El proyecto para reformar la educación superior (Ley 30 de 1992) que propone el Gobierno Nacional es saludable y conveniente atendiendo las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país.
El acuerdo logrado esta semana con el sector académico es un gran avance para introducir los cambios que se requieren para enfrentar no solo los desafíos de la globalización. También los problemas estructurales que ha venido soportando la universidad pública.
La reforma, preserva la autonomía universitaria, con rango constitucional y demarca grandes senderos para promover una mayor calidad, una mejor oferta de programas académicos, la ampliación de las fuentes de recursos y especialmente el incremento de la cobertura.
Pero ante todo, el acuerdo consignó un principio trascendental que de ser aprobado, marcará una verdadera revolución en el país. Considera la educación como un derecho, un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del Estado.
Por mandato constitucional, la educación en Colombia es un derecho fundamental, pero en la práctica está restringido. Sólo se garantiza este derecho a los colombianos de entre 5 años y 15 años, y hasta la educación media, es decir, hasta noveno grado.
El bloque de constitucionalidad legitima y delimita el contenido de la educación y proclama su doble carácter como derecho fundamental y como servicio público con una función social. Incluir el acceso a la universidad como un derecho, es el mayor logro trascendental en un país, donde la educación superior es un privilegio. Solo 15% de la población en edad escolar tiene acceso a la universidad.
Esto implica no solo una mayor inversión prioritaria, sino que se haría exigible para quienes tengan las calidades y los méritos para acceder. Ese es el principal logro, frente a los otros componentes, igualmente trascendentales.
En términos generales el proyecto contiene cuatro elementos centrales: promoción de la calidad y la investigación, aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional y una gestión educativa basada en el buen gobierno y la transparencia, claves para enfrentar también la corrupción de la que no han escapado las universidades públicas.
La concertación, definida como regla para su perfeccionamiento, como lo reiteró la ministra de Educación, María Fernanda Campo, es otro avance para despejar las dudas y garantizar una reforma a la altura de las circunstancias, más allá del enfoque mercantilista que generó los temores iniciales.
Por los anuncios, la reforma está llamada a marcar otro hito, en el fortalecimiento de la universidad pública. No obstante, requiere una revisión a fondo de los organismos estamentarios, para corregir, como en el caso de la Universidad Surcolombiana, los males que han generado la inestabilidad y la han estancado.
“Incluir el acceso a la universidad como un derecho, es el mayor logro trascendental en un país, donde la educación superior es un privilegio. Solo 15% de la población en edad escolar tiene acceso a la universidad”.
0 comentarios:
Publicar un comentario