Leopoldo Múnera Ruiz*
El miércoles 26 de octubre se realizó en la Cámara de Representantes una audiencia pública sobre la reforma a la educación superior en Colombia. Los convocantes fueron los representantes Ángela María Robledo, Carlos Amaya y Wilson Arias. Participaron estudiantes, profesores, congresistas, directivos de las universidades y la ministra de Educación, acompañada por algunos funcionarios de su despacho. Los datos suministrados en el debate permiten aclarar algunos de los problemas de la propuesta gubernamental. En este texto voy a hacer tres precisiones, pues la mayoría de las críticas no se respondieron o fueron eludidas.
1. Los cupos nuevos que deben generar las universidades públicas en los próximos tres años: en la intervención de la ministra resultó evidente la falta de transparencia en la información que se le ha venido suministrando a la opinión pública. Hace unos meses, como lo mencionó el rector de la Universidad Nacional en la audiencia pública, en el Ministerio de Educación afirmaban que las universidades públicas debían generar 120.000 cupos nuevos en los próximos tres años. El 16 de octubre, en entrevista que concedió al diario El Espectador, la ministra habló de 95.000 cupos nuevos. En la audiencia, ante las críticas en materia financiera, redujo los cupos a 75.000 y manifestó que los otros 20.000 serían el resultado de la reducción de la deserción; es decir, que no serían nuevos.
En cualquier circunstancia, el presupuesto adicional para las universidades públicas en el trienio comprendido entre 2012 y 2014 se mantiene en $428.000 millones. No sobra recordar que el déficit acumulado en el presupuesto de dichas instituciones asciende a $715.000 millones. De acuerdo con lo afirmado por la ministra, el presupuesto per cápita adicional superaría los $3.500.000, que según los cálculos del Ministerio se destinan en la actualidad. (De acuerdo con mis cálculos, el presupuesto per cápita en las instituciones públicas es de $4.557.635, resultante de dividir el 1,01% del PIB, que según el Ministerio se invierte en educación superior, por los 930.307 estudiantes registrados por el Sistemas Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) en las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales. El cuadro 1 ilustra la proyección presupuestal entre 2012 y 2014, bajo la condición de que en cada semestre se genere el mismo número de cupos nuevos y de que el presupuesto per cápita se mantenga invariable.
El presupuesto adicional calculado por el Ministerio solo alcanzaría parcialmente hasta el segundo semestre de 2014. A partir de este período empezaría a acumularse un nuevo déficit que en el segundo semestre de 2014 llegaría a 31.375 millones de pesos. Además, todos estos cálculos se hacen suponiendo que el presupuesto per cápita para cada estudiante nuevo permanece igual que el de los antiguos, sin tener en cuenta las nuevas inversiones, no supeditadas a obligaciones crediticias, en infraestructura, laboratorios, equipos, proyectos de investigación y extensión, y contratación de profesores, que la ampliación de la cobertura exige para conservar una educación con la calidad que tiene actualmente.
2. El presupuesto necesario para las instituciones técnicas y tecnológicas. La ministra sostuvo en la audiencia que la mayoría de los cupos nuevos sería generada por el Servicio Nacional de Apendizaje (Sena) y por las instituciones técnicas y tecnológicas. En la entrevista del 16 de octubre había estimado estos cupos en 395.000. En el cuadro 2 se calcula, en las mismas condiciones del cuadro anterior, el presupuesto necesario para alcanzar tal objetivo entre 2012 y 2014. Se mantiene como referencia una inversión per cápita de $3.500.00 anuales, la cual es muy baja para los estudios universitarios y también para una educación técnica y tecnológica de calidad. No se toman en consideración los recursos públicos que necesitarían las instituciones privadas, técnicas, tecnológicas y universitarias para generar 135.000 cupos nuevos en tres años, pues resulta contraevidente que con el simple cobro de derechos económicos financiados por la banca privada logren alcanzar los objetivos que les define el gobierno.
En total se necesitarían 2,4 billones de pesos para los tres años. Si suponemos que la mitad de esos cupos la va a cubrir el Sena con recursos parafiscales, que no están incluidos en los de educación superior, su presupuesto tendría que aumentar anualmente en $403.229 millones. Sin embargo, en 2012 el incremento está por debajo de los $150.000 millones. Para las otras instituciones técnicas y tecnológicas se necesitarían 1,2 billones de pesos. De acuerdo con el proyecto de ley, sólo se podría aspirar, en el mejor de los casos, a $915.513 millones, contemplados en el capítulo sobre el impacto fiscal. En consecuencia se confirma la hipótesis de que la mayor parte de la cobertura se desea ampliar con educación técnica y tecnológica mal financiada y, por ende, de baja calidad.
En estas condiciones y sin crear ni un cupo nuevo después de 2014 serían necesarios $12,88 billones para los diez años a los que hace referencia el proyecto, es decir, dos billones más de lo que se prevé en el mismo, que propone aumentar la tasa de cobertura en otro 14% hasta 2024.
3. El gobierno de las universidades. Después de una intervención del autor de estas notas en la audiencia pública sobre el bajo porcentaje de la representación de la comunidad universitaria en los órganos superiores de las instituciones (25% en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, frente al 37,5% del gobierno nacional), la ministra afirmó que los cálculos estaban mal hechos, pues la participación de los representantes era del 33%. De esta manera confundió a los representantes (elegidos por los profesores y los estudiantes) con otros miembros de la comunidad académica, como los decanos, en cuyo nombramiento la participación de la comunidad universitaria no es decisoria, y de nuevo hizo mal los cálculos. El cuadro 3 muestra parcialmente el resultado de una investigación que se publicará próximamente; es suficientemente ilustrativo de las razones por las cuales se afirma que en términos de gobierno universitario, la universidad colombiana está muy por debajo de los estándares latinoamericanos relacionados con la autonomía universitaria. Adicionalmente, la participación del gobierno nacional es la más alta de las cinco instituciones analizadas y la dependencia del Consejo Académico con respecto al Superior, que se verá agravada con la reforma, es total y ratifica la heteronomía de las universidades con respecto al gobierno nacional.
Cuadro 3
Convenciones: UNAM (Universidad Autónoma de México), UCh (Universidad de Chile), UBA (Universidad de Buenos Aires), USP (Universidad de São Paulo), UNC (Universidad Nacional de Colombia). D: Directivos universitarios. G. N.: Gobierno Nacional. .R. P: Representación Profesoral. R. E: Representación Estudiantil. R. Eg: Representación de los Egresados. R. T: Representación de los Trabajadores Administrativos. R. Gr: Representación de los Gremios del Capital. R. S.: Representación Sindical. O.: Otros. C. U.: Comunidad Universitaria. R.C.U: Representantes de la Comunidad Universitaria.
Con respecto a los organismos gubernamentales de aseguramiento de la calidad y acreditación, la ministra sostuvo que el trabajo lo van a hacer, como hasta ahora, pares académicos provenientes de las instituciones de educación superior, lo cual es cierto, pero omitió decir que los lineamientos generales y específicos van a ser realizados por organismo colegiados: el Cesu (Consejo Nacional de Educación Superior), el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) y la Conaces (Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), en donde las universidades tendrían una representación directa irrisoria o inexistente.
*Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Coordinador del Observatorio Nacional de Paz de Planeta Paz.
Bogotá, 28 de octubre de 2011
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