La
vieja y aparentemente resuelta polémica alrededor de la función pública de la
Universidad como ente que se inserta en la estructura del Estado, merece
regresar a un primer plano dadas las condiciones del país. La sociedad
colombiana y los diferentes sectores al interior de la Universidad, le demandan
acciones concretas y decisivas que contribuyan a generar un clima propicio para
la paz con justicia social. La proyección de la Universidad hacia lo público no
se limita a las exigencias que los diversos sectores sociales le puedan
plantear, sino que se refiere igualmente a la función que puede jugar en los
contextos particulares de las diversas administraciones del Estado.
La
siguiente reflexión busca hacer un aporte al papel de la Universidad pública
vulnerable a ser utilizada por el Estado como su instrumento. El propósito
final es reforzar el carácter de la Universidad como un bien público, no
obstante la inescapable instrumentalización estatal que le permite
operacionalizar su misión. La hipótesis central de este artículo sostiene que
en tanto la Universidad mantiene su carácter de bien público, revigoriza el
talante social del derecho que define al Estado, el cual está hoy en entredicho
dados los cuestionamientos actuales a los clásicos abordajes al concepto y
práctica de soberanía.
1. La Universidad como instrumento del Estado
En su
concepto de Universidad, Napoleón Bonaparte la entendió como el centro desde el
cual se articularían los propósitos que su Estado perseguía en términos de
organización del body politic de la nación francesa. La ambigüedad de una
dictadura como la napoleónica enraizada en un trunco experimento democrático
radical que Francia recién había lanzado a finales del siglo XVIII, demandaba
una educación que sin llegar a la estolidez religiosa del despotismo ilustrado
no promoviese tampoco los desmadres de la participación directa del populacho
en la cosa pública.
Una
Universidad estatal así concebida se distanciaba del proyecto alemán que la
veía como templo del saber, y definitivamente de la medieval que se esforzó por
alcanzar una síntesis entre la teología y el incipiente conocimiento
científico. No obstante su acento en la aplicación práctica del conocimiento,
la Universidad estatal napoleónica no llegó a justificar su existencia en el
tecnicismo que aún caracteriza a la Universidad denominacional protestante de
América del Norte. En suma, la Universidad pública estatal era una escuela de
formación para lo público, es decir, una escuela política. Puesto que, como
ocurre con toda dictadura, la de Napoleón encapsula la noción de Estado, tal
como años atrás ya lo había acuñado Luis XV con su famoso dictum “el Estado soy
yo,” la Universidad estatal entiende que su función pública consiste en
ilustrar, informar y crear instrumentos para la conformación de un Estado
acorde al paradigma jerárquico. Si bien el conocimiento sigue cumpliendo su
misión de aportarle ángulos críticos al pensamiento, el resultado final de la
empresa universitaria es una comunidad política que sustenta un sistema
jerárquico. Sin hacer una referencia específica al problema de la Universidad
estatal, León Tolstoi ejemplifica un conocimiento instrumentalizado por el
Estado mediante una crítica a la historia que forma parte del corpus de su
novela Guerra y Paz. Tolstoi ridiculiza a los historiadores que acompañan a
Napoleón en sus campañas en la estepa rusa, los cuales no pueden leer la
empresa napoleónica sino a través de un lente apologético. Las numerosas
páginas que Tolstoi le dedica a su reflexión sobre la historia desde sus
aristas críticos permiten que se resalten por contraste los rasgos de un
conocimiento universal que se ha cocinado bajo la sombra protectora del Estado.
Debe
subrayarse, sin embargo, la contradicción que entraña una Universidad pública
que ejerce su vocación política como instrumento del Estado. La contradicción
no necesariamente se constata en su mayor o menor posibilidad de avance
técnico, ni en su potencial de acceder a formulaciones científicas
revolucionarias. Al fin de cuentas, las universidades bajo la égida soviética,
para citar un ejemplo reciente, se destacaron por sus sofisticaciones
científicas y tecnológicas mientras fueron todas ellas universidades instrumentalizadas
por el Estado. El problema del carácter estatal de la Universidad pública
reside precisamente en su función central, esto es, en su carácter de escuela
de formación política. La veta central de esa dificultad se relaciona con el
presupuesto mercantilista que le aporta al inversionista un derecho natural
sobre la función de su inversión, gracias a lo cual el inversionista reclama el
derecho a que su inversión responda a sus propósitos de ganancia. En el caso de
la inversión estatal en el terreno de la educación superior, este derecho
natural significaría una legitimidad que le permitiría al Estado recoger la
cosecha de su inversión, esto es, un conocimiento cuya función política
contribuya al anquilosamiento de la comunidad política en cuestión. En últimas,
una Universidad pública así entendida le estaría aportando al status quo la
fortaleza que proviene de la legitimación científica. Cuando la inversión
estatal no arroja esos frutos sino que, por el contrario, no puede resistir la
enjundia de las formulaciones críticas, las administraciones estatales apelan a
la intervención directa, como lo ha demostrado ampliamente la historia de las
dictaduras en América Latina. No obstante, conviene aclarar siguiendo nuestras
hipótesis que una instrumentalización universitaria por parte del Estado en los
términos aquí descritos presupone un ordenamiento jerárquico y autoritario. Es
decir, la función pública de la Universidad como legitimadora científica de un
status quo vertical le resta al Estado su carácter social de derecho.
2. Universidad pública y Estado social de
derecho
En lo
que concierne a América Latina, la Universidad pública corresponde a los
idearios de los bienes comunes de los que se nutrieron los seudo Estados de
bienestar que protagonizaron la mayor parte de la historia política reciente
del continente. Si bien su historia tiene sus puntos de partida en los modelos
medievales de las universidades fundadas por las órdenes católicas que se
disputaban la primacía sobre los espíritus coloniales, la Universidad pública
en América Latina se dio rápidamente a la tarea de repensarse a partir de sus
dinámicas políticas.
Es así
como la revolución de Córdoba de 1918 señaló un horizonte que reivindicó el
carácter político del conocimiento. Así lo constatan sus dos grandes
conquistas: autonomía universitaria y libertad de cátedra. “Todas esas
conquistas iban dirigidas a impedir que la (U)niversidad sea sirviente
domesticada de los poderes que configuran la sociedad latinoamericana,”
negándole al Estado cualquier derecho que sobre la Universidad le pudiera
conferir su papel de benefactor. El tono decididamente altanero e iconoclasta
del joven Arciniegas en su El Estudiante de la Mesa Redonda como vocero de esa
generación habla de los esfuerzos por rechazar la condescencia del Estado cuya
inversión en la educación superior no obedece a sentimientos de bondad sino a
obligaciones que asume dada su naturaleza de contrato social o bien común.
La
actual crisis de las soberanías nacionales se manifiesta en Colombia en la
adopción de posturas autoritarias de las que muy difícilmente podría escapar la
Universidad pública. Contando el enorme caudal crítico que la Universidad ha
atesorado en su corta historia, ella acusa la gran paradoja del paradigma
neoliberal, a saber: que la reducción del Estado no se traduce en la creación
de una atmósfera de participaciones políticas vigorosas. Sin que la bota
militar haya hollado directamente el predio universitario financiado por el
Estado, en Colombia la recuperación del control estatal ha trasegado otros
caminos. A modo de ejemplo bástenos recordar que estudios recientes demuestran
que el mapa social estudiantil en una Universidad pública como la Nacional
proyecta cada vez un rostro propio al de las capas más favorecidas del país.
El mapa
social estudiantil se ajusta a los proyectos que a niveles macro están
perfilando al Estado actual, no sólo en Colombia sino en el resto del
continente. La reducción de la soberanía del Estado se traduce, por la vía de
la reducción en la inversión estatal, en un fortalecimiento de la función
directiva del Estado la cual inhibe una de las grandes conquistas de la
revolución de 1918, a saber: la autonomía universitaria. Esta conquista no se
reduce a la mayor o menor presencia física de los aparatos de control del
Estado en la cotidianidad de la Universidad pública. Tal trivialización de la
autonomía es propia de las acciones policiales y las reacciones de las
asambleas estudiantiles. La autonomía como conquista hace referencia a que si
la Universidad ha de ser escuela de formación política, cual es el caso en
América Latina, le corresponde a la Universidad misma articular la dinámica de
esa formación respetando el gran requisito del conocimiento científico: el
debate crítico.
En la
medida en que la Universidad pública continúe acentuando su talante para lo
público, el Estado rejuvenecerá su misión social de derecho. El caso contrario,
esto es, como instrumento del Estado, hará de la Universidad pública una vocera
de la estructuración jerárquica y vertical de un sistema autoritario.
Por: Lilia
Solano
Filósofa
y Politóloga
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