Bogotá D.C., mar. 10 de 2011 - Agencia de Noticias UN - Rectores consideran que la reforma a la Ley 30, presentada por el gobierno nacional la noche del jueves, no resuelve las dificultades de financiación de las universidades públicas.
“Después de hacer un análisis en el sistema universitario estatal, podemos afirmar que la propuesta financiera para las universidades públicas no responde al problema estructural de falta de recursos de estas”, afirmó el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman.
En las dos últimas décadas, las instituciones universitarias públicas aumentaron cobertura en pregrado y multiplicaron por cinco la de posgrado, crecieron en investigación y extensión, pero… con el presupuesto congelado desde 1998. Nada de esto es analizado en la reforma presentada por el Presidente Juan Manuel Santos.Este déficit financiero podría afectar a corto plazo los buenos resultados obtenidos en la última década. “Estamos produciendo profesionales de alta calidad a costos más bajos que los de la universidad privada. Pero nuestro crecimiento tiene un límite y estamos cerca de este”, advirtió Wasserman. “No podemos estirar más la cuerda”.
Luis Alberto Uribe, rector de la Universidad de Antioquia, también se refirió a las falencias de la propuesta gubernamental frente al tema financiero. “Lo presentado es lo mismo que se había discutido con el anterior gobierno, es más, están retrasados porque ya deberían estar vigentes algunos incrementos presupuestales”.
Para el rector de la Universidad del Valle, Iván Ramos Calderón, el siguiente paso es conocer cada uno de los artículos de la nueva reforma para valorarlos y comentarlos, pues aun con la presentación del Presidente, no se conoce el documento escrito. “Esperamos tener tiempo suficiente para desarrollar la discusión ante la cantidad de puntos propuestos”, puntualizó.
Los cuatro objetivos de la reforma
La reforma planteada tiene cuatro grandes objetivos:
Primero: promover mayor calidad en la enseñanza y la investigación, para lo que se propone mejorar los sistemas de aseguramiento de la calidad y utilizar el 10% de las regalías para proyectos de ciencia y tecnología de impacto regional.
Segundo: disminuir la deserción y mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema, buscando la flexibilización de la oferta y la participación regional. Para lograr este objetivo, se aumentará la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior (IES), incrementando el 1% de los recursos actuales en el 2012, el 2% en el 2013 y el 3% entre el 2014 y el 2019.
También se propone aumentar la participación del sector privado en la financiación de proyectos investigativos, teniendo como modelo los parques tecnológicos donde esté presente la alianza Universidad–Empresa–Estado.
A su vez, se plantea la creación de universidades con ánimo de lucro, teniendo como referente el modelo brasileño que permitió la expansión del sector de la educación superior en este país de 1.800.000 estudiantes a 6.000.000 en menos de 20 años.
En tercer lugar, se busca adecuar la oferta de programas académicos a las necesidades productivas y sociales de las regiones, para lo que se crearían comités departamentales de educación superior.
Finalmente, otro de los objetivos es fundamentar la gestión educativa en el buen gobierno y la transparencia, buscando una mayor rendición de cuentas por parte de las universidades.
Antes de presentar el articulado final ante el Congreso Nacional, las anteriores propuestas serán discutidas por IES públicas y privadas con la participación del sector productivo e integrantes de organizaciones sociales.
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