Palabras al margen
“La crisis de la universidad pública se explica en buena parte en los fundamentos de la matriz socio-educativa del país, que provoca el estallido frecuente de conflictos semestre tras semestre, como el paro de trabajadores con el que la Universidad Nacional inauguró el 2013 y que pone de manifiesto el gravoso déficit presupuestal que agobia al sistema universitario público.”
Germán Paul Cáceres
Fuente:
http://www.eltiempo.com
La matriz socio-educativa: herramienta conceptual
para la comprensión del tema
Desde una
aproximación de lo que se podría denominar la matriz socio-educativa en
Colombia, se pueden discutir sobre algunas de las causas principales de la
crisis de su sistema universitario público y, especialmente, de su crisis de
financiamiento.
Por matriz
socio-educativa se entiende una particular combinación de los fundamentos que
distinguen al sistema educativo y que, necesariamente, son expresión de una
matriz-sociopolítica nacional definida a partir de la relación entre Estado,
régimen político, partidos políticos y sociedad civil o base social. Cada
sociedad presenta una configuración particular de sus sistemas educativos, que
se realiza a través de la combinación de los siguientes elementos: el papel de
la educación en el proceso de conformación de la “modernidad”; la articulación
entre Estado-mercado-sociedad civil y educación históricamente construida, y el
modelo de selección social utilizado por el sistema educativo.
En Colombia, la
postergación de un proyecto nacional democrático que integre y reconozca la
diversidad social, cultural y política condiciona el papel de la educación en
el proceso de conformación de “modernidad”; en este sentido, el rol de la
educación ha respondido a una lógica de la tradición, y el privilegio que
obstaculiza la emergencia de un proyecto político-estatal de raigambre
democrática y que se resiste a reconocer a la educación como un derecho social,
lo que se reforzó en las últimas décadas neoliberales.
En Colombia, la
educación universitaria no se ha arraigado como una promesa de igualdad para
una sociedad democrática, sino que se presenta como una llave para la
diferenciación y jerarquización social; el acceso a la escuela y más aún, a la
universidad, sigue remitiendo a un privilegio más asociado a las posibilidades
económicas e individuales. Esto marca la enorme legitimidad de la educación
privada en nuestro país y la indiferencia de las élites gobernantes para con la
universidad pública.
Precisamente, lo
anterior define la articulación, ya mencionada, entre Estado-mercado-sociedad
civil y educación históricamente construida. La provisión de educación
universitaria pública ha sido limitada, el consenso social no se ha inclinado
hacia la exigencia de una educación universal en el nivel universitario y la
política pública se ha caracterizado por promover una expansión de matrícula
fuertemente apoyada en el crecimiento del sector privado que, para el 2011, fue
del 46% (cifra que se ha mantenido estable desde el 2006), aunque llegó a ser
del 62% en el 20013. La Universidad Nacional
por su parte, representa menos del 4% de la matrícula universitaria
total.
La relación
Estado-mercado-sociedad civil y educación se ha caracterizado por la debilidad
estatal que deja buena parte del problema a las soluciones privadas copadas por
sectores como la Iglesia; iniciativas universitarias vinculadas con un sector
político determinado y también por algunos proyectos universitarios humanistas,
liberales y racionalistas pero con un perfil de formación de élites que no
pueden ser escenario de conformación de un imaginario integrador de la
sociedad, que es el que está llamado a cumplir la universidad pública, y que en
todo caso tiene que subsistir financieramente por su cuenta.
Con relación al
modelo de selección, los circuítos educativos están claramente diferenciados y
las trayectorias fragmentadas. Si se logra acceder a educación universitaria,
se accede a determinado tipo de institución según el origen social y el capital
cultural de los individuos, implicando diferenciación y desigualdad educativa y
la homogenización del fragmento. La política pública ha estado ausente para
revertir este proceso y esto solo puede favorecer a minorías privilegiadas que
tienen garantizadas sus aspiraciones personales. Situación aún más problemática
en un país con un complejo conflicto armado y una juventud sitiada por la
violencia.
La coyuntura de la crisis de financiamiento de la
universidad pública
“Las políticas
públicas son un fértil campo para el estudio de las matrices nacionales,
revelan sistemáticamente los rasgos dominantes de las culturas políticas
vigentes, al tiempo que las reproducen y refuerzan”
Myriam Henao
(1999) propone la revisión de tres momentos en la relación Estado-Universidad
desde el punto de vista de las políticas públicas en Colombia: uno de Anomia
hasta los años setenta caracterizado por “la ausencia de políticas públicas
reguladoras que cumplieran el papel ordenador de la educación superior”
(Henao.1999:182). El segundo, de Heteronomía con una vocación legislativa sobre
el sistema de educación superior (Ley 8/1979; Decretos 80, 81, 82, 83 de 1980)
y, finalmente, el del reconocimiento constitucional de la autonomía en 1991 y
la Ley 30 de 1992. En el primero, la financiación de la universidad pública por
parte del Estado apenas cubre sus necesidades mínimas de expansión; en el
segundo, la financiación es deficitaria, y en el tercero, se empieza a
consolidar el creciente esfuerzo de autofinanciación de la universidad pública
por cubrir el déficit.
Así, una revisión
de las consecuencias de esa matriz socio-educativa da cuenta de un hecho muy
problemático: la universidad pública no está en el núcleo de las prioridades
sociales, pues ha imperado la mentalidad que si bien el Estado tiene
competencia, se trata fundamentalmente de un problema de los individuos y sus
familias.
La no
despreciable conquista de un presupuesto mínimo garantizado en la Ley 30 de
1992, se ha comprobado insuficiente ante las crecientes exigencias
presupuestales y el incumplimiento frecuente del Estado en el reconocimiento de
los recursos; hoy el déficit de la Universidad Nacional se calcula en 55 mil
millones de pesos y el acumulado entre 2003 y 2011 por el conjunto de las 32
universidades públicas es de al menos 11 billones de pesos. Sin mencionar el
peso de la autofinanciación que en la Universidad Nacional alcanzó el 45% del
total del presupuesto en 201213.
La financiación
menguada de la universidad pública por los gobiernos de la era neoliberal que
persiste en Colombia, la lleva a constantes crisis como el recién superado paro
de trabajadores en la Universidad Nacional que se sostuvo por cuatro largas
semanas. Las universidades no sólo están agobiadas por la imposibilidad de
sufragar sus gastos de inversión y de funcionamiento ligado a lo estrictamente
académico sino que algunas como la Universidad Nacional también están rezagadas
en la actualización salarial de sus empleados administrativos, lo que motivó el
paro.
Ciertamente, esta
situación que aparece en cada coyuntura se hace cada vez más un problema
crónico. Así durante todo el mes de octubre de 2009 se desarrolló la discusión
sobre la imposibilidad de las universidades para financiar sus gastos de
funcionamiento posteriores a 2010. En agosto de 2010, se conoció que el
gobierno sólo había desembolsado el 14% de los recursos destinados a inversión
a la Universidad Nacional, cerca del 25% a la Universidad del Cauca, 12% a la
Universidad Tecnológica de Pereira y montos similares al resto de universidades
estatales y, ahora, el 2013 se presenta con la estimación de un déficit
exorbitante según el Sistema Universitario Estatal y el Consejo Nacional de
Rectores.
De forma
inevitable, los temas fiscales se convirtieron en el núcleo expreso o tácito de
cualquier debate o decisión sobre la universidad. La predominancia del análisis
fiscal y financiero de la educación superior, hizo invisible cualquier otra
apreciación sobre la educación superior, instalando de paso, en el discurso
académico y público, la idea de educación como un servicio sujeto a transacción
e identificando cualquier intervención del Estado como una compensación a una
particular situación de mercado natural y legítima.
La crisis de
financiamiento de la universidad pública colombiana es una crisis de los
fundamentos en los que se sustenta el sistema educativo. En las últimas décadas neoliberales se
abandonó la promesa de la educación para las clases populares, se profundizó la
retirada del Estado que descargó su responsabilidad en la iniciativa privada y
permitió que la urgencia fiscal retrasara el avance cualitativo de la educación
superior pública, y se relegitimó la selección social del sistema educativo,
especialmente en el nivel superior, con exclusiva base en las oportunidades
individuales.
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