El juez
44 penal del circuito decretó en segunda instancia la ilegalidad de la captura
de líderes sociales detenidos el pasado 8 de julio en Bogotá. Se espera que en
las próximas horas se haga efectiva su
libertad, tras la declaratoria de nulidad de la medida de aseguramiento.
Según
David Uribe, abogado defensor del periodista Sergio Segura, este hecho “implica que nos dan razón en la
injusticia que se ha cometido, esta declaración de ilegalidad significa que
debieron salir libres el pasado 10 de julio cuando se vencían los términos para
mantener su captura. Los hicieron pasar unos días en la cárcel sin causa justa.
El juez que asuma el caso no podrá tomar decisiones sin justificación
suficiente”.
Por su
parte Gloria Silva, abogada de la feminista Paola Salgado, resaltó que: “Este
es un acto de valentía de un juez de la República que a pesar de toda la
presión mediática que ha habido en este caso, de la presión de la fiscalía, de
la presidencia y de la policía, resolvió declarar la ilegalidad, primero del
procedimiento de captura atendiendo los argumentos de la defensa en el sentido
que la legalización de la misma se hizo con posterioridad al tiempo que la ley
establece. A la vez, atendiendo la petición del ministerio público y de la
defensa ordeno declarar la nulidad de la decisión de la medida de
aseguramiento”.
Lo
emitido por el juez da lugar y sentido a las diferentes denuncias hechas por
las diversas irregularidades cometidas desde el momento mismo de la captura. Y
si bien el proceso continua, este tendrá que darse en un marco contextual de
respeto por el debido proceso y con las debidas garantías para la defensa.
En este
sentido, Silva explicó que: “La juez puede dictar nuevamente la medida de
aseguramiento o puede adoptar una
decisión en el sentido que lo estime conveniente, lo cierto es que debe hacerlo
valorando de manera debida, todas las evidencias que fueron expuestas por la
fiscalía y resolver con los argumentos debidos, dado que este juez lo que
manifiesta es que brillo por su ausencia la aplicación del debido proceso”.
Esta
decisión si bien no absuelve de los cargos imputados a los 13 detenidos, si
deja en libertad a los mismos mientras continúa la debida investigación. Lo
cual si ratifica que estas personas no revisten peligrosidad para la sociedad,
desmintiendo todas las acusaciones y declaraciones dadas por el alto mando de
la policía, entre otros representantes institucionales.
Finalmente,
familiares y activistas sociales que acompañaron la audiencia expresaron su
alegria y manifestaron su expectativa para que la continuidad del proceso y una
posible nueva decisión, sea tomada en derecho, ratificando que "estas
personas no representan ninguna amenaza para la sociedad”.
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