La movilización social estudiantil ha sido vasta en creatividad e ingenio. Así lo han demostrado las ocho coloridas, pintorescas y masivas marchas estudiantiles que recuerdan más a las antiguas fiestas primaverales organizadas por los universitarios de ayer que a las manifestaciones sociales y políticas realizadas por la ciudadanía nacional en los últimos 30 años.
Efectivamente, la actual protesta, en tanto su repertorio de acciones como sus consignas, no nos recuerda, salvo quizás por el “caceroleo”, a las protestas nacionales en contra de la dictadura militar en los años ochenta. Si bien, la masividad de la protesta juvenil ciudadana es innegable, ella se ha concentrado en un sector social bien concreto de la sociedad neoliberal: la clase media, aquella que los analistas sociales actuales denominan, aspiracional. Estos son los actores protagónicos y centrales de la actual protesta social. Todos los demás sectores sociales, especialmente, las y los jóvenes populares y pobres, que asisten, por cierto, en una menor cantidad a ellas, son los actores secundarios o de reparto.
Este aspecto social le ha dado un tinte de clase como también una forma y un determinado discurso cultural e ideológico a la movilización estudiantil distinguiéndola de otras acciones colectivas acontecidas en el Chile neoliberal, ya sea, el dictatorial o el democrático. En el primero, la protesta política en contra de la dictadura pinochetista, en los años ochenta, tuvo un componente social y ciudadano amplio y plural. En ella participaban activamente desde los sectores medios altos hasta los sectores populares, de ahí su carácter nacional. Mientras que la protesta política en el Chile democrático neoliberal (1990-2011) siempre ha sido activada realizada por algún sector social determinado: los mineros del carbón de Lota, los trabajadores del cobre, los trabajadores forestales, los mapuche, los deudores habitacionales, los usuarios del Transantiago, los profesores, los estudiantes universitarios antes del 2006, entre otros. Sus movilizaciones han tenido demandas sociales, económicas, salariales y laborales específicas. Difícilmente, ellas se transformaron en una demanda política de carácter nacional.
Por esa razón, ninguna de ella tuvo la capacidad de dar origen a una protesta social y política amplia e inclusiva de carácter nacional. Tan solo la “Revolución Pingüina” de los estudiantes secundarios del año 2006 y la actual han logrado instalar una demanda de ese tipo. Sin embargo, el movimiento social estudiantil todavía no ha logrado romper con la lógica de la acción colectiva sectorial ni ha logrado constituirse ni transformarse en un vasto movimiento ciudadano nacional similar en su composición social, amplitud y potencia política que desarrolló el movimiento democrático nacional para derrotar al dictador en el plebiscito sucesorio de 1988. A pesar de todo lo realizado, la movilización juvenil ciudadana sigue siendo, hasta ahora, una gigantesca y lúdica protesta social y política de carácter sectorial con una relevante y auto-centrada demanda. Allí radica su fortaleza pero, también, su debilidad.
Dado que el actualmente el conflicto por la educación se encuentra en tabla, o sea, en un virtual empate. El cual, por cierto, sin ser catastrófico, no encuentra resolución en base a las estrategias seguidas hasta el momento; parece ser que la convocatoria de un tercer actor social y político estratégico, resulta crucial para destrabarlo.
Así lo entendió el gobierno y la clase política cuando buscó “parlamentarizar” el conflicto, es decir, resolverlo a través de la acción política y negociadora del poder legislativo. Propuesta que fue categóricamente rechazada por los estudiantes. Los cuales, a su vez, replicaron con una exhortación: demandaron no solo al ejecutivo sino también al legislativo, la realización de un plebiscito. Con el objeto de que sea, la ciudadanía nacional, el pueblo soberano, quien decida democráticamente sobre la cuestión en conflicto. La negativa de parte del gobierno fue rotunda. Mientras que los parlamentarios oficialistas como de oposición han tenido posiciones divididas, unos lo rechazan categóricamente, otros, apoyan resueltamente, la idea. Volvieron a empatar.
El único actor político que hasta ahora no ha emitido opinión alguna ya sobre el conflicto educativo o en torno a la idea de realizar un plebiscito es, paradojalmente, la ciudadanía nacional. Si bien, a través de algunas encuestas de opinión ha expresado su parecer sobre específicos aspectos del movimiento estudiantil y del conflicto educativo. Estas carecen de validez e incidencia política. Por tanto, la ciudadanía nacional, el pueblo, los soberanos, no han sido consultados ni han podido emitir su opinión sobre un conflicto que ha convulsionado la sociedad durante tres meses. Esto se debe a que el actual sistema político no ofrece ni dispone de ningún instrumento político institucional para ello.
Por esa razón, considero que el Paro Nacional ciudadano convocado por la Central Unitaria de Trabajadores para los días 24 y 25 de agosto constituye, en mi opinión, una excelente oportunidad política y social para que la ciudadanía nacional manifieste y exprese su opinión ante el conflicto en curso.
El Paro Nacional debe constituirse en el instrumento de expresión política de la ciudadanía. Una activa y masiva paralización ciudadana deberá ser interpretada no solo como la adhesión al movimiento estudiantil y sus justas demandas sino, también, de apoyo irrestricto a la convocatoria de un plebiscito nacional. Esa debe ser la razón política del Paro ciudadano.
Cabe señalar que un Paro Nacional es un acontecimiento social y político mayor. Se trata de un trascendente y poderoso instrumento político de presión que las y los trabajadores, en particular, y las y los ciudadanos, en general, utilizan de manera muy excepcional, en su lucha -especialmente, pero no únicamente- en contra los poderes constituidos en las sociedades capitalistas. No se trata de una marcha callejera autorizada para transitar por las calles de las ciudades del país. Se trata de una acción social y política que se realiza sin la autorización del poder establecido. Por eso, un Paro Nacional es un acto ciudadano subversivo. En dicha condición radica su poder social y político constituyente. Principalmente, esta acción ciudadana supone la paralización total y general de todas las actividades “normales” que diaria y cotidianamente realiza la ciudadanía. El día del paro nacional todo debe detenerse. Las ciudades y las calles del país deben quedar desiertas de autobuses, de automóviles y de gentes. Nadie debe comprar ni vender. Ninguna tienda debe abrir, los supermercados deben permanecer cerrados. Los trenes del Metro no deberán circular y sus estaciones deberán estar cerradas. Los niños y niñas no asistirán a clases, en aquellos colegios, que aun funcionan. Los bancos y financieras deberán dejar de ofrecer sus odiosos créditos. Ojalá que las televisoras dejaran de funcionar y las radios de trasmitir. Ojalá que todo quedará en profundo silencio. Para que en esos días se escuche y se sienta en toda la sociedad, tal vez, toda la rabia social acumulada durante 35 años.
Por consiguiente, el Paro Nacional deberá ser el punto de partida de la transformación del movimiento estudiantil y ciudadano centrado en la cuestión educativa en un poderoso movimiento social y político subversivo anticapitalista de carácter nacional.
Juan Carlos Gómez Leyton es Dr. en Ciencia Política. Profesor Titular U. ARCIS.
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