NO MÁS VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia llama la atención de la comunidad universitaria, a propósito de la sistemática vulneración de los derechos laborales del cuerpo profesoral y de sus garantías al debido proceso por parte de la Unidad de Asuntos Disciplinarios en la aplicación de medidas de control y vigilancia sobre el quehacer profesoral.
Este llamado lo hace la Junta Directiva de Asoprudea toda vez que el profesorado, muy especialmente el de reciente ingreso, está expuesto a la violación de sus derechos y garantías por desconocimiento de la norma y del estatuto que nos rige, como también por la sistemática práctica de desconocimiento de los debidos procedimientos en los procesos disciplinarios que se siguen contra las y los colegas de la Institución, nuevos y antiguos.
En la actualidad la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia actúa bajo un principio erróneo. Parte de antemano de la culpabilidad del profesor. Bajo este presupuesto jurídico, se violan los derechos del profesorado que, por los más leves motivos, son investigados por esa oficina. Se puede llegar a entender que esa Oficina, que lleva los asuntos disciplinarios, se haya creado como instancia imparcial y técnico-jurídica para garantizar el debido proceso. Ese fue su espíritu en el cual participó la Asociación, pero en la práctica actual responde a una dinámica anti-académica, incluso por fuera del ordenamiento constitucional y legal. El hecho de que ella obre con un criterio de fiscalía, que persigue la corrupción, pone al profesorado en un estado de indefensión jurídica. Se le trata de culpable, en medio de un proceso inextricable para el profesor, quien se encuentra sin protección y sin los recursos jurídicos para defenderse.
La Oficina de Asuntos Disciplinarios no tiene la sensibilidad académica, no conoce el mundo universitario y el ambiente laboral en que se mueve el profesor. Este tiene la carga de la prueba de su inocencia, en un sistema acusatorio que expresa el clima autoritario de la vida universitaria de la última década, en la cual campean los procesos disciplinarios que transgreden derechos (debido proceso) y cuyo proceder está conforme a un ejercicio panóptico y totalitario del poder de juzgamiento instalado en la Universidad desde 2004, en detrimento del estamento profesoral, de la dignidad y el buen nombre del profesor. Este desconocimiento conlleva a que el funcionario investigador no evalúe con objetividad las verdaderas dimensiones de las conductas de los profesores y lo conduzcan a tomar decisiones injustas o desproporcionadas.
Piénsese no más el caso de hurto de equipos que son de uso colectivo para la investigación formativa y la docencia (frecuentemente por debilidades en la vigilancia institucional), y en el que el proceso disciplinario termina responsabilizando al profesor y partiendo de su implicación en el hecho; el proceso de investigación es intimidatorio y denigrante, supone la culpa del profesor y pone su nombre en entredicho entre sus compañeros de trabajo y ante la comunidad universitaria en general. Casos como la falta de controles de lectura o la inasistencia a una reunión han sido causales de procesos disciplinarios, sin haber agotado una primera instancia de conciliación, lo cual conlleva altos costos administrativos, institucionales y personales, evidenciando con ello y de forma preocupante, el distanciamiento entre el profesorado y las directivas.
investigador inicie procesos por hechos insustanciales o intrascendentes que no merecen ser “judicializados” y que bien pueden solucionarse por la vía de la conciliación, en lo cual las decanaturas y direcciones bien podrían prestar el servicio de amigable componedor. A este respecto también cabe una responsabilidad a los decanos o directores que promueven la iniciación arbitraria de procesos al remitir quejas a esta Oficina por asuntos de esa naturaleza. Ellos también deben dar cuenta de estos cientos de casos que se pueden tratar en medio de la confianza y el principio de buena fe que debe regir las relaciones profesorales. La agobiante cultura dogmática y autoritaria lleva a estas situaciones no compatibles con la universidad, que desdicen la esencia de las relaciones entre profesores. Porque no hay que olvidar que los decanos son también, en general, profesores con funciones administrativas; pero iguales en todo lo demás al profesorado. El mundo al revés de la universidad, hace que los administradores humillen y persigan a sus colegas, porque estos simplemente no ocupan los cargos directivos de aquellos. De allí nuestra insistencia permanente en preservar el carácter esencialmente académico de nuestras directivas.
No puede, en fin, seguir iniciándose procesos inocuos y aberrantes, innecesarios y arbitrarios. Sobre todo cuando estos procesos rozan con problemas personales o por una interpretación desacertada de las funciones y deberes profesorales. En muchos casos el exceso de funciones adjetivas desdibuja la tarea central del profesor, sobre todo cuando a este se le quiere involucrar en deberes que le son ajenos y que corresponden a la administración. Las tareas y obligaciones del profesor son muchas y muy serias para que además se sobrecarguen, por ejemplo, con tareas como hacer parte de comisiones disciplinarias –para casos estudiantiles– que puede incluso poner en riesgo la integridad del profesor y especialmente los derechos de los estudiantes.
Como la comunidad universitaria sabe, la Asociación ha abierto el servicio de asesoría jurídica al profesorado desde el año pasado, y a la fecha se han constatado serias falencias en materia laboral y contractual como las siguientes:
− Desinformación por parte del profesorado, del derecho administrativo, laboral y de seguridad social que le asiste, reflejado en el desconocimiento de los términos contractuales que lo rigen, de la validez y la legalidad de las decisiones administrativas de la Universidad en cuanto a las cláusulas contenidas en los instrumentos por ellos suscritos. Esto sin contar el aspecto contractual, en el que se están presentando arbitrariedades con tinte de injusticia e ilegalidad como contratos a términos desiguales, con excesos de carga en horas o en trabajo; irrespeto por la antigüedad del profesor; y en general, el manejo de la incertidumbre sobre la vinculación laboral profesoral, por parte de los administradores.
− Acoso laboral al profesorado en todas sus formas y manifestaciones, por parte de sus administradores inmediatos (decanos, directores o vicedecanos). Tal situación lleva a los subalternos a guardar silencio y no promover acción disciplinaria o jurídica alguna en su contra. Esto evidencia el llamado “temor reverencial”, obteniéndose como resultado final el imperio administrativo a cualquier precio.
− Faltas al Debido proceso, por medio de las cuales se están vulnerando derechos fundamentales de los profesores, tales como: Derecho de contradicción, de defensa, al buen nombre, a la dignidad, a la igualdad de oportunidades, al debido acceso a la administración de justicia, entre otros. Existe registro de las dependencias donde se presentan más procesos de este tipo y se llevan a cabo más vulneraciones, ellas son: Medicina – Salud Pública – Instituto de Educación Física – Artes – Educación – Economía – Ciencias Exactas y Naturales – Ciencias Agrarias – Ingenierías – y Química Farmacéutica.
− Inexistencia de un Comité de Conciliación como primera instancia institucional para dirimir conflictos. El mal llamado "Comité de Convivencia laboral" que funciona en la Universidad, no es garante de derechos. Sin duda es contradictorio que la Unidad de Asuntos Disciplinarios esté habilitada para "sancionar" y estimar pruebas de inculpación, y no cuente la Universidad con un verdadero comité de conciliación para cargos y descargos con la mediación de un tercero. Además, las investigaciones parecen estar más interesadas en buscar "culpables" que en mediar en una situación conflictiva. En algunas unidades académicas se omite lo reglado en el Estatuto Profesoral, por cuanto es la decanatura o la dirección, la instancia que promueve procesos disciplinarios en su etapa de indagación.
− La Universidad le otorga a la Unidad de Asuntos Disciplinarios el poder de "juez omnímodo" y la convierte en un TRIBUNAL INQUISITORIAL, que deja en duda la "dignidad" de la labor profesoral y omite la presunción de inocencia. Se observa el desequilibrio, con lo cual se protege a las direcciones y decanaturas y se inculpa al profesor.
Para poder corregir y en algunos casos contener esta oleada de problemas que atañe a la dignidad del profesor y al buen funcionamiento académico de nuestra universidad convocamos a los profesores para discutir estos problemas y colaborar con la Asociación en sus soluciones urgentes de mediano y largo plazo, en donde proponemos en concreto lo siguiente:
− Que se reestructure la Unidad de Asuntos Disciplinarios alrededor de la garantía del derecho del profesorado, que, sin faltar a su misión de ente regulador de la labor universitaria, propenda antes que nada por la conciliación, la resolución de conflictos, la amigable solución y muy particularmente por la formación del profesorado en sus derechos básicos y en la norma estatutaria universitaria y profesoral que nos rige.
− Discutir con el profesorado la viabilidad de definir y defender un régimen disciplinario autónomo, que consulte la autonomía universitaria para no ser evaluados según el régimen disciplinario único del empleado público hacia donde parece llevar el actual proceder de la Unidad.
− Antes que nada, la Unidad de Asuntos Disciplinarios debe ser una instancia de defensa de la Institución que fortalezca al profesorado en el manejo institucional y administrativo que soporta su función esencialmente académica en el Alma Máter.
− La formación de los cuadros académicos con función administrativa es imprescindible para la adopción de los conductos de ley vigentes puestos a su disposición para el fortalecimiento institucional y el cabal cumplimiento de las normas estatutarias universitarias y, con ellas, a los ejes misionales del Alma Máter. Profesores y directivas somos arte y parte de la Institución.
− Crear una Unidad de Conciliación y Asesoramiento que sirva de comisión que logre acuerdos de convivencia y restablecimiento de derechos para acompañar en todas las instancia al profesorado que se encuentre en situaciones de investigación disciplinaria.
Así podríamos anticiparnos a un adecuado manejo, por parte de directivas y profesorado, de algunas situaciones conflictivas a nivel institucional, muy comunes hoy, y que en últimas redundará en el mejoramiento de la imagen y del ambiente de trabajo de la institución ante la comunidad académica y ante el público en general.
Medellín, 23 Julio de 2012
SARA YANETH FERNÁNDEZ M.
Presidenta
JUAN GUILLERMO GÓMEZ G.
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