Mientras la comunidad universitaria estudiantil recorría las calles de las ciudades después de dos semanas en paro, en el Congreso de la República, en Bogotá, estudiantes, profesores, rectores, representantes de la cámara y la ministra de Educación María Fernanda Campo asistían a una audiencia pública en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
Estudiantes, padres, madres y el profesorado en las afueras del Congreso.
Estudiantes convocados y organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) exigieron ayer a la ministra de Educación en la audiencia pública de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que retire el proyecto de ley de de reforma de la educación superior. Y después, que se sienten gobierno y comunidad educativa a construir juntos la propuesta que ya tiene diversas alternativas provenientes de los estudiantes, entre ellas, el llamado Programa Mínimo de Lucha, que contiene seis puntos básicos: financiación, democracia y autonomía, bienestar, calidad académica, libertades democráticas y la relación universidad-sociedad.
El debate incluyó lo referente a la autonomía universitaria, la calidad de la educación, cobertura y financiación. Asegura la ministra que el proyecto de ley garantiza todos estos aspectos. Sin embargo profesores, representantes a la Cámara y estudiantes expresan que esto no es cierto, pues el proyecto profundiza la privatización, pues una educación de calidad sólo podrá tenerla quien pueda pagar por ella; añaden que los dineros que promete el gobierno no están garantizados y son insuficientes y el gobierno y el sector privado tendrán mayor poder de decisión en las universidades afectando la democracia y autonomía universitaria.
Manifestantes a las afueras del congreso reclamando el retiro del proyecto de reforma del gobierno.
Según Ingrid Penagos, asesora del congresista Alexander López del Polo Democrático Alternativo, las críticas hechas por los estudiantes y profesores en la plenaria y las movilizaciones estudiantiles desde que inició el paro contra la reforma del gobierno confirman que no existe el consenso que María Fernanda Campo había asegurado al proponer la reforma el pasado 3 de octubre.
El profesor universitario Leopoldo Múnera explicó que la Universidad Nacional y la Organización de Sectores Sociales para la Paz de Colombia, Planeta Paz, tienen una propuesta de financiación de la educación superior para que la asuma el gobierno y que consiste en generar una renta básica con ese fin para los próximos 14 años: «Constituir un fondo autosostenible después de 14 años y que costaría anualmente con cobertura universal el 1% del PIB; por supuesto esto implica cambiar las prioridades del gobierno».
El estudiantado, representantes del Congreso de la República y docentes coinciden en que la ministra debe retirar el proyecto de reforma de la ley de educación superior. La ministra por su parte sostiene que no lo retirará porque ya se discutió y construyó con estudiantes y maestros. A este último argumento el estudiantado responde que lo que la ministra Campo hizo fue socializar la propuesta, pero nunca se construyó colectivamente. Igualmente, la ministra explica que de retirarse el proyecto se perdería la posibilidad de tener recursos que con él se aseguran. La representante Ángela María Robledo del Partido Verde señala que eso no es cierto pues ya la Ley 30, vigente, los garantiza y que esto depende más de la voluntad política del gobierno, si es que la tiene, añade. Por eso, concluye, no se necesita la reforma.
Estudiantado en la afueras del Congreso.
Paola Andrea Galindo, vocera de la MANE señaló que «la universidad que queremos se construye como promotora de un proyecto de nación soberana, humanista y solidaria».
El estudiantado señala que la intención de entregar la educación al sector privado tiene relación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que hará mucho más fácil la privatización por su carácter supranacional. Andrés Rincón uno de los estudiantes voceros de la MANE agrega que el proyecto de ley sobre la educación está relacionado con el TLC: «Nosotros no le creemos a usted [a la ministra] cuando nos dice que el proyecto de ley no tiene nada que ver con el tratado de libre comercio».
Al finalizar la sesión, voceros de la mesa estudiantil dijeron que la ministra no respondió a ninguna de las inquietudes que hicieron los y las estudiantes ya que que sólo repitió lo que ha dicho siempre. Indicaron que lo que consiguió fue radicalizar la posición estudiantil. Igualmente, convocaron a la ministra a un debate público en el que quieren demostrarle al país que el proyecto de ley busca la privatización y la mercantilización de la educación.
La representante Robledo señaló que «la ministra está presente en las discusiones, socializa pero no abre el debate, se mantiene allí pero no abre una posibilidad de diálogo y sólo repite los mismos argumentos y además el proyecto de la ministra conserva el aspecto de ánimo de lucro».
Estudiantes rechazan altos costos de las matrículas.
Según los 14 representantes del Polo Democrático que apoyan las movilizaciones estudiantiles y los dos del Partido Verde la discusión del proyecto en el Senado no garantiza mayores cambios pues la maquinaria política del gobierno con la unidad nacional en la Cámara y el Senado es poderosa; eso implica que la ministra podría tener asegurada la aprobación del proyecto de ley en el Congreso de la República. Mientras tanto, Ángela Maria Robledo aclaró que sólo con la movilización pacífica del estudiantado se puede detener el proyecto de reforma.
Por otra parte, la MANE expresó que la jornada de movilización arrojó un resultado positivo. Calcula que participaron en ella unas 30 mil personas en Bogotá y más de 200.000 personas salieron a las calles. Boris Duarte, vocero de la mesa dijo que les preocupa la situación de derechos humanos, pues el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) desalojó a la fuerza a estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad de Pamplona y de la Universidad Tecnológica de Pereira. Carlos Restrepo, de la misma mesa, indicó que la ministra incumplió con el compromiso de respetar y garantizar el ejercicio de la movilización. Señaló que hubo 25 estudiantes detenidos en Bucaramanga por orden del alcalde, sólo por salir a marchar, pues, según explica, el alcalde de la ciudad no autorizó la marcha.
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