Odalys Troya Flores
Las manifestaciones estudiantiles, apoyadas por profesores, mineros, sindicatos y diversos sectores sociales, exacerbadas en los últimos meses, van más allá de reclamos por una mejor educación, pues en ellas convergen muchas insatisfacciones de los chilenos.
Sin dudas, las protestas de los alumnos universitarios y de secundaria encienden la llama de reivindicaciones en Chile y contribuyen a que descienda cada vez más la aprobación de la gestión del presidente, Sebastián Piñera, que toca fondo con sólo el 26 por ciento.
Desde hace cerca de tres meses, el alumnado exige que el Estado asuma la educación pública de manera que sea más inclusiva y de calidad, y ponga fin al lucro que ha convertido a las universidades en empresas.
Según el Índice Duncan de Disimilitud (Duncan Dissimilarity Index, DDI), Chile es el segundo país con mayor segregación social del mundo, es decir, los ricos estudian con los ricos y los pobres con los pobres, por lo que el sistema educativo en este país se convierte en un mecanismo para acrecentar las desigualdades.
A ello se añade un renacer de la represión, que no se veía desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El pasado jueves 4 de agosto, estudiantes de secundaria y universitarios pretendían marchar por la capitalina avenida La Alameda pese a la negativa de la gobernación de Santiago, lo que derivó en una desmesurada actuación policial.
Los carabineros, quienes lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua, apoyados con uniformados a caballo y helicópteros, truncaron las marchas. Más de 800 personas resultaron detenidas y decenas afectadas.
El martes siguiente, más de medio millón de personas reeditaron un paro nacional, apoyado por profesores, sindicatos y diversos sectores, con el cual ratificaron sus demandas ante la opción privada y lucrativa que ofrece el Gobierno.
Otra vez volvió el enfrentamiento. Encapuchados y grupos de vándalos provocaron disturbios que culminaron con 396 detenidos y 78 lesionados, quienes, según denuncias, son infiltrados para dañar la imagen del movimiento estudiantil.
La protesta de ese día culminó con un masivo "cacerolazo" nocturno en apoyo a los reclamos de los jóvenes.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, y la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, afirmaron que la salida a este conflicto sería realizar un plebiscito pues existen dos visiones del modelo educativo.
Una, explicaron, dirigida a una educación de mercado y la otra, defendida en las calles, la de los estudiantes que apuestan por la educación pública.
En Chile, sólo el 25 por ciento del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que la elevada cifra de 75 por ciento depende de los aportes de los estudiantes y sus familiares.
El Estado garantiza únicamente la gratuidad en el nivel básico.
La educación en este país se sustenta en bases erigidas durante la dictadura militar de Pinochet, que redujo el papel del Estado -a partir de la promulgación en 1990 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza-, a ser un simple regulador y la delegó al sector privado.
Ante la presión, el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, enfatizó el miércoles 10 de agosto que La Moneda (sede del Gobierno) muestra una disposición inmediata para crear una mesa de trabajo con los estudiantes.
Ya el movimiento estudiantil rechazó un pliego de 21 puntos propuesto por el Gobierno el pasado 1 de agosto al considerar que en nada cambia el actual modelo mercantilista del sistema educativo.
Los estudiantes chilenos recalcan que no negociarán con el Gobierno ninguna propuesta. Señalan que la solución pasa por una reestructuración de fondo de la Educación.
En tanto, unos 40 alumnos mantienen una huelga de hambre con la que exigen al Gobierno respuestas efectivas a las demandas.
Lo cierto es que vuelven los "cacerolazos"; cada vez son más multitudinarias las marchas estudiantiles y se agravan los problemas acumulados convertidos en un detonador para la administración de Piñera, quien no encuentra el punto de salida a la crisis.
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