Entre
los 15 detenidos hoy en Bogotá acusados de pertenecer a una célula urbana de la
insurgencia se encuentran líderes estudiantiles, comunitarios, y un periodista
de esta Agencia. “No dudamos que los detenidos son inocentes, manipulan a la
justicia para lograr un hecho mediático”, explican desde el Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos, quienes llevarán el patrocinio legal de
los detenidos junto a la Universidad Pedagógica Nacional, el Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y Justicia y Paz. El
Congreso de los Pueblos reconoció que 7 de los apresados pertenecen a esa
agrupación. “Algunos de ellos ni siquiera estaban en la ciudad cuando
sucedieron los hechos que se les atribuyen, se trata de un nuevo caso de falso
positivo judicial”, denunciaron. Desde el Polo Democrático Alternativo, el
senador Alberto Castilla exigió garantías al gobierno.
En
rueda de prensa realizada esta mañana en la sede del Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos, el Secretario General de la Universidad Pedagógica
Nacional, Helbert Choachí, denunció que los estudiantes de esa institución
sufren “persecución” y aclaró que 4 de los estudiantes detenidos hoy “se
encontraban fuera de la ciudad, en Fusa, preparando actividades académicas”
cuando sucedieron las explosiones que se les atribuyen. Entre los detenidos se
encuentran Heiler Lamprea, Representante del Consejo Superior de la Universidad
Pedagógica Nacional y Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la
Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, quien había recibido amenazas de
muerte por su labor social.
Otro de
los detenidos es el periodista Sergio Segura, corresponsal de esta Agencia,
especialista en temas de Conflicto y Paz, quien una semana atrás participó en
un Foro sobre Medios y Conflicto, realizado en la en la Universidad Nacional;
en el allanamiento a su domicilio le fue incautado parte de su archivo
periodístico.
“No
creemos que la responsabilidad de esos actos (explosiones en Bogotá) esté en
estos líderes sociales detenidos” señaló Franklin Castañeda, vocero del
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-.
Por su
parte el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo –PDA-
vinculó las detenciones a la noticia reciente del cese unilateral del fuego que
retomarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-. “Junto a la Cumbre
Agraria venimos denunciando la sistemática persecución al movimiento social
colombiano, que se reactiva en contextos como éste”, explicó Castilla, y exigió
“garantías al Gobierno Nacional”.
Desde
el Congreso de los Pueblos, agrupamiento al que pertenecen algunos de los
detenidos, la vocera nacional Alexandra Bermúdez también se refirió al gobierno
nacional: “Ayer a esta misma hora estábamos reunidos con el ministro del
Interior, el de Justicia, ya la viceministra de Defensa adelantando denuncias
por violación a los Derechos Humanos, y éstas son las respuestas que tenemos del
gobierno, las detenciones de estos líderes sociales, reconocidos dirigentes que
han participado en las movilizaciones y procesos organizativos de la
comunidad”. Bermúdez refirió además al asesinato de Carlos Pedraza en enero de
este año, reconocido dirigente de esa agrupación, y a una serie de amenazas
paramilitares contra referentes de esa colectividad.
“Que los medios de comunicación preserven la
presunción de inocencia”
“Es
lastimoso que el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad del Estado
intenten buscar responsabilidad en líderes y lideresas sociales ante los
atentados ocurridos. Están siendo culpados de actos de los cuales no van a
tener responsabilidad alguna”, afirmó Franklin Castañeda, vocero del Movice, y
agregó: “Esto no es nuevo, hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones
arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá
responder por hechos falsos como éstos. Ninguna de las personas acusadas en el
paro agrario acusada de vínculos con las insurgencias, sea de las FARC o del
Ejército de Liberación Nacional –ELN- permaneció detenida. Son falsos positivos
judiciales, los medios de comunicación deberían conocer esto y preservar la
presunción de inocencia”, concluyó.
A disposición de la Fiscalía
Según
el Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos, los detenidos “no están
teniendo la posibilidad de tener un debido proceso, se les adelantan condenas
públicas al señalarlos como miembros de organizaciones insurgentes sin
posibilidad de defensa”. Ante eso exigen “debido proceso y la libertad” de las
15 personas apresadas, que hoy serán puestos a disposición de la Fiscalía.
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