El gobierno está
empeñado en militarizar las universidades. Su nueva estrategia: imponer un
rector en la Universidad Industrial de Santander (UIS) que ubique una garita de
la policía al interior del campus universitario y de ahí llevar esta práctica
al resto del país.
El proyecto no existe
en el papel, es más bien una idea que está rondando, pero se sabe que sólo es
necesaria la aprobación del rector para que se convierta en realidad. Por los
líos en la designación del nuevo rector esto se ha atrasado. Es de recordar que
la elección se ha demorado porque el gobierno pretendió perpetuar, contra toda
la comunidad académica, al anterior rector investigado por nexos con
paramilitares, como no logró su cometido, dilató el proceso de nombramiento.
Se prevé que este
panorama se disipe hacia marzo del próximo año, entonces, el proyecto se
visibilizaría en julio. Para Oscary Ávila, estudiante y defensor de derechos
humanos en la UIS, este es un “proyecto violatorio a la autonomía universitaria
porque está militarizando la vida académica de la UIS”.
En cuanto a de dónde
viene la idea de la garita. En el 2010, la universidad contrató al profesor
Israelí Yair Linn, quien estaba inscrito a la Escuela de Eléctrica y
Electrónica y además trabajaba para el Ministerio de Defensa de su país. Él
presentó, ante el Consejo Superior, que es encabezado por el rector, la
propuesta de una garita de Policía al interior del Alma Mater. Como la
universidad estaba protegida por medidas cautelares dictadas por el CIDH, la
unidad de derechos humanos le presentó el caso al Ministerio de Relaciones
Exteriores y esto mantuvo congelada la idea.
Ahora se aduce que el
propósito del gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, es
nombrar un rector que se le mida a la propuesta y, de paso, autorice la
instalación de unos torniquetes a la entrada del claustro universitario, tal
como ya se hizo en la Universidad de Antioquia, y que funcionarán a partir de
julio del año entrante.
Oscary Ávila explica
que estas estrategias hacen parte de “a política del gobierno Santos de
militarización de las universidades y darle tratamiento de guerra a los
estudiantes”. La UIS sería el laboratorio de prueba, para aplicarlo luego en
otras universidades públicas. De ese ser así, los estudiantes, buena parte de
ellos menores de edad, tendrían que convivir con la fuerza pública al interior
de su actividad académica, a sabiendas de casos de violación de derechos
humanos al interior de las garitas o, incluso, de integrantes de la fuerza
pública involucrados en violaciones sexuales.
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