En este momento que vivimos las universidades públicas del país han ingresado al Boom de la seguridad y el control social. Todas, sin excepción, en mayor o menor medida, tienen contratos con empresas de seguridad privada, muchas de ellas dieron trabajo a aquellos paramilitares “desmovilizados” y militares y policías que perdieron su empleo o se jubilaron. La contratación de estas empresas se debe aparentemente a un requisito legal para el funcionamiento de nuestras universidades. Entre tanto, los “vigilantes de planta”, es decir, aquellas personas que anteriormente se ocupaban de la seguridad han sido liquidados y jubilados sin remplazo por las administraciones de las universidades, en la misma medida en que aumentan sustancialmente el personal de estas empresas privadas que, bajo salarios de hambre, ponen a sus trabajadores a soportar turnos infrahumanos de más de 12 horas.
Para nadie es un secreto que desde el mismo momento en que empezó el funcionamiento de la actual ley 30, las universidades entraron en una lucha por la subsistencia dada la precarización por la desfinanciación a que esta ley las sometió. Entonces ¿cómo es posible el gasto de dineros públicos en seguridad física, cuando las universidades tienen un déficit presupuestal de billones de pesos? Pues de la misma manera como se han impuesto las políticas de seguridad democrática en el país, mientras miles de niños mueren por una diarrea curable, por citar apenas un ejemplo.
Todo esto se ha impuesto a través de la doctrina del Shock, generando el clima de inseguridad para justificar la represión; es lo que se llama en términos de estrategia, “ensuciarle el agua al pez”, o con un nombre más posmoderno “falsos positivos”. Por ejemplo, en Villavicencio y en Medellín, es decir en la Unillanos y en la UdeA, se dieron “coincidencialmente”, durante protestas estudiantiles, robos de videoBeams, televisores de plasma y salas de computadoras. Fue esto lo que le permitió a las respectivas universidades tomar cartas en el asunto mejorando las condiciones de seguridad y culpando de ello a aquellos elementos fuera del orden (insurgencia); así se planteó la necesidad de implantar cámaras de seguridad, un control más arduo por parte de la policía en los alrededores y, en la UdeA en particular, la requisa de los bolsos de los estudiantes.
Después de varias investigaciones se llegó a la conclusión en ambas universidades de que las chapas no fueron forzadas, que no había forma de que estudiantes sacaran televisores en sus maletas y que los vigilantes de seguridad privada estuvieron implicados en ambos robos. Como era de esperarse, los medios no hicieron igual escándalo para aclarar la citación; ya no importaba, pues el objetivo político estaba cumplido.
Sin embargo ésta ofensiva política no termina sin que hablen los elementos que durante estos 20 años de neoliberalismo se han infiltrado y colado en las universidades, pues son estos los que defienden desde la “academia” las acciones de militarización emprendidas por el Estado hacia la misma. ¿Qué pasa en la universidad cuando permitimos que estos terroristas económicos planten que la academia no se debe pensar el mundo? Resulta curiosa la sorprendente afinidad entre quienes defienden la seguridad como principio fundamental y los agitadores del neoliberalismo; es decir, una relación entre quienes defienden la seguridad física como principio y el supuesto “apoliticismo” que perpetúa el status-quo en el país.
Recordemos que fue el mismo discurso de la seguridad encarnado en otros individuos el que nos dijo en los 90 que el problema en los barrios eran las milicias y no la pobreza, y que además se justificaba arrasar con todo, pues el que no era guerrillero, era auxiliador. Hoy nos dicen que quienes protestan en la Universidad son terroristas, deshumanizando al atacado y justificando su muerte o su desaparición. Hoy existe un fascismo institucionalizado en la universidad que justifica la pérdida de vidas humanas por dinero, diciendo que ese es el costo menor del progreso, pues la seguridad atrae la confianza inversionista. Esos son los guerreristas que tratan de introducir en la universidad la seguridad como principio fundamental y que buscan borrar preguntas como: ¿Cuáles son las causas del problema agrario en el país? O ¿existe un conflicto social y armado en Colombia?
Sin embargo, los actuales intereses que asedian a las universidades públicas no son meramente políticos, pues todo interés político lleva con sigo un intereses económicos. Por un lado, la seguridad como negocio y, por el otro, la tesis de que primero entra la seguridad democrática, que después da paso a la prosperidad democrática.
Para entender la seguridad como negocio, sólo basta con ver las distribuciones de recursos en los planes nacionales de desarrollo de cada gobierno de turno, donde el empleo, la salud y la educación están muchísimos puntos por debajo del presupuesto para la guerra. Y es que en nuestro país numerosos espacios y servicios que antes eran de carácter público ahora se encuentran en manos privadas; la extensión de la propiedad privada a todos los ámbitos de la vida obliga a un replanteamiento de la seguridad, la cual se define en función de proteger los espacios privatizados. Alarmas, cerraduras, chips, sistemas de comunicación, sistemas de escaneo, circuitos cerrados; todas dependen, para su instalación, uso y mantenimiento, de un personal especializado al servicio de una corporación privada. Como dato curioso, sólo en 2009 la seguridad privada facturó 3,8 billones de pesos. Entonces hay una relación recíproca de causalidad entre la Ley 30 que plantee la financiación privada de la universidad y la seguridad privada dentro de la misma.
La tendencia mundial
En Londres 10.500 cámaras filman a toda hora como en un reality show, sin cortes, las conductas de la gente común. Un ciudadano londinense que sale normalmente de su casa para ir a su trabajo, hacer compras, pasear, o llevar a sus hijos a la escuela es filmado en promedio 300 veces cada día. Pero otro dato que se omite es que en Londres la tasa de delito no ha bajado a pesar de la inversión de millones de libras en dispositivos de vigilancia. Además, según informes de la Universidad de Hull, en el Reino Unido, las cámaras se usan principalmente para vigilar minorías raciales, activistas sociales y políticos; y una de cada diez mujeres ha sido seguida y vigilada desde una perspectiva sexual. El estudio de Hull comprobó la existencia de múltiples imágenes de mujeres dirigidas a sus senos o a su trasero, lo que obviamente no tiene ninguna justificación judicial.
El mismo estudio indicó que la gente negra tiene el doble de probabilidades de ser sometida a seguimiento que la media de su proporción en la población, y agrega que el 40% de las personas negras vigiladas fueron detenidas por la policía sin razón obvia más que su apariencia o su pertenencia a un subgrupo cultural (Extracto del informe: http://j.mp/lj7Fvr). En Colombia, según la tendencia marcada por las operaciones de persecución política ejecutada por el DAS, ya sabemos que se vigilaría a los disidentes. El genocidio sería más eficiente.
La UdeA a la cabeza de la nueva honda
Para evidenciar el control, solo basta con ver la UdeA, donde a mediados del 2010 se planteó la recarnetización de todos los estudiantes, con la implantación de Chips de radiofrecuencia llamados RFID por sus siglas en inglés. Primero trataron mediante campañas de marketing de atribuir propiedades al nuevo carné, las cuales no poseía. Los defensores del neoliberalismo salieron a decir que las preocupaciones eran causadas por la paranoia propia de mente enfermas, e invitaban a la incorporación acrítica de tecnologías de vigilancia.
Así fue como, con una casi nula discusión sobre las implicaciones de esta tecnología en el contexto Colombiano, se impuso. El 15 de septiembre del mismo año, después de una asamblea, se hizo un mitin hacia el bloque administrativo en compañía de defensores de derechos humanos y profesores; esa vez, por orden del gobernador de Antioquia entró el ESMAD a reprimir a los manifestantes que se encontraban con las manos alzadas y sin taparse el rostro. Los medios hicieron su habitual montaje alegando secuestro. Después de ese día se intensifico la represión con chequeo de cada persona al ingresar a la universidad, revisión de los bolsos y un convoy del ESMAD apostado permanentemente en cada una de las porterías, y sigue allí hasta la fecha.
Algunas personas se negaron a sacar el carné como símbolo de objeción por conciencia, entraban por porterías especiales donde eran sometidos a requisas minuciosas, maltratados intencionalmente por la vigilancia privada, apadrinada por el ESMAD. A mediados del mes de abril del presente año, estas personas no pudieron ingresar más a la universidad con la cédula de ciudadanía expedida legalmente. Ahora sólo se puede ingresar a la universidad chequeando la tal chip. Fue así, a través de la doctrina del shock, como se impuso una tecnología que es ampliamente cuestionada en el mundo sin que la administración argumentara la justeza y las bondades de su implantación, es decir sin un debate científico.
En este momento la Universidad Nacional sede Bogotá, está en el mismo proceso de “securitización”. Sería muy pertinente aprovechar el momento, gracias a la experiencia en la UdeA, para poner en discusión y someter al debate las implicaciones de este tipo de tecnologías, que permiten desde establecer pautas de consumo, redes de relaciones sociales, hasta el trazado de recorridos y pautas de conducta. Para ilustrar el tema a nivel nacional es bueno ver este vídeo http://j.mp/mFNBaQ, donde los RFID son aplicados a la Industria en Colombia. Allí se explica la trasavilidad que tiene el RFID y demuestra que no es ciencia ficción sacada de mentes paranoicas (Explicación de trasavilidad y vigilancia a través del RFID http://fon.gs/rfid2/) ¿Se imaginan un lector de RFID en una tanqueta, durante una jornada de movilización? Nuevamente, el genocidio será muy eficiente. Pero la tecnología es sólo una parte de este modelo, que obedece a decisiones políticas de todos los estamentos de la universidad.
Lo que necesitamos
Como principio, las administraciones deben dejar de usar la doctrina del shock para imponer sobre los otros estamentos los lineamientos recibidos por organismos ajenos a la universidad. Además, debe dejar de señalar las propuestas políticas, entorpecer los procesos organizativos de los estudiantes, arrancar los afiches, hacer seguimientos dentro de la universidad, hostigar en las entradas de las porterías. Parar la persecución intelectual en los salones a los estudiantes mediante frases como “esto no es una asamblea, acá hacemos ciencia”. Todas estas conductas represivas sobre el pensamiento sólo provocan que los actores armados (presentes en toda la sociedad) se legitimen y ganen fuerza al hacer ver que esa es la razón lógica y la única propuesta en un contexto donde el diferente no se pude expresar, donde el disidente no puede hablar porque sus ideas son erróneas y, por lo tanto, para algunos, susceptibles de ser extirpadas de la sociedad.
A considerar:
1. La adjetivación se convirtió en el arma de lucha política predilecta de la administración y la presidencia. Es así como mediante el uso del terrorismo mediático convierten a quienes quieren una sociedad diferente o justa en extremistas y agitadores, negando que así como de diversos somos los estudiantes, así de diversas son las propuestas políticas de los mismos, y además poniéndonos a todos en el ojo del conflicto armado.
2. La interiorización del miedo en los estudiantes reproducida por los mismos docentes vuelven la condición política y argumentativa de cada estudiante ajena y externa al ser mismo. Es así como empiezan a existir estudiantes “normales” y “los de la asamblea”, o estudiantes “normales” y “los de las oficinas estudiantiles”; desde los primeros semestres se sataniza y se “enseña” a temer, a tener cuidado, pues el terrorismo está presente en todos estos espacios.
3. Justificación del la violencia política a través de frases como “les he dicho a los muchachos: yo no voy a entrar el paramilitarismo, quienes lo traen son ustedes con sus acciones”; como cuando los sicarios dicen, “si los matan es por su culpa, por habladores y por sapos; o algo debían”. Qué parecida la situación a los conflictos laborales en las empresas, pues bajo este marco son los trabajadores los culpables de que los paramilitares los asesinen, no es el empleador quien los lleva al conflicto y los patrocina.
Finalmente lo que realmente no se logra entender es por qué la seguridad privada sigue en las universidades, y, además, sorprendentemente, realizando labores que la Constitución y la ley asignan de manera exclusiva a las instituciones del Estado, “sólo cuando hallan razones fundadas para ello” Las universidades públicas no pueden renunciar a uno de los grandes logros del movimiento estudiantil latinoamericano: hacer efectivo el manifiesto de los estudiantes de la Universidad de Córdoba de 1918, el cual planteó la salida de la Iglesia y la bota militar de nuestros espacios de aprendizaje.
0 comentarios:
Publicar un comentario