La
reforma educativa que en estos momentos discuten los congresos estatales en
México, lejos de aumentar la calidad en la enseñanza, lo que hace es
“introducir las leyes del mercado a la educación pública”, sostiene el profesor
Enrique Ávila.
Para
el profesor normalista y luchador social, las leyes de la oferta y la demanda
se disfrazan, en esta reforma, de términos pedagógicos. Quienes la promueven
“confunden educación, que es un proceso formativo en términos sociales,
políticos, artísticos y pedagógicos, con la simple instrucción, el aprender a
hacer algo”, señala.
La
reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución fue aprobada por el Congreso
de la Unión el 21 de diciembre de 2012, y forma parte de las propuesta que
contiene el “Pacto por México”, firmado por los tres principales partidos
políticos y el gobierno federal para realizar una serie de reformas
estructurales. Ahora, los Congresos de los 32 estados deben discutirla para su
aprobación al ser una reforma constitucional.
Para
el profesor Ávila, la finalidad de quienes promueven esta reforma es conseguir
ganancias en el sector educativo. “A los alumnos se les llama clientes y los
profesores dejan de ser maestros para convertirse en ‘facilitadores’, y deben
entregar resultados en términos de producción”, indica el docente y activista,
y denuncia que detrás de esta iniciativa están empresas poderosas como
Televisa, a través de Mexicanos Primero, que se promueve como una iniciativa
ciudadana independiente y cuyo presidente es Claudio X. González, ex
funcionario de la televisora.
“Los
empresarios quieren el control de la educación y ahora dictan sus
características”, establece. “Para la empresa Sabritas, que también está
metida, 20 millones de alumnos son potenciales consumidores de sus frituras y
comida chatarra”.
Los tres aspectos de la privatización
Para
Ávila, autor de diferentes libros para docentes sobre historia de México, el
primer peligro de esta reforma es la confusión que tiene entre educación e
instrucción, “donde se atreven a decir que una prueba de opción múltiple es una
evaluación”.
El
segundo peligro está en que se abren los planteles a la iniciativa privada. Las
sociedades de padres de familia tienen el control sobre la comida
–particularmente en las escuelas de horario ampliado, que deben proporcionar el
servicio a los alumnos-, y otorgarían la concesión a restaurantes. “Los alumnos
tienen que pagar 20 pesos”, las porciones no son suficientes, y acaban “pagando
por estudiar”, denuncia el profesor normalista.
El
tercer aspecto es el pedagógico. “Se busca que el alumno tenga ‘habilidades y
destrezas’, y se deja de lado el razonamiento, la argumentación y la capacidad
de que el alumno inquiera de forma diferente al maestro”, señala Ávila. Indica
que este modelo de competencias, “que lleva la lógica de la fábrica a la
escuela”, ya fue abandonado por España, pues la sumió en un desastre educativo.
Además, la reforma implementa las pruebas estandarizadas, que no toman en
cuenta la realidad sociopedagógica “que es diferente en cada región del país”,
recalca Enrique Ávila. “Nos es lo mismo Polanco que la Mixteca”, indica.
La evaluación
Uno
de los aspectos más destacados por los promotores de la reforma es la
evaluación de la educación. Para Ávila, la evaluación debe ser un proceso
permanente, diseñado científicamente e implementado por los maestros, “que son
quienes están frente al grupo, y no los burócratas que en su inmensa mayoría no
saben lo que es trabajar con 50 adolescentes en la miseria y llenos de
inquietudes sexuales, políticas y de todo tipo”, señala.
La
pruebas de opción múltiple de la reforma, en las que hasta tres de las opciones
pueden ser la respuesta acertada, inducen a la confusión de los alumnos y no
valoran los conocimientos y capacidades para razonar, ni la habilidad para
plantearse problemas, esquemas y procesos históricos y sociales. Además,
calificar todos los días si los alumnos llevan los zapatos boleados “cuando hay
escuelas donde van descalzos o con huaraches. Es grotesco”, advierte Ávila.
Esta
reforma no es exclusiva de México, sino un proceso que se realiza en toda América
Latina. “En esta campaña continental contra la educación, destacan las
organizaciones empresariales: Todos por la Educación (Brasil); Proyecto Educar
2050 (Argentina); Educación 2020 (Chile); Empresarios por la Educación
(Colombia); Grupo Faro (Ecuador); Fundación Empresarial para el Desarrollo (El
Salvador); Empresarios por la Educación (Guatemala); Fundación por la Educación
Ernesto Maduro (Honduras); Unidos por la Educación (Panamá); Juntos por la
Educación (Paraguay); Empresarios por la Educación (Perú); Acción por la
Educación (República Dominicana) entre otros, y desde luego, la inefable mafia
mexicana que se autonombra ‘Mexicanos Primero’”, concluye Enrique Ávila.
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