Bajo el nombre de "Una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz", la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, ha consolidado sus talleres programáticos del mes de junio en unas propuestas que sirvan de base para una nueva Ley que asegure "la educación superior que queremos": universal y popular, democrática, como un derecho fundamental, como un bien común, plural y critica".
Piden que "es necesario exigir al Estado colombiano que asuma la total responsabilidad de la financiación de la educación superior estatal", para lo cual proponen:
1. Que el Estado debe comprometerse a pagar la deuda histórica que tiene con las IES públicas.
2. Revisar la deuda pública y los intereses que ha generado, pues ésta "se constituye en el principal lastre de los colombianos al dedicarse cerca del 25% del gasto público para pagar esta deuda ilegítima"
3. Revisar el presupuesto en defensa y seguridad, que "se constituye un rubro excesivo para la guerra que bien podría ser destinado para la garantía de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de la población colombiana."
4. Que los recursos que se destinen a la Educación Superior no deben ser producto de la creación de impuestos directos al consumo o, en otras palabras, "no deben ser producto de nuevos impuestos para la ciudadanía, sino que deben ser generados por impuestos a la renta, al capital y/o al patrimonio, ya que el aporte particular o privado a la educación pública debe basarse ante todo en el pago de impuestos y no en el gasto de las familias".
5. Revisar los contratos de estabilidad jurídica en zonas francas, "que en los términos en los que están planteados actualmente sólo benefician a unos cuantos empresarios extranjeros".
6. Eliminar las exenciones tributarias a multinacionales del sector minero y financiero, "pues estas se basan en la política de la confianza inversionista que le garantiza el máximo beneficio con el mínimo riesgo al capital financiero trasnacional".
7. Mantener la integralidad de recursos parafiscales para la financiación (recolección e inversión) de las Instituciones de régimen especial como el SENA y la ESAP, sin exenciones de ningún tipo a las empresas.
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