Pablo Biojó
Los últimos sucesos protagonizados por las tensiones y pugnas entre los poderes institucionales de la Gobernación y la Universidad de la Guajira, dejan expuesto los matices de la aguda crisis ético-política que padece la condición de lo público en el departamento. Pero nuestra intención tras los hechos, es leer algunas reacciones y fenómenos en el camino de la reflexión, que permitan una mirada desde los actores y los intereses en juego. Wilmar Sierra (Actual representante de los Ex – rectores en el consejo Superior y Ex -vicerrector de la Ex –Rectora Maritza León), en su análisis sobre el estado de la universidad, sustenta la tesis del isomorfismo coercitivo como factor inhibidor del desarrollo institucional, consideración que al mismo tiempo se ajusta a un ejercicio autocritico del sistema de gobierno universitario endogámico, autoritario y coercitivo que ha encabezado por más de 6 años al lado de Maritza León Vanegas y otros/as mercenarios/as de la academia. La anterior, fue piedra angular de la designación al cargo de rector de Carlos Robles, quien se autodefine como el señor del poder, la plata y el cojón, dejando clara su naturaleza pre-moderna y primitiva. Pero además, deja entrever el peligro a que enfrentan quienes ejercen la opinión crítica y la oposición en la universidad.
Es común hablar del año político en un departamento que en el ejercicio de lo público desafía los marcos de referencia de los anti-valores y que ejerce un generalizado patrón de mutación ético-social, donde la perversión y la ilegalidad es vista con buenos ojos, donde los imaginarios padecen los residuos patológicos culturales de la época de la marimba, como se le conoce a la bonanza de la marihuana vivida por el departamento en las décadas de los 70s y 80s, décadas heredadas por el narco-paramilitarismo que hoy está en disputa por el control político, económico, social y territorial.
El año político en la Guajira, ubica una fisura en el bloque de poder, grieta por donde se tramita la parcelación de instituciones y cargos públicos, además se ventilan informalmente las tensiones existentes al grueso de la comunidad. La familia hoy en disputa es una sola, que ha gobernado y amordazado por más de dos décadas el departamento, sus pilares son los primos hermanos Jorge Pérez Bernier (Actual Gobernador) y Jorge Ballesteros Bernier (Senador de la U investigado por Para-político). Estos monumentos a la decadencia política, hoy pugnan nuevamente la gobernación del departamento, al mejor estilo de los clásicos del fútbol con el pueblo en condición de pasto porque ya no sé le permite ser espectador. El primero, apadrina la candidatura del conservador Bladimiro Cuello, y el segundo por el cuestionado y oscuro personaje Kiko Gomez. Podría afirmar que ambos son oscuros, en razón de los padrinazgos en la sombra en el teatro macabro de la mafiosa plutocracia. Según verdadabierta.com, son cinco las ramificaciones paramiltares presentes en el departamento, que no operan exclusivamente en el tráfico de drogas y armas, sino que tienen una densa participación burocrática en instituciones como la Gobernación y la Universidad de la Guajira, un fenómenos similar o idéntico al presentado en el Departamento de Córdoba y Cesar, o por no decir lo menos en el Caribe.
En este contexto entra la universidad y sus estamentos, con los amigos y amigas del rector, por no decir el rector, alinderados con Jorge Ballesteros y KIKO GOMEZ en la puja por la gobernación del departamento. En eso no se equivoca el señor Wilmar, el error es tratar de desconocer las otras alineaciones con fidelidades exclusivas a Kiko Gómez en la universidad donde debería ubicarse él, Maritza León y sus mercenarios. Lo otro es pretenderse defensores de la autonomía, representantes de una alta solvencia moral, altruista y justa, cuando por el contrario son los gestores de la inestabilidad, la incertidumbre y el terror en la comunidad universitaria.
Pero los trapos sucios de la casa no pueden dejar de lado el hecho de que los marcos de esta situación, están forjados en un modelo de educación superior suscrito a los flujos del neoliberalismo y los intereses del mercado hacia la privatización. En el caso de la universidad esto ha representado a la fecha un incremento del 150% del costo de la matrícula. Además, una reducción de los aportes de la nación al presupuesto total de la universidad, que en 1995 era del orden del 60.83% y para el año 2010 apenas llegaron al 20,5%, en conclusión, la nación ha dejado de aportarle a la universidad 40,3 puntos porcentuales en tan solo 15 años. Los aportes del departamento pasaron en 1995 del 10.4% al 7% en 2010, con una deuda desde 1993 que alcanza un monto de $ 66. 668 millones.
Lo paradójico de la situación, es que mientras en las otras universidades se suspenden actividades por las manifestaciones y movilizaciones de los estamentos universitarios, en la Guajira la razón de la suspensión, es forzar la entrega de recurso del departamento y colocar a los estudiantes como peones en el ajedrez milimétrico de los sectores en pugna. La suspensión deliberada y unilateralmente de las actividades académicas en la universidad el pasado 12 de Abril, no deja de indignar por la ilegitimidad e ilegalidad del acto y la indiferencia del Gobernador. Pero en nuestro caso, requiere mayor atención la necesaria continuidad del movimiento que se levantó y paralizo las vías del departamento. Creo en la urgencia de cualificar y transformar el conflicto vivido por la institución, de manera que no se marque como una asonada, sino como el anuncio de una marea democratizadora y democratizante de la Universidad, como la antesala a la organización y articulación de los diferentes estamentos universitarios y como ensordecedora voz de dignidad contra el PND y la reforma autoritaria de la ley 30.
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