En
medio de la grave situación de la economía mundial y la frenética firma de
varios Tratados de Libre Comercio que castigan la producción, el mercado
interno y con ello las condiciones de vida y trabajo del pueblo, en Colombia,
al mejor estilo de Grecia o España, también se aplica la receta de cargar sobre
los hombros de la clase trabajadora las consecuencias de la crisis. Pese al
fuerte rechazo que ha despertado, avanza la reforma tributaria en el congreso
con la bendición del Fondo Monetario Internacional y el impulso del santismo.
Todo indica que con este trámite el gobierno parece decidido a repetir la
formula de la derrotada reforma a la educación y la fallida reforma a la
justicia: ausencia de democracia, tanto en la discusión como en el contenido.
La
reforma tributaria propone el cambio de fuente de financiación de instituciones
como el SENA, el ICBF y del sistema de seguridad social en salud de los
trabajadores. Para esto, propone la eliminación de los aportes parafiscales que
provienen del 5% de la nomina de las empresas, fruto del sudor de los
trabajadores y que tienen destinación especifica al SENA y el ICBF, así como el
aporte a salud del 8.5 % que le corresponde al empleador. La nueva fuente de
financiación de estas instituciones y la salud de los trabajadores provendría
de un impuesto del 8% a las utilidades de las empresas denominado “impuesto
para la equidad CREE”.
Esta
propuesta tiene varios problemas, en primer lugar mientras el gobierno anuncia
que con la reforma tributaria se crearan y formalizarán cerca de 1 millón de
puestos de trabajo, varios estudios técnicos y académicos, entre ellos el del
profesor Stefano Ferné del Observatorio Laboral de la Universidad Externado,
afirman basados en la experiencia de pasadas reformas del orden nacional e
internacional, que “a pesar de haber rebajado los impuestos a la nómina de las
empresas, no han registrado avances significativos en términos de empleo”. Es
decir, sin sonrojarse repiten las falsas promesas de la Ley de primer empleo,
de la ley 789 de 2002 y de otras tantas reformas orientadas a rebajar costos
laborales sobre la tramposa expectativa de la creación de empleo. Una vez más,
reafirman como dogma religioso, la fracasada teoría de que para formalizar el
empleo es necesario reducir los costos de contratación. Veinte años de cruda
realidad y casi el 70% de los trabajadores sumidos en el desempleo y la informalidad
no parecen ser suficientes para los pregoneros a ultranza de dicha receta
neoliberal.
En
segundo lugar y en referencia a la propuesta del nuevo impuesto -CREE-, el
director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, admitió que los recursos no serán
suficientes al afirmar de manera irresponsable que se inventó el 8%, porcentaje
que se le cobraría a las utilidades de las empresas para financiar el SENA,
ICBF y la salud de los trabajadores, además reconoció que no hay estudios que
sustenten el cambio de fuente de financiación porque le dio “mamera” hacerlos.
La reforma condena a estas instituciones al desfinanciamiento permanente ya que
los nuevos recursos que dependen de las volátiles ganancias de las empresas, se
vuelven inciertos e insuficientes. Según expertos, si durante los últimos 10
años estas instituciones se hubiesen financiado con el impuesto CREE y no con
los aportes parafiscales de la actualidad, hubiesen recibido entre 20% y 30 %
de presupuesto.
Paralelo
al ataque al SENA y demás instituciones, el proyecto del ministro Cárdenas no
transforma la inequidad de la estructura tributaria en Colombia, al contrario,
profundiza la característica altamente regresiva e inicua que ha imperado en
los últimos 40 años: mientras el impuesto a la renta paso de participar en la
recaudación total del 70% al 57% entre 1970 y 2011, los impuestos al consumo,
regresivos por definición, incluido el IVA, pasaron del 2% al 30% en el mismo
periodo. Así lo advierte la MANE en la exposición de motivos de su proyecto
alternativo de educación superior al afirmar que “quienes tienen altas rentas
gozan de grandes beneficios tributarios y no aportan significativamente en el
recaudo nacional, mientras que la inmensa mayoría de los colombianos que se
encuentran en condiciones de pobreza, destinan gran parte de sus ingresos al
pago de impuestos al consumo.” Esta tendencia retardataria se inicio con la
apertura económica y la introducción de la lógica neoliberal en el país y desde
entonces en Colombia se le han disminuido los impuestos a las utilidades de las
empresas, es decir, al capital, para cobrárselos a los trabajadores.
En el
proyecto se mantiene y profundiza esta tendencia, ya que a empresas que han
acumulado ganancias nunca antes vistas como Cerrejon, BavariaSabMilller,
Pacific Rubiales y Claro, propiedad del hombre mas rico del mundo, así como al
sector financiero, que terminará el año con ganancias superiores a los ¡30
billones de pesos! se les rebajará el impuesto de renta del 33% al 25%. El
impuesto de ganancias ocasionales y herencias disminuirá del 35% al 10%, el de
los lesivos capitales especulativos del 35 al 12.5%, además se mantienen las
deducciones que benefician ampliamente a los grandes monopolios y
transnacionales, puesto que el 82% de las utilidades se concentran en tan solo
100 firmas. Para compensar estas disminuciones se propone cobrarles un impuesto
de renta a trabajadores que devengan salarios mayores a 3,200.000, la creación
de un nuevo impuesto al consumo que grabará hasta el “corrientazo” y la
“simplificación” del IVA que permite cobrar una tarifa del 8% a los
restaurantes y comedores escolares.
Mientras
las arcas del Estado se inflan con cerca de 30 billones por cuenta del aumento
en el recaudo, el gobierno mantiene la desatención e indolencia frente a los reclamos
sociales. Ante la justa exigencia del movimiento estudiantil de adicionar 1
Billón de pesos más a las Universidades Públicas, muchas de ellas en quiebra,
el gobierno nacional en cabeza de la Ministra Campo ha respondido con oídos
sordos y actitud arrogante. Queda en evidencia la lógica gobiernista: amplio y
condescendiente con las empresas multimillonarias a quienes les descontarán
cerca de 8 billones con el nuevo esquema tributario y cicatero y amarrado con
las justas exigencias del pueblo colombiano, indispensable en un país con 22
millones de personas en la pobreza o miseria.
Estamos
ante un nuevo conejo del gobierno de Juan Manuel Santos a la educación superior
y a los derechos sociales de los colombianos. La reforma tributaria no
garantiza el financiamiento adecuado del SENA, el ICBF y el sistema de salud de
los trabajadores pero si empuja a estas instituciones hacia el marchitamiento,
como lo han hecho con las 32 universidades públicas del país. Por su parte el
SENA como institución de formación profesional que durante más de 55 años ha
educado a millones de colombianos para el trabajo, es un baluarte histórico y
una herramienta indispensable para el desarrollo económico, social y cultural
de los trabajadores y con ello del país, por esta razón la defensa de su
adecuada y suficiente financiación es fundamental.
El
gobierno debe retirar la reforma tributaria del congreso e iniciar una
discusión amplia y democrática sobre la estructura tributaria del país, para
que quienes tienen más, aporten más, y quienes tengan menos aporten en su justa
proporción y de esta manera avanzar hacia una Colombia con Soberanía,
Democracia y Paz.
Convocamos
a todas y todos los colombianos a manifestar su rechazo a esta regresiva
reforma tributaria, a defender el SENA y a luchar por un sistema tributario
justo, progresivo y equitativo.
Gran
Jornada Nacional de Movilización
Jueves
6 de Diciembre de 2012
¡No a
la injusta reforma tributaria!
¡El
SENA es de todos los colombianos, vamos a defenderlo!
Comisión
Nacional de Voceros
Mesa
Amplia Nacional Estudiantil
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