Aunque para la firma internacional, encargada de otorgar valoraciones o calificaciones financieras para que las U. públicas puedan obtener créditos en el mercado financiero, la propuesta del Gobierno abre la posibilidad a las IES para obtener recursos propios con las alianzas público privadas, el esquema de financiación propuesto no es suficiente por cuanto se estarían ofreciendo recursos adicionales para nuevos cupos, mas no para la estructura operacional existente. Por el contrario, este esquema implicaría un mayor esfuerzo en la operación académica y administrativa de las IES al igual que para mantener los estándares de calidad exigidos por Gobierno Nacional.
El siguiente es el texto del informe...
Durante el primer trimestre del 2011 el Gobierno Nacional presentó la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992. Si bien a la fecha no hay una reforma definitiva, la propuesta ha suscitado diferentes opiniones y generado un amplio debate entre las partes involucradas. Los cambios propuestos esperan profundizar las iniciativas ya establecidas por el Gobierno Nacional, enfocadas en incrementar la cobertura, asegurar la calidad, disminuir la deserción y adecuar los programas académicos. A grandes rasgos, los puntos más relevantes abarcan una modificación en el esquema de las transferencias a las universidades públicas, la promoción de la asociación público – privada en las instituciones de educación superior, mayores exigencias en los estándares de calidad como motor de la competitividad, así como nuevas prácticas de gobernabilidad institucional.
Con respecto al aumento gradual de las transferencias por parte de la Nación, éstas estarían sujetas a: 1) La financiación de nuevos cupos, 2) Al reconocimiento de la productividad académica de los docentes, 3) La formación de docentes y, 4) A la promoción de la investigación e innovación. Con respecto al primer punto, Fitch presume que estas condiciones no son una solución definitiva al desfinanciamiento que sufre el sector, principalmente porque se estarían ofreciendo recursos adicionales para nuevos cupos, mas no para la estructura operacional existente. Por el contrario, este esquema implicaría un mayor esfuerzo en la operación académica y administrativa de las instituciones de educación superior (IES) del país, al igual que, para mantener los estándares de calidad exigidos por Gobierno Nacional. Por otro lado, es necesario conocer más a fondo las implicaciones de dichas condiciones en el mediano y largo plazo. Fitch opina que estas medidas podrían generar rigidez en la estructura de ingresos, ya que gran parte de las nuevas incorporaciones tendrían un objetivo específico, limitando así la autonomía de estas instituciones.
El actual gobierno ha mostrado interés en llevar a cabo este proyecto estratégico para incrementar la cobertura en educación superior, siguiendo el modelo implementado en Brasil. Este modelo incluye y promueve asociaciones entre el sector público y el sector privado así como la creación de universidades con ánimo de lucro. Fitch cree que esta actividad público – privada puede traer mayores oportunidades de crecimiento a las IES a través de venta de servicios (laboratorios o investigación, por ejemplo) al sector privado. Un aumento en este tipo de ingresos propios podría mejorar el esquema de financiación de las instituciones y reducir su dependencia en las transferencias de la Nación, generando mayor flexibilidad financiera. Adicionalmente, se está buscando establecer prácticas de gobernabilidad institucional que fomenten una mayor transparencia, así como posibles cambios al régimen de inspección y vigilancia.
Para Fitch, el sistema de educación superior en Colombia presenta limitaciones que podrían poner en riesgo su sostenibilidad a futuro, ya que el dinamismo del sector de la educación superior ha presentado variaciones que implican mayores exigencias a nivel de calidad académica, tecnologías de información y comunicación, formación docente, internacionalización e infraestructura académica y administrativa, entre otras; cuyo financiamiento no está contemplado en la actual Ley 30 de 1992. Al respecto, Fitch seguirá de cerca la iniciativa de reforma presentada por el Gobierno Nacional, así como la propuesta que presentarán las IES a la Nación, cuyos objetivos propenden en garantizar la permanencia de estas instituciones como eje fundamental para el desarrollo social y económico de Colombia.
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