En medio de las fiestas de diciembre (el 21 exactamente), la comunidad universitaria poco se percató de una denuncia que hizo, públicamente en rueda de prensa, la Procuraduría General de la Nación, en la que reveló que había remitido a la Fiscalía y la Contraloría un informe sobre irregularidades de 10 universidades estatales u oficiales en la celebración de convenios y contratos interadministrativos, por más de 17 mil millones de pesos.
Curiosamente la denuncia no pasó de ahí, pues el informe fue recogido por la misma Procuraduría. Según María Teresa Trujillo, de la Procuraduría para la Función Pública, se encuentra en "en ajustes".
Según el informe anunciado, se verificaron 20 contratos interadministrativos que suman más de $17.277’236.797, suscritos durante la vigencia 2010 por 10 universidades públicas seleccionadas, y se demostró cómo las entidades estatales y las instituciones de educación superior públicas celebran entre ellas contratos interadministrativos desconociendo el ordenamiento jurídico vigente, lo que evidencia posibles graves omisiones y actuaciones contrarias al ordenamiento constitucional y legal vigente, tales como:
(i) inadecuados estudios previos que favorecen la contratación de universidades que no son idóneas al no poseer las condiciones de experiencia para la ejecución del objeto del contrato,
(ii) no expedición de los actos administrativos que justifican la decisión de acudir al contrato interadministrativo y no a la otra modalidad de selección.
(iii) se pactan objetos contractuales expresamente prohibidos por el Estatuto Contractual, como el suministro de bienes.
(iv) Falencias en las interventorías que se deben ejercer para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
(v) No publicación de los procesos contractuales en el SECOP.
Para el Diario del Sur, de Pasto, una de las universidades que recibió un llamado de atención para revisar su contratación es la Universidad de Nariño.
Según el informe, han resultado especialmente llamativos algunos objetos contractuales pactados en los que las universidades terminan ejecutando tareas tan disímiles como instalación de sistemas semafóricos en el municipio de Soacha, actividades recreacionales en Melgar para 10.000 adultos mayores de la localidad de Kennedy, desarrollo e instalación de un sistema de seguridad para Ciudad Bolívar, dotación institucional para programa de bilingüismo de Mosquera, estudios técnicos de las obras para la ampliación de la avenida Santander y Bocagrande en la ciudad de Cartagena, conceptualización y desarrollo de una estrategia de marca para el sistema integrado de Transporte Público de Bogotá, diseños paisajísticos de las reservas hídricas de lagunas de Cundinamarca, mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos de comerciantes, empresarios y unidades residenciales de Usaquén, elaboración de mapas digitales de ruido ambiental, etc.
Según la Procuraduría, al no contar las universidades con la experiencia para ejecutar tan diversos objetos contractuales, terminan subcontratando directamente con empresas privadas su ejecución, situación igualmente criticada por la Procuraduría, ya que podía estar acudiéndose a los contratos interadministrativos para burlar los procesos de selección objetiva establecidos en el Estatuto Contractual, tales como licitación pública o concurso de méritos.
La alarmante situación provocó la expedición de una directiva por parte del procurador general de la Nación, en la cual se insta a los representantes legales de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación a dar cumplimiento a las reglas para la celebración de convenios y contratos interadministrativos.
0 comentarios:
Publicar un comentario