El Espectador consultó a algunos senadores sobre el ambiente que hay en el Congreso para aprobar la reestructuración a la Ley 30.
“La reforma a la educación superior se caerá sola en el Congreso”, sentenció el profesor Francisco Cajiao, exasesor del Ministerio de Educación, en una entrevista a la Radio Nacional de Colombia. Desde el pasado 10 de marzo, cuando se conocieron las principales propuestas de la reforma a la Ley 30, se han escuchado las voces de protesta de profesores y rectores que argumentan que la iniciativa no alivia el déficit presupuestal de la educación pública. Los estudiantes también han dejado por sentado su desacuerdo con lo que ellos llaman “la privatización de la educación”, por medio de manifestaciones que muchas veces han terminado en actos violentos. Pero poco protagonismo ha tenido el Congreso de la República, que es finalmente el encargado de dar el visto bueno al proyecto o de hundirlo definitivamente,
¿Se cumplirá la sentencia del profesor Cajiao? ¿Cuál es el ambiente que ronda en este recinto para discutir una reforma a la educación superior? El Espectador consultó a algunos senadores para conocer su opinión. La mayoría de ellos se mostraron de acuerdo con una reforma y, especialmente, con la propuesta que busca crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro, es decir, que les da la bienvenida a las empresas para que inviertan en las universidades o creen nuevas instituciones.
El senador del Partido Verde John Sudarsky comparte esta fórmula para ampliar la cobertura. “Dada la expansión que tuvo la educación secundaria, durante los últimos ocho años, están saliendo muchos jóvenes a la calle demandando educación superior. El Estado está haciendo un esfuerzo considerable para aumentar la financiación de la universidad pública, pero tiene que experimentar con nuevas alternativas o si no no va a poder suplir la demanda”.
En el mismo sentido se pronunció el senador Carlos Ferro, del Partido de la U. Según él, la propuesta es viable siempre y cuando el Gobierno “le aclare a la opinión pública hasta dónde la inversión de los privados va a ayudar a aumentar los cupos y, además, garantice que los recursos que hoy están transfiriendo a las universidades públicas se mantengan”. Dice que es una propuesta que requiere análisis, estudio y escenarios de debate, y que debe defender calidad, cobertura y fondos para la educación pública.
A la lista de quienes apoyan esta iniciativa se sumó también el senador liberal Eugenio Prieto Soto. Él comparte que se dé juego a la inversión privada, pero asegura que la discusión tiene que girar también en torno a otros temas: “Cómo vamos a combatir la deserción, cuál es el rol que va a cumplir el Sena, cuál es el papel de las instituciones técnicas y tecnológicas. Además, cuál será la participación de las comunidades educativas en la construcción de las propuestas. Este no puede ser sólo un Gobierno de unidad nacional porque tiene un acuerdo político en el funcionamiento del Congreso, sino en la medida en que construya procesos de diálogo en proyectos de esta magnitud”.
Al otro lado de la balanza está el Polo Democrático. Así lo hizo saber el senador Jorge Robledo, quien afirmó que esta reforma no apunta a solucionar el déficit de la universidad publica, tal y como lo ha advertido el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. “El Gobierno insiste en que hay que aumentar los cupos, pero no incrementa los recursos”. Y mostró su total desacuerdo con la idea de que las universidades privadas puedan ser entidades con ánimo de lucro. “Su objetivo no será brindar información sino producir ganancias, y eso cómo se logra: subiendo las matrículas y, del otro lado, bajando los costos a todo lo que se pueda bajar: profesores más baratos, menos laboratorios, más muchachos por salón. Esa lógica golpea la calidad de la educación”.
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