Cerca de 60 rectores de universidades adscritas al Sistema Universitario Estatal (SUE) y a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), presentaron a la ministra María Fernanda Campo Saavedra y al viceministro de Educación Superior, Javier Botero Alvarez, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el documento de "contrapropuesta" a la reforma a la Ley 30 presentada por el MEN.
Por su condición de ser las IES con mayor desarrollo histórico y de productividad intelectual, se esperaba que la propuesta de las Universidades contribuyera a cuestionar al Estado en torno de cuál es el modelo de país que Colombia quiere impulsar con su educación superior y qué opciones concretas de re-articulación del sistema se podría dar, pero no es así.
El documento de ASCUN - SUE cae en el mismo fallo de los pronunciamientos de asociaciones como ACIET, ACIUP y REDTT, entre otras, y es el de defender cerradamente una posición gremial, pero no aportar a una reflexión nacional de cómo responder realmente a los problemas sociales y nacionales desde la educación superior.
Las universidades piden al Ministerio que sea tenido en cuenta en la reforma:
1) La no inclusión de la figura de universidades con ánimo de lucro, por considerar que atenta contra la calidad y, por lo mismo, terminan incentivando la deserción.
2) Limitar la actividad policiva del Estado, a través de una revisión de la propuesta de la propuesta del MEN de detallar los alcances de las funciones de inspección y vigilancia.
3) Un incremento del 3% anual al presupuesto de las universidades, pero no como lo propone el Gobierno sujeto a otras condiciones, sino dividido: la mitad (1.5%) directamente a las universidades y el otro 1.5% de acuerdo con parámetros de política como ampliación de cobertura, calidad y regionalización.
En la propuesta del Gobierno se estableció que además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación, se dará un 1 por ciento adicional en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Para el SUE esto no soluciona el problema financiero, y propusieron adicionalmente que el incremento pedido adicionalmente de 3 puntos inicie en 2012 y vaya hasta 2022.
4) Establecer un proyecto nacional para que la infraestructura física de los edificios se adapta a las normas de sismoresistencia y acceso a discapacitados.
4) Establecer un proyecto nacional para que la infraestructura física de los edificios se adapta a las normas de sismoresistencia y acceso a discapacitados.
5) Que todas las instalaciones universitarias sean estrato 1.
6) Mantener la autonomía plena como un privilegio propio de las IES con tipología e Universidad.
7) Que la acreditación siga siendo voluntaria y no se convierta en obligatoria para las universidades.
8) Crear una canasta educativa, a partir de la cual se defina realmente el valor de los incrementos anuales.
Los rectores y el Ministerio acordaron la creación de una mesa de trabajo para analizar este y otros temas planteados en la propuesta el próximo 5 de julio.
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