Procedimiento de allanamiento y registro a las instalaciones de la Universidad del Valle

Prensa Estudiantil

Producto de la reunión del Consejo Superior Universitario con el comandante de la policía metropolitana y el Alcalde de Cali, el día 31 de agosto de 2012 la máxima autoridad administrativa de la Universidad del Valle dio su consentimiento para la realización de un procedimiento de allanamiento y registro dentro de las instalaciones universitarias, de tal forma que los cuerpos de policía judicial pudieran recolectar evidencia que condujera a la captura del responsable de la muerte de miembro del esmad durante enfrentamientos con estudiantes. A continuación relato de Lucas Restrepo, miembro de la comunidad universitaria quien estuvo presente durante el operativo policial.

"El procedimiento estaba programado para las 4 de la mañana del día sábado 1 de septiembre. Sin embargo, en una decisión sorpresiva y agresiva, el comandante de la policía metropolitana, General Fabio Castañeda dio la orden de ingreso al claustro a las 2 de la madrugada. A las puertas de la entrada vehicular llegaron más de 300 agentes de la SIJIN, y más de 100 agentes entre miembros del GOES y ESMAD. Dentro de las instalaciones se encontraban grupos las personas delegadas por los diferentes estamentos para generar el acompañamiento: el vicerrector académico junto con otros miembros de la administración central, grupos de trabajadores sindicalizados delegados para asuntos de Derechos Humanos, vigilantes del claustro y diferentes organizaciones de Derechos Humanos. Este servidor estuvo presente como asesor jurídico del Comité Institucional de Derechos Humanos, adscrito a la Vicerrectoría de Bienestar. En total, no éramos más de 50 personas integrantes de la comunidad universitaria.

Dicha acción comenzó con la entrada amenazante de la tanqueta del ESMAD, a lo que la comunidad universitaria respondió impidiendo el paso hasta tanto no se exhibiera la orden de allanamiento, puesto que los términos del permiso dados por las directivas universitarias no incluían semejante despliegue de fuerza y, en todo momento, debía contar con el acompañamiento de miembros de la Universidad.

Después de un intercambio de palabras entre el Vicerrector académico y el General Castañeda, se permitió el ingreso al claustro siempre y cuando el procedimiento fuera llevado a cabo dentro de los términos de la autorización, esto es, actividades de registro llevadas a cabo por miembros de policía judicial con seguimiento de Ministerio Público, de los universitarios y defensores de Derechos Humanos presentes. El despliegue militar y de ESMAD era innecesario.

Al final, y después de que impidiéramos que se empezara a 'boletear', registrar o empadronar a algunos de los integrantes de la comunidad universitaria, el comandante de la policía decidió reducir el grupo de investigadores a 30, y de organizar el perímetro de seguridad por fuera de la Universidad, dejando sólo al personal necesario para que garantizara su seguridad personal (cosa por demás innecesaria puesto que la única amenaza cierta dentro del claustro eran los murciélagos).

Pasadas las 2:00 a.m. inició el operativo de registro: se peinaron 100 metros al rededor del acceso vehicular de Pasoancho (calle 13), junto con los edificios de humanidades y socio-economía, contando siempre con el acompañamiento de miembros de la comunidad universitaria para impedir excesos de la policía. Producto de este primer registro, sobre la zona verde que colinda con el acceso vehicular, la policía judicial encontró 3 piedras impregnadas de explosivo de bajo poder y papel aluminio, comúnmente conocidas como 'papas', elementos que fueron fijados, embalados y recogidos debidamente.

Posteriormente, se registró el coliseo, el edificio administrativo y algunas oficinas cerradas, el edificio de ciencias, el edificio de ingenierías y algunos auditorios, los laboratorios de química y de ingeniería de alimentos. En estos registros no hallaron evidencias que fueran de alguna utilidad para la investigación de la policía.

Finalmente, se registró la zona conocida como 'el Ágora' y el acceso peatonal de la Pasoancho. En dicho lugar y justo al lado de la entrada, los agentes investigadores encontraron cuatro cápsulas de munición de pistola 9mm y una 'papa' abandonada a la vera del corredor peatonal, a 5 metros de la entrada a la Universidad. Según comentario de alguno de los investigadores, el disparo mortal no pudo ser realizado desde ese lugar en razón a la distancia y al ángulo. Estamos hablando de casi 300 metros entre el lugar en el que el subteninete cae herido y el lugar donde se encontraron las cápsulas; lugar obstaculizado por el mismo edifico, árboles y la estructura de la entrada vehicular.

Una vez terminado el procedimiento de registro, la policía levantó las respectivas actas, certificó la presencia de la comunidad universitaria y de delegados de la personería municipal. Finalmente, el último miembro de la policía se retiró de las instalaciones de la Universidad del Valle a las 5:45 de la madrugada.

De este procedimiento queda claro lo siguiente: en primer lugar, la Universidad Pública no tiene nada que esconder. Las actuaciones de sus integrantes son abiertas y transparentes, tal como fue demostrado en la movilización estudiantil de octubre y noviembre pasado y como se ratificó el día de hoy. Sin embargo, la Autonomía universitaria es inviolable. Es falso que 'no hay territorios vedados a la fuerza pública'. Al contrario: todo aquello que no sea vía pública está vedado a las fuerzas de seguridad del Estado. Cualquier violación a la intimidad de cualquier ciudadano (o a la Autonomía universitaria en este caso) debe contar con una orden legalmente expedida y debidamente justificada por un Fiscal y, además, el procedimiento en sí debe someterse a control de legalidad por un Juez de la República. Por tanto, la regla general es que todo aquello que se constituya en el ámbito de intimidad de un ciudadano o de control de las directivas académicas de una Universidad, en principio, es territorio vedado para cualquier autoridad militar o de policía.

Segundo, este servidor debe advertir que debe impedirse establecer cualquier relación entre los hechos ocurridos el día 31 de agosto en el falleció el subteniente Martínez y la movilización que la comunidad universitaria reunida en la MANE empieza a preparar, en vista de la negativa del gobierno a sentarse a dialogar sobre las condiciones de la educación superior en Colombia. Lo ocurrido el pasado viernes no respondió a las reivindicaciones que los estudiantes han organizado para defender la Universidad Pública. No obstante, hay que decir que la comunidad rechaza rotundamente la muerte del subteniente Martinez. La Universidad es un campo de batallas de ideas, no de balas, donde los únicos muertos que se admiten son los malos argumentos y no las personas. Este miembro de la policía se suma a la larga lista de asesinados dentro del campus, producto de la barbarie de algunas personas que sienten tener en sus manos el poder de alguna justicia divina. Es momento preciso para recordar al estudiante Jhonny Silva, quien fuera asesinado en el campus por un miembro del ESMAD que aún permanece bajo la sombra. Es momento de rechazar con energía la confrontación bélica y aprovechar las nuevas circunstancias para darle una oportunidad a la paz"