“Jornadas de
Indignación Campesina, Étnica y Popular”
Cumbre
Agraria Étnica, Campesina y Popular
Seguimos
indignados, porque consideramos que los acuerdos incumplidos, las políticas
regresivas, la democracia restringida, la estigmatización y discriminación de
nuestras luchas y conquistas, la persecución política por parte del Estado son
actos injustos y ofensivos contra la esperanza de paz con justicia social que
anhela el pueblo colombiano.
A dos
años del paro nacional agrario (19 de agosto de 2013) y la Minga Indígena
Social y Popular (Octubre de 2013), en el que las comunidades rurales
presentaron al país los problemas reales que atacan al campo colombiano,
seguimos esperando que el gobierno haga honor a su palabra y cumpla con los más
de 200 acuerdos suscritos, de los cuales más del 70% han sido incumplidos.
En esa
oportunidad, el pueblo indignado recurrió a las vías de hecho, a la minga y la
movilización para exigir sus derechos obteniendo la represión, las amenazas y
la cárcel como respuesta inmediata del Estado. Luego cuando cansados de los
golpes, la cárcel y la muerte recurrimos a las vías legales y los procedimientos
administrativos del Estado, nos encontramos con trámites, papeleos, exigencias
y tecnicismos que impiden acceder a nuestros derechos y que se concreten los
acuerdos pactados.
¿Por
qué el Estado es diligente para negociar con los gremios económicos y agroindustriales
beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio, mientras a las
comunidades agrarias se les criminaliza, estigmatiza, persigue e ignora?, Nos
preguntamos: el Estado y el Gobierno entonces ¿para qué y para quién?
Quienes
con nuestra fuerza de trabajo sostenemos a Colombia, labrando la tierra,
llevando los alimentos a la mesa de cada colombiano(a) todos los días, luchando
cotidianamente por una vida con dignidad, hacemos un llamado al pueblo
colombiano a movilizarnos por lo que consideramos una política de doble
discurso; porque mientras se habla de paz, se continúa haciendo la guerra
contra el movimiento social y contra el pueblo en general, mediante medidas
políticas y jurídicas que legitiman el despojo que está a la base del conflicto
social y armado.
El
reciente informe del Censo Nacional Agropecuario evidencia una vez más que el
país requiere de profundas transformaciones si queremos superar la inequidad en
el uso y tenencia de la tierra que se encuentra en manos de un diminuto 0,4 %
de propietarios que posee el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso
agrícola. Las comunidades rurales, quienes producen el 70 % de la comida de
los(as) Colombianos(as) poseen propiedades que tienen menos de cinco hectáreas
(70 % de las fincas). Frente a este panorama, el gobierno insiste en imponer
una reforma agraria ajustada a sus intereses y promover un proyecto de ley que
pretende evadir las restricciones legales a la concentración de tierras baldías
en las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social
(ZIDRES) adjudicando los baldíos no sólo a campesinos desposeídos, como lo
contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas
agroindustriales; legalizando de esta manera la acumulación de tierras, facilitando
el despojo mediante la figura de expropiación, favoreciendo la extranjerización
de la tierra, el agua, los bienes comunes e incentivando alianzas productivas
asimétricas entre campesinos y corporaciones agroindustriales, todo lo cual
agravaría la desigualdad e inequidad en Colombia.
De otra
parte vemos como el Plan Nacional de Desarrollo PND (PND 2014 -2018. “Todos Por
un Nuevo País”) responde a las exigencias de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en nada se corresponde con su
aspiración de Paz, Equidad y Educación, pues sigue sustentando el “desarrollo
del país” en la explotación de materias primas entregadas a empresas
multinacionales, dejando desplazamiento, quiebras de las economías propias,
perdida de diversidad biológica y cultural, a cambio de recursos financieros
que no cubren siquiera los pasivos sociales y ambientales de la explotación.
Esto teniendo en cuenta que la crisis mundial de los precios del petróleo y materias primas deja una balanza comercial
negativa para el país.
No es
posible que se entregue el territorio nacional y los bienes comunes a la
explotación minera y petrolera mientras que se importan alrededor de 10
millones de toneladas en alimentos gracias a los TLC; mientras a los campesinos,
indígenas, afrocolombianos y sectores populares se les despoja de sus
territorios y bienes comunes para su subsistencia y la soberanía alimentaria de
toda la nación.
El
campo colombiano lo han convertido en un campo de batalla sembrado de muertes
que hoy más que nunca necesitan florecer y dar frutos para la paz. Esos frutos
solo serán posibles si abrimos campo a la participación política de las
comunidades agrarias para la definición de una Reforma Agraria Integral para el
Buen Vivir, pero con la participación activa de los sectores populares en las
ciudades.
Sabemos
que no solo los campesinos, campesinas, indígenas y negros somos excluidos en
este país, los rigores de las políticas de Estado en contra de los colombianos,
también la padecen sectores como la salud, la educación, los transportadores,
los trabajadores entre otros, todos somos víctimas del mismo sistema que cada día
nos empobrece más.
Por
estas y muchas otras razones invitamos a la ciudadanía, al país entero a que
nos movilicemos entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre en las que hemos
denominado jornadas de la indignación, campesina, étnica y popular para que nos
expresemos sin que nos cueste la vida y la libertad, para rechazar y debatir todas esas políticas de Estado que
nos indignan y excluyen, buscando construir
desde abajo y entre todos y todas el país que queremos.
Convocan:
Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Organización Nacional indígena de
Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario CNA, Mesa
Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria MUA, Marcha Patriótica, Asociación
Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, Asociación Campesina Popular
Asocampo, Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia
COMOSOC, Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Asociación Nacional
Campesina ASONALCAM, Proceso de Comunidades Negras PCN, Autoridad Nacional
Afrocolombiana ANAFRO.)
Cumbre
Popular Urbana
Asociación
Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – Anjeco
Comuna
Universitaria
Partido
Comunista de Colombia – PCC
Unión
Patriótica – UP
Juventud
Comunista Colombia – Juco
Clamor
Social por la Paz
Asociación
para el desarrollo agroindustrial y mineros de Colombia - Ademac
Asociación
Colombiana de Estudiantes Universitario - ACEU
Asociación
Nacional de Estudiantes de Secundaria – ANDES
Colectivo
de Jóvenes Trabajadores - CJT
Red de
Semillas Libres de Colombia
Confluencia
de Mujeres para la Acción Pública
Sindicato
de Trabajadores del Incoder – Sintraincoder
Comité
por la Defensa del San Juan de Dios, San Juan de Todos
Freskiemos
el Ambiente
Movimiento
Social de Discapacidad – MOSODIC
Mesa
Ecuménica por la Paz – MEP
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