Declaración
final, y acuerdo de acciones emanadas del encuentro minero energético
nacional realizado en bogota durante los dias 16 y 17 de mayo del
2013, convocado por reclame, cut, uso, sintracarbon, rios vivos, y
apoyado por congreso de los pueblos, pda, modep, cedetrabajo, corp.
aury sara, cedins, colectivo soberania y naturaleza, minga, censat y
otras organizaciones.
I
ENCUENTRO NACIONAL MINERO-ENERGÉTICO Y III ENCUENTRO DE RECLAME
HACIA
UNA NUEVA POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA
Bogotá,
16 y 17 de mayo de 2013
CONTEXTO
La
idea de convertir a Colombia en una potencia minero energética,
centrando su economía en la actividad extractiva, atenta contra la
soberanía nacional, el patrimonio natural y las bases mismas de la
vida.
La
globalización neoliberal que ha facilitado la intervención del
capital transnacional en todos los ámbitos, tiene a la agricultura y
la industria casi al borde de la extinción, ferió el patrimonio
público especialmente en los renglones estratégicos de la economía,
debilitó su capacidad regulatoria convirtiéndolo en un régimen
antidemocrático, y privatizó los derechos de la población. La
economía está pensada desde entonces al servicio del mercado
extranjero y no de los intereses nacionales, ni en beneficio del
pueblo colombiano.
De
esta manera, el país perdió la soberanía sobre los bienes
naturales y los alimentos, permitiendo que las empresas
transnacionales llegaran hoy a controlar su uso, en función de los
negocios mineros y energéticos, ahora facilitados también en los
tratados de libre comercio. La institucionalidad fue suplantada por
la “Responsabilidad Social Empresarial”, se vendieron las
empresas públicas del sector, las que sobreviven lo hacen bajo la
lógica neoliberal, se adaptaron normas ambientales, laborales y
tributarias para generar “Confianza Inversionista”, se acomodaron
a esos intereses las consultas previas y se criminalizaron las
protestas en contra de tales medidas.
Hoy
los colombianos y las colombianas no tenemos las condiciones
necesarias para ejercer el poder ciudadano de participar, decidir,
controlar y ajustar los procesos productivos en torno a la minería y
la energía. Estamos limitados institucionalmente para incidir en las
políticas que se trazan sobre estas actividades. No existen los
espacios para replantear el modelo minero-energético que se impone.
Todo en detrimento de la sostenibilidad ambiental de la nación, de
la pequeña minería y tradicional, de los derechos de los
trabajadores, de la permanencia en el territorio de las comunidades
tradicionales, campesinas, pesqueras, afros e indígenas, y de las
finanzas y los ingresos del país.
La
única forma en que podremos salvar al país de la Locomotora
Minero-Energética es fortaleciendo la más amplia unidad del pueblo
colombiano, a través de la movilización social, en resistencia
contra este modelo de desarrollo y avanzando en la construcción de
una política alternativa. El debate de la política
minero-energética debe vincular a la sociedad entera. Es necesario
que todos los sectores críticos de este modelo, desde lo ambiental,
lo étnico, lo cultural, los derechos, lo académico, lo productivo,
lo político y lo laboral, nos involucremos en la definición de un
futuro diferente para la nación.
LAS
PROPUESTAS
La
sociedad requiere de una explotación minero-energética necesaria.
Esta actividad debe realizarse de acuerdo a los intereses de la
nación, debe estar supeditada a la protección del patrimonio
natural y las bases de la vida para las generaciones futuras, debe
estar bajo el control de un Estado que actúe en coherencia con estos
criterios. Las empresas estatales deben realizar directamente o a
través de asociación las actividades de explotación
minero-energética. En consecuencia, los términos de la inversión
extranjera también tendrán que modificarse sustancialmente.
Una
nueva política minero-energética requiere que el Estado recupere el
control, fiscalización y dirección sobre la exploración,
explotación y comercialización de sus recursos naturales no
renovables, hoy en manos de las transnacionales minero-energéticas.
Es necesario fortalecer las instituciones, la participación
ciudadana y las empresas del Estado, que permitan recuperar y ejercer
la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos en los
territorios, condición necesaria para el cambio del modelo
energético.
Una
nueva política debe orientarse a generar energía, materias primas y
recursos de capital de manera racional, apoyando el desarrollo de la
agricultura y la industria de la nación, la permanencia de las
comunidades en el territorio y el reconocimiento de sus formas
organizativas. Debe fortalecerse la investigación en ciencia y
tecnología, y la recuperación de los saberes tradicionales,
especialmente a través de universidades y centros de investigación
públicos, e independientes de las transnacionales y sus gremios.
Una
nueva política minero-energética debe considerar la crisis
ambiental y humanitaria del planeta y, por lo tanto, tendrá en sus
propósitos la búsqueda de fuentes alternativas y el rediseño de la
matriz energética. Incluso debe plantear la delimitación de zonas
donde no haya ningún tipo de explotación minero-energética y
proteger reservas de minerales e hidrocarburos para generaciones
futuras. Se debe suspender la explotación de petróleos no
convencionales, hasta que no existan los suficientes estudios serios
sobre el impacto ambiental y geológico y se aseguren técnicas que
garanticen la explotación segura y muestren la conveniencia de su
desarrollo para los intereses nacionales y regionales.
Debe
suspenderse el otorgamiento de nuevos títulos y licencias
ambientales a los proyectos transnacionales minero-energéticos y a
cielo abierto. Se debe garantizar que ésta actividad se ejecute
acorde a los intereses del país y existan garantías suficientes
para la protección de los derechos humanos, económicos, sociales y
culturales de las comunidades. El Estado debe propiciar la revisión
de los actuales contratos con este tipo de minería, revocando
aquellos que sean contrarios a los intereses del país, y hacer
efectivas las reversiones.
Los
criterios generales de una nueva política minero-energética son:
1.
El aumento de la renta y la compensación de los daños causados.
2.
La protección y el acceso de los pueblos a los bienes naturales.
3.
La defensa de los mineros artesanales, pequeños y medianos.
4.
La defensa de los derechos laborales y sindicales de los
trabajadores.
5.
La defensa del territorio, la cultura y la organización social de
las comunidades.
1.
El aumento de la renta y la compensación de los daños causados:
El
Estado, como principal inversionista de la actividad
minero-energética al aportar como capital su recurso natural no
renovable, debe ser el actor que perciba la porción más alta de la
renta. El Estado debe eliminar las exenciones tributarias al capital
extranjero y revivir nuevamente el impuesto a la remisión de las
utilidades de este tipo de capital.
En
este mismo sentido, con el objeto de promover el desarrollo de la
industria nacional, deberá cobrarse un impuesto diferenciado
dependiendo del grado de transformación que se le dé al mineral o
al hidrocarburo. A mayor valor agregado de la materia prima menos
impuesto, a menor valor agregado más impuesto.
Los
recursos naturales no renovables son de la nación en el subsuelo y
cuando se extraen de éste. Por eso la responsabilidad sobre su
comercialización debe ser fundamentalmente del Estado.
El
cobro de las regalías debe modificarse para que la participación de
la nación aumente, considerando que estas se reciben en una sola
ocasión. Se tendrán en cuenta, al menos, tres variables para el
cobro de las regalías:
1.
La variación en los precios internacionales de los minerales e
hidrocarburos, como una ganancia extraordinaria para el Estado cuando
estén muy altos y una tasa mínima de retorno cuando estén muy
bajos
2.
El agotamiento del recurso, cobrando una regalía cada vez mayor en
la medida en que las reservas disminuyan.
3.
La facilidad en la extracción del recurso, determinado por la
concentración del yacimiento, su ubicación y su posición
geoestratégica con relación a los centros de consumo.
Las
regalías deberán descentralizarse, beneficiando principalmente a
las regiones productoras, que son –a su vez- las que soportan los
mayores impactos ambientales, sociales, laborales y culturales. Sobre
estos recursos deberá ejercerse un mayor control de parte de la
sociedad civil.
Finalmente,
una nueva política tendrá que tener en cuenta una contabilidad
completa de la actividad minero-energética, que mida los beneficios
pero también los costos ambientales, sociales y el costo de
oportunidad con otras actividades, para definir si es conveniente
para la nación. Esa nueva política debe analizar la posibilidad de
no extraer los recursos, en la perspectiva de buscar un mayor
beneficio hacia futuro.
2.
La protección y el acceso de los pueblos a los bienes naturales:
Una
nueva política minero-energética debe considerar la huella
ecológica, la huella hídrica, altos estándares de cumplimiento a
las normas ambientales y estricto cumplimiento a la Constitución y a
la legislación colombiana. Controles efectivos para evitar daños
ambientales irreversibles y exigir fuertes compensaciones por los
daños causados. Exigir pólizas de cumplimiento. Prohibiremos los
mega proyectos minero-energéticos en páramos, en humedales, cuencas
hidrográficas, ramsar, zonas de reserva y parques naturales
nacionales y regionales, y zonas de seguridad y soberanía
alimentaria. Hay que reconsiderar los proyectos que estén en zonas
en proceso de desertización y exigir licencia ambiental para la
exploración.
En
lo referente a las represas, se debe adelantar un diagnóstico sobre
los beneficios e impactos generados por las represas en Colombia, que
permita viabilizar la toma de decisiones sobre nuevos proyectos y la
deuda histórica con los afectados por los ya construidos y en
proceso construcción. Condicionar la construcción de nuevos
proyectos hidroeléctricos a la realización de estudios que muestren
y prioricen las verdaderas necesidades energéticas del país,
conducente a mejorar la calidad de vida de la población, colocando
límites a la exportación de energía eléctrica y a las
aspiraciones de máxima ganancia por parte de las empresas del sector
eléctrico.
3.
La defensa de los mineros artesanales, pequeños y medianos.
Como
aspecto fundamental para elaborar una nueva política
minero-energética debe establecerse una diferencia entre la
explotación artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. Debe
detenerse la criminalización y persecución a los mineros
artesanales, pequeños y medianos. Debe haber exigencias ambientales,
sociales, económicas y laborales para todas ellas, pero considerando
su tamaño y capacidad económica.
Para
no condenar a las explotaciones de menor escala al atraso tecnológico
y permitir el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y
laborales por parte de éste tipo de mineros, el Estado debe promover
su asociación, prestar acompañamiento técnico y económico, a
través de planes de capacitación, asistencia técnica y créditos.
4.
La defensa de los derechos laborales y sindicales de los
trabajadores:
El
Estado debe definir una política laboral que respete los derechos
laborales y sindicales de los trabajadores. Un política laboral que
incluya el respeto a la vida y derechos de los trabajadores del
sector minero energético, incluidos los pequeños mineros, mineros
tradicionales y mineros Artesanales, la superación del trabajo
precarizado y tercerizado, que asegure a todos los trabajadores del
sector minero energético, un trabajo digno.
Considerar
la minería como una actividad de alto riesgo y que, por lo tanto,
establezca condiciones de trabajo y garantías especiales para los
trabajadores.
5.
La defensa del territorio, la cultura y la organización social de
las comunidades:
En
lo referente a lo social, cultural y territorial, consideramos que
una política pensada en la defensa del interés nacional, debe:
1.
Proteger la permanencia en el territorio de las comunidades y
defender su autodeterminación.
2.
Oponerse al desplazamiento de la población.
3.
Que las Fuerzas Armadas y de Policía defiendan la soberanía y los
intereses de los pueblos, y no a las multinacionales.
4.
Respetar y defender la cosmovisión de los pueblos indígenas y la
identidad cultural de poblaciones campesinas y afros.
5.
Garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de caracter
decisorio, con consentimiento, libre, autónoma e informada y como
requisito inequívoco para la adjudicación de títulos mineros o de
explotación de hidrocarburos, tanto a comunidades indígenas y
afros, como a campesinas y pescadoras.
6.
Proteger e impulsar alternativas productivas, incluyendo la
agricultura campesina y la pesca.
7.
Plantearse la actividad minera en articulación con la agricultura y
la industria y no en reemplazo de la misma.
8.
Garantizar la competencia y autonomía de comunidades, Concejos y
Asambleas para el ordenamiento del territorio.
Cumplir
con lo anterior implica necesariamente una política diferente a la
planteada bajo la lógica neoliberal que ha profundizado el gobierno
de Juan Manuel Santos.
Todo
lo anterior hace parte de una política minero-energética integral.
En términos generales, debe tener criterios claros, de acuerdo con
los intereses nacionales, sobre: dónde, cómo, cuánta y para qué
se realiza la explotación minero-energética.
Con
estos enunciados básicos, los asistentes al I Encuentro Nacional
Minero-Energético y III Encuentro de Reclame manifestamos nuestro
compromiso de seguir trabajando por la más amplia unidad del pueblo
colombiano para frenar la Locomotora Minero-Energética, derrotar la
concepción de “Colombia: País Minero” y avanzar en la
consolidación de un movimiento social desde lo local, lo regional y
lo nacional capaz de implementar una nueva política
minero-energética. En este camino, convocamos a todos los sectores
del país a que intercambiemos estas propuestas en un Congreso
Nacional Minero y Energético.
En
la construcción de este Encuentro y de las tareas planteadas,
manifestamos nuestro saludo a los autores del libro “Minería en
Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”,
elaborado por la Contraloría General de la República, por
considerarlo un material valioso y necesario en la defensa de los
intereses de la nación.
Bogota
mayo 17 de 2013
SE
APRUEBA IGUALMENTE APOYAR LAS SIGUIENES ACCIONES:
ACCIONES
NACIONALES : Hacia una política alternativa minero-energética
Encuentro
de comunidades desplazadas por el cerrejón
Definir
fecha (df)
Juicio
Ético y político contra el despojo (Bogotá)
03,
04, 05 de agosto de 2013
Audiencia
Pacific Rubiales (Meta)
13
de julio de 2013
Congreso
minero-energética
(df)
Asamblea
minero-energética
(df)
Paro
de pequeños mineros
(df)
Foro
minero-energético Sur occidente
(df)
V
Gran marcha carnaval en defensa de la vida
05
junio 2013
Jornada
de Nacional minero-energética
1ª
SEMANA OCTUBRE
Encuentro
Regional de Paz. Cabrera Cundinamarca
(df)
Paro
minero nacional indefinido
17
de julio
Marcha
nacional para frenar la locomotora minero-energética
(df)
Encuentro
de comunidades afectadas por la minería en los departamentos de la
guajira cesar, Córdoba.
(df)
Foro
biodiversidad VS mega minería
24
de mayo
Auditorio
Cámara de comercio ( Ciudad Bolivar Antioquia)
Foro
y plantón alternos a la feria minera en Medellín
La
segunda semana de octubre
Marcha
no a la minería ( Medellín)
31
de mayo
Foro
minero-ambiental
Agosto
Pre.
Audiencia Minera AGLO GOLD ASHANTI (Sur de Bolívar)
28
de junio 2013
Foro
Académico sobre herramientas jurídicas contra la megamineria.
Armenia Universidad del Quindío, auditorio ciencias básicas
31
de mayo
Marcha
carnaval por la vida y el territorio ( Armenia ,Quindío)
05
de junio
Foro
minero ( El Carmen de Chucuri, Santander)
20
de mayo
I
Encuentro de sabedoras y sabedores
junio
Demanda
nacional contra el decreto 934
(df)
Apoyo
a la campaña de moratoria minera
(df)
Campaña
nacional contra la Anglo gol Ashanti
(df)
ESTRATEGIAS
Estrategia
de comunicación con énfasis en formación e información que
permita afianzar lazos entre los trabajadores y comunidades para la
opinión pública.
Ley
orgánica de hidrocarburos
Consulta
previa libre e informada y garantía al consentimiento libre e
informado
Suspensión
de la utilización de la exploración y explotación de petróleos no
convencionales.
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