Declaración
del Congreso de los Pueblos sobre el proceso de paz en curso
En el
marco de la XVII Comisión Política, realizada el pasado 28 de Febrero de este
año, el Congreso de los Pueblos reafirma su compromiso por defender en primera
instancia los esfuerzos que desde la mesa de negociación de la Habana se vienen
realizando por superar la confrontación armada que vive Colombia hace mas de 60
años, y segundo nos reafirmamos como actor social y político en el país,
convocando al pueblo Colombiano a refrendar los acuerdos que desde las mesas de
negociación se pacten y a generar procesos de movilización amplios, convocantes
y activos.
En este sentido:
1. El
Congreso de los Pueblos reafirma que la solución del conflicto armado
colombiano debe acompañarse de profundas transformaciones políticas y
socio-económicas, que solo pueden hacerse realidad con una participación
decisoria de la sociedad, especialmente de comunidades y organizaciones
populares que han sido excluidas históricamente de la construcción y dirección
del Estado y la nación colombianos.
2. El
Congreso de los Pueblos nuevamente saluda los diálogos dirigidos a la
terminación de la confrontación armada en el país, que se adelantan entre el
gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP;
exigimos asimismo la instalación de la fase pública de los diálogos con el
Ejército de Liberación Nacional ELN; y demandamos que se busquen los
acercamientos con el Ejército Popular de Liberación EPL.
Respaldamos
la decisión que han tomado las insurgencias de aproximarse a ese escenario, el
cual debe abrir, mediante el diálogo político, reales condiciones democráticas
para la acción política del movimiento popular con garantías y libertades
socio-políticas.
Reconocemos
el esfuerzo conjunto que realizan el gobierno de Juan Manuel Santos y las
FARC-EP para terminar el conflicto armado. Rechazamos el propósito
gubernamental de instrumentalizarlos para profundizar un modelo económico
inicuo que ha fracasado y para desactivar la movilización y protesta sociales.
3.
Frente a la inminente firma de acuerdos finales entre las FARC-EP y el
gobierno, el Congreso de los Pueblos manifiesta que respaldará únicamente el
mecanismo de refrendación que se acuerde por las partes. Acordado dicho
mecanismo, llamaremos a votar afirmativamente por la refrendación del acuerdo
general a que se llegue entre el gobierno y las FARC-EP.
Exigimos
al gobierno nacional no continuar con procedimientos unilaterales, porque
desgastan las figuras jurídicas posibles, desorientan a la ciudadanía que apoya
los diálogos y dan oportunidad a la extrema derecha militarista para realizar
sus acciones de sabotaje al proceso.
4. La
implementación de todos los acuerdos a que lleguen el gobierno y las
insurgencias debe ser concertada oportunamente --incluido el consentimiento
previo e informado-- con las autoridades y organizaciones de los pueblos
indígenas y afro, las comunidades campesinas y urbanas, así como las
organizaciones sectoriales, en la medida que puedan afectarlas directamente.
Llamamos
al conjunto de autoridades y organizaciones populares, así como a las
autoridades de los municipios colombianos, para que la implementación de los
acuerdos se traduzca en el fortalecimiento de la institucionalidad popular
alternativa y de los diversos ejercicios de poder constituyente. Este propósito
debe concretarse en la construcción de nuevos instrumentos para la autonomía
popular, tales como un nuevo ordenamiento territorial y el reconocimiento de
órganos populares de planeación y ejecución de políticas públicas. Solo así se
garantizará una participación decisoria de la sociedad en el proceso.
Los
mecanismos de localización de las fuerzas insurgentes en la fase de dejación o
desuso de armas pueden tener implicaciones territoriales, que no deberían
afectar a los gobiernos y procesos territoriales populares en su autonomía y
sus competencias. Llamamos a la Mesa de Diálogo de La Habana a habilitar de
inmediato los mecanismos de concertación requeridos; similar proceder deberá adoptarse
en los demás procesos.
5.
Repudiamos el propósito del gobierno nacional de aprovechar la dejación o
desuso de armas de las insurgencias, y en general el cese de la confrontación
armada, para profundizar la militarización de los territorios. Llamamos a la
más amplia movilización social contra este propósito injustificable. El fin de
la guerra debe significar el refuerzo de la institucionalidad civil y el control
territorial por parte de las mismas comunidades.
Asimismo,
rechazamos que el gobierno pretenda convertir la implementación de los acuerdos
en un mecanismo para realizar un ajuste institucional antidemocrático,
debilitar las organizaciones y procesos locales que han resistido al
neoliberalismo y a la guerra, azuzar conflictos comunitarios y promover una
piñata de recursos para recomponer una hegemonía clientelista.
6. Es
fundamental que las organizaciones sociales reforcemos los mecanismos de diálogo
y unidad para hacer de la implementación de los acuerdos un reforzamiento del
proceso constituyente popular. La resolución de tensiones territoriales es
urgente, para evitar que se exacerben en esta fase del proceso.
7.
Sigue pendiente que el gobierno nacional entienda que la participación
decisoria y protagónica de la sociedad es imprescindible para asegurar la
transición a la democracia. La Asamblea Nacional por la Paz –organizada por la
Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera USO-- y la Mesa Social para la
Paz –impulsada por varias de las más importantes organizaciones sociales del
país-- son escenarios claves para desarrollar ese gran Diálogo Nacional por la
paz que el país requiere.
Rechazamos
que el gobierno nacional y el empresariado hasta la fecha hayan sido
negligentes frente a esas propuestas, desestimando la posibilidad cierta de
entablar una negociación fructífera con los organizaciones populares, en
dirección a adoptar las transformaciones que son necesarias para la paz.
Insistimos en ellas.
La
construcción de una nueva institucionalidad para la paz la adelantaremos
directamente a partir de las propuestas que los diversos sectores sociales han
venido construyendo en los últimos años.
8. El Congreso de los Pueblos participará
activamente en las movilizaciones convocadas para el 17 de marzo próximo y el
gran paro nacional que tendrá lugar este semestre. Esas masivas protestas y
resistencias populares a una política socio-económica provocadora y
anti-popular, son un aporte sustantivo a la construcción de la paz con justicia
social.
XVII
Comisión Política Nacional
Congreso
de los Pueblos
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