Así lo confirmó el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Jaime Alberto Leal -foto-, debido al escándalo desatado por el millonario y polémico contrato firmado entre Alma Máter y la Secretaría de Educación de Bogotá, para capacitar a 18.000 directivos y docentes de la ciudad. Miembros del Consejo Superior de la Universidad de Caldas han hecho la misma solicitud.
"El análisis efectuado conjuntamente con el consejo superior de la universidad determinó un retiro de esta asociación", dijo Leal, en entrevista radial. Sobre la polémica con Alma Máter, señaló: "Esto tiene que ser definido por los organismos de control y las autoridades que están revisando el asunto". Para el rector de la UTP y representante legal de Alma Máter, Luis Enrique Arango Jiménez, la UNAD no podría retirarse de lo que es dueña o por lo menos mientras asume la responsabilidad de sus compromisos actuales.
Leal dijo que la UNAD quiere concentrarse en su "escenario misional de servicio a la mayoría de los colombianos".
"La UNAD tiene claro hoy que su escenario de trabajo está orientado fundamentalmente a la atención de poblaciones vulnerables, a brindar oportunidades educativas en el país a todos los colombianos que puedan hacer uso de los esquemas de una educación moderna inspirada en escenarios de virtualidad", explicó.
Sobre el escándalo en el que se ha visto involucrado Alma Mater dijo que "esto tiene que ser definido por los organismos de control y las autoridades que están revisando el asunto".
Sin embargo señaló que la UNAD queda con un buen concepto de Alma Mater como un escenario de intercambios académicos e investigativos.
La red Alma Máter fue creada hace 10 años y está integrada igualmente por la U. de Caldas, U. del Quindío, U. Tecnológica de Pereira, y la Universidad del Tolima.
Personería anuncia investigación
Según la Personería, esta petición se hace "con el fin de evitar perjuicios o que se defraude el patrimonio público, como lo establece el Artículo 160 del Código Único Disciplinario".
"Además, el Ministerio Público Distrital, a través de la Dirección de Investigaciones Especiales inició investigación disciplinaria formal contra los directivos de la Secretaría de Educación, que en diciembre de 2010, suscribieron el citado convenio", sostuvo la Personería en un comunicado.
"El Ente de Control también están revisando la forma en que se apropiaron los recursos, para poder destinarlos a la capacitación de los docentes y directivos de los centros educativos del Distrito", señaló el órgano de control.
La Personería manifestó que también se investiga si los servidores públicos realizaron, previo a la suscripción del convenio, "los estudios, términos de referencia, evaluaciones de manera completa para evitar contrataciones o adjudicaciones confusas o subjetivas que afecten la correcta marcha de la administración pública y el erario distrital".
Desde Pereira, Germán Toro, director ejecutivo de la Red Alma Máter, anunció que no acepta la suspensión del convenio, firmado por 20 mil 296 millones de pesos, propuesta por la actual Secretaría de Educación de Bogotá.
En la reunión con los medios de comunicación, Toro manifestó que en el encuentro de la semana pasada con el Secretario de Educación, Ricardo Sánchez Ángel, le sugirieron la suspensión del convenio mientras se esclarece el debate por los costos y la calidad del proyecto, a lo que el funcionario de la Red indicó: "de ser necesario, estamos abiertos al debate, a la rendición de cuentas y a las correcciones, pero consideramos que legalmente no hay lugar para la suspensión del convenio".
Además, agregó que esta organización, en sus 11 años de funcionamiento, ha manejado 530 convenios interadministrativos con 177 instituciones del Estado y los recursos utilizados han sido de 650 mil millones de pesos.
"En estos años nunca hemos tenido ningún siniestro en la ejecución de algún convenio. Nunca hemos incumplido ni nos han aplicado multas, excepto por la polémica generada actualmente".
La semana pasada la Contraloría Distrital informó que abrió un proceso de responsabilidad fiscal al subsecretario de Educación, Jorge Alberto Torres Peña, y a Luis Enrique Arango Jiménez, representante legal de Alma Máter.
La Contraloría advirtió de un detrimento patrimonial de 6.900 millones de pesos por cuenta de las cartillas viejas, que desataron indignación de los expertos de educación en el país, como Yolanda Reyes y Francisco Cajiao.
El organismo de control cuestionó que el contrato se haya firmado de manera directa y que se hubieran saltado algunos trámites en el proceso contraactual.
Por ejemplo, según la Contraloría, no hay una póliza que ampare el primer giro, de 8.118 millones de pesos, que le pagó la Secretaría de Educación a Alma Máter.
La Corporación Red Alma Máter está integrada por las universidades de Caldas, Quindío, Tolima, UTP y la saliente UNAD, y ha sido cuestionada por varios contratos, en muchos de los cuales no hay directa participación de las mismas universidades que la conforman.
1 comentarios:
Al señor Leal no solo deberían investigarlo por esto sino por muchas mas cosas en la UNAD de la cual se cree el dueño al igual que toda su cohorte de inútiles y buenos para nada que creen que la universidad publica es un lugar para hacer negocios.Que tristeza de este tipo de gente. Señores de la procuraduría revisen la cantidad de cosas que hay en la UNAD y destapen de una vez por todas esa olla podrida que no ha querido dejar el señor Leal quien se cosnidera un uribe en esta universidad aparentemente publica
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