La
adecuada financiación de la universidad pública colombiana es la columna
vertebral de un nuevo y democrático sistema universitario. Sin embargo, esta
consideración no ha sido tenida en cuenta, sobre todo, por los gobiernos de los
últimos cuatro lustros. Así, gracias a la desfinanciación estructural de estas
instituciones, el déficit acumulado supera los $11 billones en gastos
recurrentes y de inversión que ha dejado de transferir el Estado colombiano
durante los últimos 20 años.
Dicha
crisis ha sido aunada con creces por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Primero, al proponer una reforma universitaria (a la Ley 30 de 1992) que
terminaba de institucionalizar la desfinanciación de la universidad pública
junto a la degradación de la calidad que esta trae consigo, agravándola con la entronización
del ánimo de lucro para beneficiar a los negociantes de la educación, al
capital financiero que busca por el mundo más y más nichos en donde invertir y
especular. Segundo, al hacer caso omiso de la exigencia enfática de más
presupuesto hecha por la comunidad educativa para solventar la crisis que
atraviesa el sistema universitario, cuando adicionó $100.0000 millones para
2013 mientras que lo exigido era 9 veces superior. Y tercero, al continuar con
la política de incentivar y subsidiar la demanda a través de créditos
educativos, por encima de la oferta resultante de un potencial crecimiento de
la inversión a estas instituciones.
Por eso
resulta indignante y paradójico que en el trámite de la Reforma Tributaria que
la Unidad Nacional de Santos trata de ferrocarrilear en el Congreso, se haya
incluido una reducción de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar en
un 25%, pasando de transferirles un 4% ($4,2 billones) de los parafiscales a un
3% ($3,15 billones), lo que significaría una reducción de $1 billón a estas
Cajas para destinarlo a la universidad pública. La pregunta es obvia ¿de cuándo
acá les preocupa la financiación estatal a estas instituciones? O si les
preocupa tanto ¿por qué en vez de trasladar
recursos de una parte a otra, no se adicionó
el billón exigido por estudiantes, profesores y trabajadores en la discusión
del Presupuesto General de la Nación para el próximo año?
Ese
traslado de recursos, que sería a costa de descontar presupuesto a estas Cajas,
pondría en riesgo más de 50 mil empleos y la existencia misma del Sistema de
Subsidio Familiar, servicios con los que cuentan más de 22 millones de personas
en Colombia directa o indirectamente, como lo advirtió Asocajas, y es un costo
altísimo e inaceptable, sobre todo porque ha sido demostrado que con la Reforma
se impondrán mayores cargas a la clase media y descontarán más de $8 billones
de impuestos a las grandes empresas.
La MANE
ha definido en su propuesta “que los recursos que se destinen a la educación
superior no deben ser producto de la creación de impuestos directos al consumo”,
como sí lo hace esta Reforma, la cual profundiza la injusticia tributaria del
país. Afirmar que con ella se resarcirían las destinaciones pendientes con la
universidad se aleja de lo concebido por el movimiento estudiantil colombiano
de manera democrática y amplia, ya que lo contemplado en el proyecto no procura
contrarrestar los niveles de desigualdad en el país. Sea esta una razón más
para oponerse a la ignominia del actual gobierno que se apresta a aprobar la
Reforma Tributaria más inequitativa en la historia del país, con su maquinaria
de la Unidad Nacional en el Congreso, salvo contadas y dignas excepciones.
Amaury Núñez González.
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE
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