, es de 71,7 (el promedio mundial es de
64,2% y en los países de desarrollo humano –IDH- muy alto es de 61,3%).
Tendemos a sobreestimar la calidad de nuestra educación. En las pruebas
internacionales, los estudiantes se encuentran por debajo del promedio en
lectura, matemática y ciencia (87,75 y 81 respectivamente de desviación de la
media mundial), en matemática, los jóvenes colombianos están tres años de
estudio rezagados en comparación con un estudiante francés promedio y en
lectura dos años respecto de un estudiante británico promedio.
Si bien
actualmente la tasa neta de matrícula en el nivel de primaria alcanza el 95%,
la tasa de deserción es de 15,5 (el promedio de deserción en América Latina y
el Caribe es 14,3 y en los países de IDH muy alto 3,8%). El porcentaje de
jóvenes de 20 a 24 años que culminan la educación secundaria en Colombia es de
sólo 30%. De los que alcanzan el bachillerato, sólo 37,2% continúa sus estudios
o continúa su capacitación; no obstante, 45,4% abandona la educación superior.
En los
últimos 35 años, en Colombia la escolaridad promedio de la población de 15 y
más años de edad aumentó de 4,6 años en 1978 a 7,4 años en 2012, según el
Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (actualmente, en América Latina y el
Caribe el promedio es de 7,8 y en los países de desarrollo humano –IDH- muy
alto es de 11,5 años).
De
acuerdo con el gráfico 2, el aumento en el nivel educativo y las mayores
coberturas de la educación no se han traducido en un ejercicio ciudadano
efectivo (en 1950, el 90% de la fuerza de trabajo no alcanzaba ni el nivel de
primaria), de hecho, durante el último siglo, en promedio cerca de dos de cada
tres colombianos en edad de votar no participan en las elecciones ni toman
parte de las decisiones políticas de interés colectivo.
En un
país periférico como Colombia, que vive de las dotaciones naturales
(actividades extractivas de energía, minería y biodiversidad, sin aportar valor
agregado, controladas por transnacionales) e importa la mayoría de los bienes
manufacturados, sin soberanía siquiera alimenticia, la educación es elemental y
abstracta, sin articulación con el mundo real y desdeñosa de la ciencia y la
tecnología. Según el Institute for Magnagement Development, escuela de negocios
que funciona en Ginebra, Suiza, Colombia ocupa el puesto 52 entre 59 países en
cuanto a competitividad. El país retrocedió seis puestos entre 2011 y 2012; los
14 factores que tienen que ver con la educación registran un nivel muy bajo.
Con la
entrada en vigencia de los tratados de libre comercio se ha hecho evidente la
debilidad relativa del aparato productivo nacional, ni el sombrero “voltiao” aguantó
la competencia internacional. Para que sobrevivan los productores el Gobierno
ha tenido que distribuir subsidios a diestra y siniestra, desde los cafeteros y
arroceros, pasando por los ganaderos, la agroindustria y la industria, hasta,
recientemente, los papicultores.
El
sistema educativo tampoco garantiza la convivencia pacífica. La violencia
recorre los espacios familiares, escolares y públicos. El 70% de los
estudiantes es víctima de agresiones, verbales, física o psicológica, en las
entidades educativas. En general, la tasa de homicidios en Colombia es de 33,4
por cada 100.000 habitantes (en el mundo 6,9); la confianza en las personas es
de sólo el 14% y de 43% la percepción de seguridad (30 y 66%, respectivamente,
en el mundo, según el Informe de Desarrollo Humano 2013).
Finalmente,
la educación tampoco es garantía de un ingreso seguro al mercado de trabajo.
Para el año 2012, el desempleo en Colombia para las mujeres jóvenes fue de
25,2% y en los hombres jóvenes 14,7%, debido a la escasa experiencia, al bajo
nivel educativo y a la poca pertinencia de la educación recibida. En el país,
donde los jóvenes representan casi el 30% de la población en edad de trabajar,
uno de cada cinco jóvenes entre 14 y 29 años se encuentran por fuera de los
sistemas educativo y laboral, convirtiéndose en víctimas y victimarios de todos
los males que recorren la sociedad
colombiana.
0 comentarios:
Publicar un comentario