El tema es analizado por el Gobierno y fue uno de los puntos en la agenda de la reunión de este martes entre los rectores y la ministra de Educación.
Una nueva reunión sostuvieron desde el mediodía de este martes los rectores de las universidades públicas y privadas y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, para llegar a acuerdos sobre el contenido de la reforma a la Ley 30 de educación superior.
Es el primer encuentro después de que los académicos le entregaron al Gobierno, hace un par de semanas, sus observaciones y le manifestaron su posición sobre los puntos en los que no hay acuerdo, entre ellos, la creación de las instituciones de educación superior con ánimo de lucro y el modelo de financiamiento que propone el Ministerio.
Aunque son dos de los puntos más debatidos, el Gobierno analiza una propuesta que, de aprobarse en el Congreso de la República, obligaría al Estado a hacer un esfuerzo mayor en cuanto a política e inversión educativa.
Tanto en su propuesta de ley estatutaria que pretende reglamentar la autonomía universitaria, como en las que formularon para ser incluidas en el proyecto de reforma de la Ley 30, los rectores buscan que la educación superior se convierta en un derecho fundamental, como ocurre con el derecho a la expresión, a la vida o a la libertad.
Es un debate que no es novedoso y que, por el contrario, lleva muchas décadas. En Colombia la educación en general es un derecho fundamental, pero en la práctica está limitado. La Constitución Nacional obliga al Estado sólo a garantizar este derecho a los colombianos de entre 5 años y 15 años, y hasta la educación media, es decir, hasta noveno grado.
Que la educación superior se entienda como "un derecho”, como lo proponen los rectores, y no como “un servicio público cultural”, como lo contempla la Ley 30 y lo mantiene el Gobierno en su propuesta, pondría al Estado frente a un desafío que hace años asumieron países como Alemania y Francia.
Además de dedicar un importante porcentaje del presupuesto nacional para este sector, mucho más del que se propone en el actual proyecto de reforma, el Estado se vería obligado a ampliar su oferta de créditos y subsidios educativos para garantizarle el derecho a cualquier colombiano, de cualquier edad, que desee estudiar un programa de educación y, además, cumpla con la calificación académica para hacerlo.
Según el Ministerio de Educación, en Colombia hay 3'200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior y cada año se gradúan 600.000 nuevos bachilleres que esperan un cupo en las instituciones de educación superior.
Estas cifras contrastan con la realidad. Aunque la cobertura ha aumentado en los últimos años, esta alcanza el 37 por ciento; es decir que hay matriculados en instituciones de educación superior 1'674.420 estudiantes (cifras al 2010), incluidos los que cursan algún posgrado. Y de aquellos que logran ingresar, el 45 por ciento se retira durante la carrera, en su mayoría, por falta de recursos.
“La educación superior se ha convertido en un lujo, en algo que tienen algunos privilegiados. Si fuera un derecho fundamental, el Estado tendría que definir el orden de prioridades en la inversión de los recursos a su disposición e incorporar dentro del contexto de inversión social la educación superior, es decir, que destine una mayor cantidad de dinero al que deben vincularse también los particulares”, asegura José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, exrector de la Universidad Autónoma de Colombia y analista de Razón Pública.
Mejorar y adecuar la infraestructura de las instituciones de educación superior públicas y privadas, que soporten la demanda de cupos, así como estimular la educación a distancia serían algunas estrategias que el país debería fortalecer, más allá de los esfuerzos que se realizan en la actualidad.
Un derecho tutelable
Para José Fernando Isaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, si el Gobierno y el Congreso deciden que el país debe dar este paso, la sociedad gana.
Sin embargo, aclara que la idea no es lograr coberturas del 100 por ciento, dado que no todos los ciudadanos tienen como proyecto de vida cursar un pregrado, sino que el derecho se garantice para quienes demuestren el interés de estudiar y tengan las cualidades para hacerlo.
“El proyecto (que proponen los rectores) dice que es un derecho fundamental para que las personas de muy buenas calidades accedan sin que la limitación económica se lo impida y que el Estado busque la forma”, asegura el presidente de ASCUN.
La tutela sería uno de esos mecanismos jurídicos que tendrían aquellos colombianos que vean que este derecho se les vulnera. Sin embargo, sería el Congreso el que determine qué vías legales tendrían los ciudadanos para exigir el acceso a la educación superior, en caso de que se llegase a calificar como un derecho.
Para los rectores y para quienes están de acuerdo con este cambio, el país daría un paso hacia la competitividad, la equidad y la generación de mayor conocimiento. Este desafío también tendría que asumirlo el mercado laboral, que deberá prepararse para acoger un mayor número de profesionales y brindarles condiciones laborales dignas.
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