A finales
del año pasado se hizo público el Proceso de Transformación Organizacional que
adelantaba el equipo rectoral de la Universidad de Antioquia que, en primer
lugar, se formuló sin surtir un trámite democrático que involucrara a la
comunidad educativa, pero aún más grave, en su contenido se dirige a dar
respuesta a la aguda crisis financiera que atraviesan las universidades
públicas del país, ya que, como lo dice el documento oficial de la propuesta,
su objetivo es alcanzar “un modelo de gestión efectivo [que] optimice la
utilización de los recursos, y articule la planeación con la inversión y el
gasto”, mientras califica su misión como “la entrega de productos y servicios
integrales que responden a las necesidades de los usuarios”, excluyendo del
esquema la investigación, la docencia y la extensión como fines misionales.
Fehaciente afirmación si se tiene en cuenta que en la universidad más
importante del Departamento de Antioquia el conjunto de rentas propias y
recursos de capital aportan el 46% de los ingresos, cuya racionalización se
traduce en que, por ejemplo, de 6.284 profesores, solo 1.324 son de planta
mientras que 4.960 son de cátedra y ocasionales.
La
estructura formal que asumiría la nueva organización (Mapa Operativo de
Procesos – MOP), contrario a las aplicadas por otras universidades públicas del
país, se plantea de una manera absolutamente corporativa. Mientras la
Universidad Industrial de Santander y la Universidad Nacional sede Medellín se
organizan con fundamento en la satisfacción de las necesidades de generación,
transferencia y desarrollo social basado en la ciencia, la tecnología y la
cultura, siendo la investigación, la docencia y la extensión eje de este
proceso, la propuesta no las considera. Para aclararlo, veamos el contenido de
la propuesta: la ecuación comienza en el ámbito del entorno socio económico
(modelo económico, Estado y sociedad) sobre el cual los socios de valor
(accionistas, empleados, inversionistas e instituciones aliadas) se
relacionaran con los usuarios, que no son otros que los “beneficiarios de los
productos o servicios”. Entre estos últimos tampoco habría intermediación
alguna si llegara a aprobarse, dejándola a merced del sector privado. Ver comparativo.
Organizar
los principios, medios y fines de una universidad pública generando absoluta
correspondencia entre estos es un propósito plausible si se encamina a
posibilitar mayores aportes a la sociedad en el ámbito científico, cultural y
tecnológico. Pero cuando los gobiernos recientes, empapados de neoliberalismo
hasta la coronilla, han desfinanciado a la universidad hasta quebrarla, la
convierten en instrumento de lucro del sector privado. Peor que el ánimo de
lucro que quiso imponer Santos y su Unidad Nacional hace año y medio es el que
entra por la puerta trasera. Ya decía el magnate y empresario de la educación
con ánimo de lucro Michael Clifford que lo único que puede aportar el modelo
corporativo a la universidad son tres cosas: dinero, administración y
marketing.
Después
de una fuerte movilización que duró cerca de cuatro semanas hábiles, el día
viernes 18 de enero fue suspendida parcialmente la reforma. Esto debido a que
la Asociación de Profesores formuló, defendió e hizo aprobar un calendario para
su discusión, que definirá a pulso de argumentos y de fuerza que regirá
organizativamente a la universidad más antigua de Colombia: si el modelo
privatizador y corporativo de Juan Manuel Santos o el nacional y democrático
del movimiento universitario.
Amaury
Núñez González
Vocero
Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE.
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