La
ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció que la Procuraduría
General de la Nación solicitó a la Universidad Nacional entregar los datos de los empleados que están en paro,
para determinar si hay lugar a sanciones, ya que se están utilizando vías de
hecho y están afectando derechos fundamentales.
La carta dice que solicitan “que se informe los nombres, cargos y domicilios de los trabajadores, funcionarios y/o empleados del área administrativa de la Universidad Nacional, que están promoviendo y participan activamente en el cese de actividades laborales y académicas".
Agrega que la información se someterá a consideración del despacho de la Viceprocuradora General de la Nación para que se "autorice el ejercicio del poder preferente disciplinario que nos asiste".
A la par de ese pronunciamiento, la jefe de la cartera de Educación señaló que las pretensiones de un grupo minoritario de trabajadores de la Universidad Nacional, son simplemente “imposibles”.
“Un incremento salarial del 30 por ciento es absolutamente imposible de acceder. No hay ninguna justificación ni técnica ni legal para esto”, dijo Campo al considerar que se trata de un grupo radical y minoritario.
La funcionaria señaló que en las reuniones que se realizaron este miércoles y jueves se propuso hacer un estudio técnico que determine la "razonabilidad y justificación" de la petición de los trabajadores.
"Se les ha ofrecido todas las garantías. Sin embargo, lo que ellos han dicho es que necesitan un estudio que permita justificar su incremento. Esta es una petición inaceptable y anti-ética que la Universidad no puede aceptar", señaló.
Para Campo, es injustificable que se haga un aumento salarial a estos trabajadores y que tengan una remuneración diferente a otros funcionarios públicos que hacen las mismas labores.
"Si el estudio técnico arroja que hay algún desequilibrio, se mirará como se restablece", precisó.
La Ministra aseguró, igualmente, que el Gobierno Nacional no acepta el bloqueo al acceso a la Universidad que realizan los trabajadores, "porque está vulnerando el derecho a la educación de 30 mil estudiantes".
La carta dice que solicitan “que se informe los nombres, cargos y domicilios de los trabajadores, funcionarios y/o empleados del área administrativa de la Universidad Nacional, que están promoviendo y participan activamente en el cese de actividades laborales y académicas".
Agrega que la información se someterá a consideración del despacho de la Viceprocuradora General de la Nación para que se "autorice el ejercicio del poder preferente disciplinario que nos asiste".
A la par de ese pronunciamiento, la jefe de la cartera de Educación señaló que las pretensiones de un grupo minoritario de trabajadores de la Universidad Nacional, son simplemente “imposibles”.
“Un incremento salarial del 30 por ciento es absolutamente imposible de acceder. No hay ninguna justificación ni técnica ni legal para esto”, dijo Campo al considerar que se trata de un grupo radical y minoritario.
La funcionaria señaló que en las reuniones que se realizaron este miércoles y jueves se propuso hacer un estudio técnico que determine la "razonabilidad y justificación" de la petición de los trabajadores.
"Se les ha ofrecido todas las garantías. Sin embargo, lo que ellos han dicho es que necesitan un estudio que permita justificar su incremento. Esta es una petición inaceptable y anti-ética que la Universidad no puede aceptar", señaló.
Para Campo, es injustificable que se haga un aumento salarial a estos trabajadores y que tengan una remuneración diferente a otros funcionarios públicos que hacen las mismas labores.
"Si el estudio técnico arroja que hay algún desequilibrio, se mirará como se restablece", precisó.
La Ministra aseguró, igualmente, que el Gobierno Nacional no acepta el bloqueo al acceso a la Universidad que realizan los trabajadores, "porque está vulnerando el derecho a la educación de 30 mil estudiantes".
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