Febrero 5 de 2013.
El Banco Mundial, en
coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
OCDE, publicó recientemente un estudio sobre la situación de la educación
superior colombiana que concluye con una serie de recomendaciones en los
siguientes aspectos: financiero, gestión, aseguramiento de la calidad y
gobernabilidad. Este hecho se presenta cuando las universidades colombianas, en
especial las públicas, atraviesan la peor crisis de su historia.
Como lo ha reafirmado
el propio Sistema Universitario Estatal, SUE, las necesidades financieras a
partir de las insuficientes transferencias desde la Ley 30 de 1992 superan los
$18,7 billones, de los cuales, a través de la venta de bienes servicios,
aumento de costo de matrículas y estrategias de racionalización de los
recursos, estas instituciones han asumido $7,5 billones, para un déficit total
de $11,1 billones a 2012. (´Desfinanciamiento de la educación superior en
Colombia, 2012. Pág. 46). Lo que hay
detrás de dicha situación, más allá de la improvisación y desconocimiento de la
educación superior, es una política sistemática de desfinanciación en 20 años
de neoliberalismo, en donde ha jugado un relevante papel el Banco Mundial.
Lo que se enuncia es
la misma receta que este organismo lanzó al país en el año 1994 en donde
instaba a Colombia a adoptar “una base de recursos diversificada, [dando] mayor
importancia a los proveedores y financiamiento privados” (´La enseñanza
superior. Lecciones derivadas de la experiencia, 1994´). A raíz de esas mismas
directrices el presupuesto estatal pasó de representar el 87% de los recursos
de las universidades al 50%. Hoy Colombia ocupa el segundo lugar en
participación del sector privado en la financiación de la educación superior
con el 50%, después de Chile, superando el promedio de América Latina y el
Caribe, que es del 46%, y de los propios países de la OCDE, con 31%.
Con este antecedente,
tampoco sorprende que dichas recomendaciones, presentadas el pasado 24 de enero
al gobierno nacional, apunten a profundizar la desfinanciación de la
universidad pública colombiana, cuando insiste en que deberá avanzarse en
“atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad
para estimular nuevas inversiones del sector privado”(pág. 72) pues, partiendo
de la insuficiente fuente de recursos públicos y la creciente demanda
insatisfecha, “la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados
y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas
representan un modelo muy prometedor para Colombia.” (pág. 73).
En el mentado informe
no escatima esfuerzo el Banco Mundial en recomendar la desfinanciación como
política pública para la Universidad, mientras sí insiste en “dotar al ICFES de
todos los fondos y el apoyo necesarios” (pág. 224). E igual definición le
correspondió en el documento al Icetex. Según el equipo evaluador, este debe
ser considerado como uno de los canales principales para la destinación del
presupuesto a las universidades públicas, con el fin de profundizar el tipo de
asignación por la vía de subsidiar la demanda educativa, no la oferta. Con esto
rechaza la idea según la cual la educación requiere recursos ascendentes, donde
el Estado juega el papel principal por su capacidad económica y fiscal. La
política financiera del Banco Mundial se aplica a costa de desfinanciar a la
Universidad Pública, tan es así, que los recursos institucionales del ICETEX como porcentaje del total de las
universidades, pasó del 7,4% en el 2000 al 20,1% en 2010, mientras que las
transferencias nacionales a las universidades pasaron del 82,6% al 59,4% en
igual periodo. Todo esto, mientras desembolsa un préstamo por U$500 millones
destinados a los créditos estudiantiles, actuaciones que en han sido rechazadas
por múltiples actores de la comunidad educativa. Peor aún es que también se
enuncia como estrategia de racionalización de los recursos financieros el
recorte del tiempo de las carreras universitarias de acuerdo con que tan
estrecha sea la relación entre estas y el sector privado, imponiendo el vínculo
ineluctable entre programas y las locomotoras de Santos. Dicha postura ya ha
sido formulada con antelación por el Gobierno Nacional:
“Los sectores
agropecuario, minero-energético, infraestructura de transporte (…) deberán
definir en el 2011 cuáles son sus necesidades de recurso humano (en términos de
perfiles, competencias y programas de formación requeridos) de tal manera que
el MEN, como regulador de la formación del capital humano, la capacitación y el
aprendizaje, genere los incentivos a las instituciones de educación para el
trabajo y el desarrollo humano, para PRIORIZAR la formación y el desarrollo de
las competencias laborales especificas de acuerdo a las necesidades definidas
por estos sectores” (Bases del PND Colombia, 2010).
Así mismo no deja de
preocupar que bajo la Ley de Asociaciones Público privadas o Ley de Concesiones (Ley 1508 de 2012) se
pueda convertir a la universidad colombiana en instrumento de lucro del sector
privado, ya que establece que dineros provenientes de dicho sector en cantidad
no inferior a $3.540 millones, que se inviertan en infraestructura o servicios
de las universidades públicas, tienen derecho de retribución o usufructo
durante un periodo máximo de 30 años, lo que reafirma el hecho de que el lucro
entra por la puerta trasera si la universidad se desfinancia. Que la Ministra
Campo se niegue a aceptar que no es concesión lo amparado por una ley bautizada
de ese modo es entendible, pues el propósito perseguido por el gobierno no ha
sido otro. ¿No fue este el único gobierno en la historia de Colombia que quiso
imponer el ánimo de lucro en las universidades colombianas? ¿O acaso han
iniciado acciones encaminadas a resolver la crisis presupuestal de las
universidades públicas desde un punto de vista democrático? ¿O han cesado en su
empeño de sustituir la inversión estatal por la privada?
Pero al Banco Mundial
no podía escapársele una valoración positiva del ánimo de lucro. De acuerdo con
su planteamiento de estrategias financieras sostenibles, el Estado colombiano
deberá buscar la “introducción de una mayor participación de diferentes actores
en los gastos de las instituciones públicas” (pág. 301), así como en la
defenestrada propuesta de Santos en el 2011 lo hacía para “atraer más fondos al
sistema, tanto adjudicando un volumen de recursos públicos significativamente
superior como implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas
inversiones del sector privado.” (pág. 72).
Los anteriores
elementos justifican un rechazo contundente a la política educativa del Banco
Mundial, que guarda gran relación con lo desarrollado en esta materia por el
gobierno de Juan Manuel Santos y la Ministra Campo. Para la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil, MANE, sigue siendo imperioso avanzar hacia la
consolidación de una política de educación superior acorde con las necesidades
del país, de forma soberana, y no impuesta cual recetario que, como se ha
demostrado, avanza a pasos agigantados hacia la privatización de la universidad
colombiana. Peor aún es que el gobierno en respuesta afirme que por fortuna se
ha avanzado en ese camino. Una más para el archivo de incumplimientos con la
MANE y el país.
Fuente: OCDE (2013),
"Internacionalización del Sistema de Educación Superior en
Colombia", en OCDE / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento /
Banco Mundial, Evaluaciones de Políticas
Nacionales de Educación: La Educación Superior en Colombia, OECD Publishing.
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