Programa para la rectoría de la Universidad Nacional período 2015-2018 Mario Hernández Álvarez
¡Sí
podemos: universidad pública, nacional y estatal!
Mario
Hernández Álvarez
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?
Es
claro que la Universidad Nacional está llegando a su límite de exigencia
institucional con los recursos disponibles. Si ha sostenido los indicadores de
productividad y visibilidad internacional no es por una gran gestión
institucional sino por un enorme esfuerzo cotidiano de la comunidad académica
sostenida en medio de la precariedad. Es un hecho que la insuficiencia del
financiamiento estatal ha obligado a la búsqueda desaforada de “recursos
propios” por medio de la venta de servicios académicos, más aún frente a la
amenaza de la crisis fiscal que se avecina. Esta permanente presión está
afectando la calidad de lo que hacemos y no nos permite disfrutar la
experiencia de la formación, el conocimiento y la creación.
El
rebusque y la concentración del esfuerzo en los logros personales o del pequeño
grupo está produciendo una gran fragmentación de la comunidad académica, un
serio distanciamiento entre sus miembros y una incapacidad para tramitar y
resolver conflictos, discriminaciones e inequidades crecientes.
Contrastan
los muchos acumulados de la Universidad Nacional con su pérdida de
participación y proyección en la vida nacional. El país atraviesa ciertamente
por una coyuntura crítica, pero a la vez cargada de esperanza asociada al empeño
de superación del conflicto armado. Construir una sociedad capaz de tramitar
sus conflictos por una vía pacífica y democrática es un proyecto de mediano y
largo plazo que tiene en la firma de un acuerdo de paz su indispensable
comienzo hacia transformaciones estructurales. Frente a este reto, la
Universidad Nacional deberá tomar alguno de los muchos caminos abiertos en el
post-acuerdo. Para ello, como universidad, y no como otra “institución
educativa” más, deberemos asumir a fondo nuestros propios conflictos, para
convertirnos en laboratorio vivo y paradigmático de construcción de democracia,
justicia y paz.
Hoy, la
Universidad Nacional se ve abocada a un profundo dilema: o continúa el camino
de la adaptación institucional a las exigencias de la mercantilización global
de la educación, la ciencia y la tecnología, para competir en un mercado
abierto en el que no hay diferenciación alguna; o se concentra en la
exploración profunda de su naturaleza, para reformular una identidad que le
permita acopiar su acumulado y reorientar su trayectoria, de manera democrática
y de cara a la sociedad colombiana.
Esta
aspiración a la rectoría pretende construir sobre lo construido, corregir lo
equivocado y desarrollar iniciativas creativas. Aglutinar a la comunidad universitaria
para transformar rumbo. Es una oportunidad para repensar la Universidad, la
academia y su compromiso con el país.
DESDE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PODEMOS
Nuestra
Universidad es un logro de la nación colombiana y es un resultado de la labor
de sus profesoras, profesores, estudiantes, trabajadoras y trabajadores. Todos
y todas construimos universidad en el día a día, desde la diversidad de las
ciencias, las profesiones y las artes, pero también de las culturas, las
regiones, las religiones, los géneros, las posiciones políticas. Es un poderoso
acumulado académico y cultural que ha formado a miles de profesionales de todas
las ramas del conocimiento y del saber, fundamentales para el crecimiento
cultural, científico, social y económico del país. Hemos sido un baluarte de
los valores democráticos que fundan las aspiraciones de paz de la sociedad
colombiana.
Desde
el lugar que ocupamos, aún en medio de la dispersión y el individualismo
rampante, no se puede olvidar lo que valoramos como el factor capital: la
Universidad Nacional es una comunidad con historia. Es desde ese alto lugar
común desde donde relanzamos los valores de una verdadera cultura universitaria
de reconocimiento mutuo, de respeto y de construcción colectiva a partir de
reglas claras y escenarios legítimos. Más que expertos con competencias, somos
intelectuales.
En la
Universidad se ha expandido la sensación de una aberrante paradoja: cada vez
hay menos tiempo para la actividad académica. Si nos vinculamos a esta
universidad fue con la expectativa de poder hacer buena docencia, investigar o
crear. Poder dedicarse a esas actividades con la concentración que ellas exigen
es una aspiración central en la vida de los académicos. La falta de condiciones
materiales y la proliferación de arbitrarias exigencias burocráticas están
asfixiando la vocación por el conocimiento y el ambiente intelectual que se
requiere.
Desde
la comunidad universitaria podemos repensar y reorientar la Universidad, para
desarrollar su naturaleza institucional y proyectarla en el largo plazo. Para
ello, debemos entrar en la preparación y realización de un Congreso
Universitario, aspiración de muchos de sus miembros, como escenario legítimo
para revisar las reformas institucionales recientes, ponernos de cara a la
sociedad colombiana y al mundo, desde la diversidad regional, y construir
pactos sobre lo común. El Congreso será un proceso de construcción autónoma de
decisiones, con la participación amplia y democrática de los tres estamentos
universitarios. Desde el comienzo mismo de mi gestión pondré el Congreso en el
orden de lo urgente. Su realización se programará para un tiempo anterior a la
terminación del presente año.
UNIVERSIDAD PÚBLICA
¿Qué
significa el carácter público de la Universidad? Nada menos que diversidad,
pluralismo y democracia. Diversidad plena, no confesionalidad disfrazada de
modernización y eficiencia. No existe un “bien público” abstracto. Existimos
públicos, que construimos identidades y proyectos colectivos. Por eso, lo
público es una construcción permanente, que parte del reconocimiento de las
diferencias y encuentra caminos solidarios para reconocer aquello que
compartimos y podemos reconocer como común.
La naturaleza
pública está atada al concepto de autonomía universitaria, tanto académica,
como administrativa y de gobierno. Pero el ejercicio de autonomía no puede
hacerse sin democracia. Se requieren nuevas formas de gobierno universitario,
basado en la ampliación de los cuerpos colegiados y la elección directa de sus
directivas, que permitan garantizar decisiones colegiadas y transparencia
plena, sin cajas negras en la administración de los recursos. Esta
democratización permitirá mejorar superar la sensación de despilfarro y
corrupción que nos invade.
Democracia
significa reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos, libertad de
expresión, de asociación, organización y movilización, derechos sindicales y
derecho a la negociación colectiva. Los conflictos laborales no pueden seguir
aplazándose hasta llegar a las vías de hecho. Si se construyen pactos, hay que
honrarlos y cumplirlos.
Construir
lo público significa reconocer y fortalecer la diversidad cultural y de etnia,
dar cumplimiento y mejorar la política de equidad de género y avanzar
seriamente en la política integral para la población en situación de
discapacidad.
La
calidad académica no puede seguir asimilándose al cumplimiento de requisitos de
acreditación. Calidad implica la articulación cuidadosa entre formación,
investigación y extensión con el reconocimiento de las especificidades
disciplinarias, profesionales, de las artes y los nexos transdisciplinarios. La
reforma académica y las reglas para la extensión y la investigación requieren
un análisis detallado para adoptar concertadamente los cambios necesarios.
El
Bienestar universitario debe ser concebido no como un conjunto de subsidios
para estudiantes pobres, sino como una organización de los recursos para
generar las condiciones que demanda el trabajo académico. Sin ellas no hay
calidad académica posible, más allá de los sellos de acreditación que tanto
confunden.
El
carácter público nos obliga a recuperar el liderazgo en el sistema de educación
superior, en especial, en el Sistema de Universidades Estatales (SUE) para
valorar con otros ojos el papel de estas universidades en la reorganización de
un verdadero sistema de educación superior, donde el mercado y la competencia
individualista no predomine, sino que avancemos hacia la complementariedad y la
colaboración para afrontar problemas nacionales desde las regiones.
Desarrollar
el carácter público implica pensar en la manera como participamos en la
construcción de lo público en el país, desde sus muy diversos públicos y
regiones; un compromiso con la solidaridad, el respeto y la identificación de
los asuntos comunes y prioritarios, para salir de la violencia, el “sálvese
quien pueda” y la impunidad cotidiana.
Significa
construir relaciones estratégicas internacionales para recuperar la naturaleza
pública del conocimiento, superar la lógica monopólica de las normas de
propiedad intelectual, y exigir equidad en la producción y el acceso a la
ciencia y la tecnología, con perspectiva latinoamericana y de colaboración
Sur-Sur.
UNIVERSIDAD NACIONAL
¿Qué
significa nacional, en el nombre mismo de esta Universidad? Sin duda alguna, el
acumulado institucional y el compromiso con la construcción de nación desde las
regiones, desde la diversidad cultural, étnica y de género.
Significa
un intenso esfuerzo por repensar la actividad académica que realizamos, la
docencia, la investigación, la innovación, la creación artística, la extensión
universitaria, en relación, interacción y compromiso con la sociedad que somos
y que quisiéramos ser, en medio de la geopolítica dominante a la que llamamos
eufemísticamente “globalización”.
El
carácter nacional implica repensar el valor patrimonial de esta Universidad,
que tanto en Bogotá como en las demás sedes hace parte de la identidad de las
ciudades, las regiones y el país. Reconocer el patrimonio intangible significa
retomar la obra de distintas generaciones de rectores, decanos, decanas,
profesoras, profesores, estudiantes, trabajadoras y trabajadores, egresadas y
egresados. No podemos entrar en la lógica de un proyecto inmobiliario en
expansión. Por el contrario, es necesario rediseñar un genuino sistema
combinado de formación, investigación, extensión y educación cultural, que
fortalezca el Sistema Nacional de Patrimonio y Museos, que resignifique los
espacios culturales de los campus y los articule a las ciudades y las regiones.
De
ninguna manera es posible vender un centímetro del campus ampliado de la sede
Bogotá en el proyecto de renovación del CAN. Por el contrario, es necesario proteger
y renovar la Unidad Camilo Torres y el Edificio Uriel Gutiérrez, y proponer el
desarrollo bien financiado del Hospital Universitario en articulación con un
“centro hospitalario de occidente” que la ciudad y el país requieren. Al mismo
tiempo, nacional significa reconocer el aporte que la Universidad tuvo en la
profesionalización en salud en el Hospital San Juan de Dios, y contribuir a su
reapertura con prudencia pero con decisión, iniciativa y presencia de su
comunidad universitaria.
Reconocer
el patrimonio tangible e intangible pasa por valorar seriamente la posibilidad
de declarar el campus de Bogotá un Bien de Interés Cultural (BIC) y recurrir a
su historia, al proyecto bauhaus que Leopoldo Rother imaginó, para obtener
recursos nacionales e internacionales para su restauración y ampliación
inteligente. Un bien común, un espacio público agradable, sustentable, peatonal
y con transporte interno colectivo, abierto todos los días -incluido viernes,
fines de semana y noche- para el goce pleno de la vida académica.
Una
nueva organización intersedes es necesaria en la Universidad. Las relaciones
entre la Universidad y la sociedad tienen profundas particularidades en las
regiones que no son percibidas desde el centro. La autonomía deberá ejercerse
en las sedes, y desde ellas, generar el los pactos sobre la identidad y la
unidad institucional desde la diversidad territorial.
Lo
anterior supone una revisión atenta de los proyectos de inversión que se vienen
proponiendo desde las necesidades de las sedes y facultades, para construir
acuerdos sobre un esquema de prioridades en la perspectiva de lo que significa
campus universitario en todas las sedes. Más aún si se tienen en cuenta los
bajos recaudos por el impuesto de la “estampilla UN” y la imposibilidad de respaldar
cualquier empréstito sin contar con respaldo, pero disfrazado de “subsidio a la
oferta” mientras engorda las arcas del sector financiero.
UNIVERSIDAD ESTATAL
La
Universidad Nacional hace parte del Estado pero no es propiedad de ningún
gobierno, instancia u organización política. Es una institución estatal de
naturaleza constitucional especial, precisamente porque de otra forma la
autonomía se convierte en autosostenibilidad en un mercado abierto. Es
necesario que la sociedad, el Estado y quienes la constituimos entendamos esta
dimensión plenamente para exigir a los poderes del Estado un inaplazable nuevo
trato para la Universidad Nacional.
Este
nuevo trato se debe traducir en financiamiento estable y suficiente, a partir
del pago de la deuda acumulada con las universidades públicas por parte del
Estado, acorde con la expansión que ha tenido la Universidad y con la que
podría tener. Una ampliación responsable de la cobertura, desde el
reconocimiento del carácter estatal, pasa por un incremento sostenido del
presupuesto nacional y no por la disputa por los cupos de subsidio a la demanda
para pobres. Universalidad en el acceso, más que focalización, es lo que
realmente construye equidad y reconocimiento. “Ser pilo paga” es el comienzo de
la transformación del financiamiento de la oferta (presupuesto) hacia el
subsidio a la demanda de los pobres (pago por cupos), como el régimen
subsidiado en salud, para retirar de una vez por todas las diferencias entre lo
público y lo privado en educación superior. Por esta vía, las universidades
públicas pronto nos veremos sometidas a la competencia voraz por los recursos
públicos, pero con el lastre de una deuda acumulada. Como los hospitales, esta
ruta conduce al callejón sin salida del ajuste por lo bajo o a la quiebra.
El
sistema de admisión vigente debe ser revisado. Es inequitativo porque
discrimina entre disciplinas, profesiones y artes. Ha causado sensibles
traumatismos en los programas de sedes como Palmira, Manizales y Medellín, y
preocupa la disminución de la admisión de estudiantes mujeres, que en el primer
semestre de 2014 apenas alcanzó el 36%.
Un
nuevo trato del Estado pasa por reconocer la actividad académica en todas sus
dimensiones, revalorar el papel de la docencia, su calidad y la innovación
pedagógica, para superar el sesgo hacia cierto tipo de publicaciones, reconocer
y superar los abusos. Implica la reformulación, desde las comunidades
académicas, de la política de ciencia, tecnología e innovación, que supere el
pragmatismo de la supuesta innovación tecnológica y el disfraz de competencia
en que han caído las convocatorias de Colciencias. Esta tendencia burocrática
subordina, minimiza y oculta el papel de las ciencias humanas y sociales, las
artes y las profesiones como la arquitectura, el derecho y otras más. Se
requiere respetar la autonomía académica y afianzar la construcción colectiva
de conocimiento, la creación y la innovación desde los grupos, con equidad y
reconocimiento de sus especificidades, y reorientar la inversión de los
recursos de las regalías en las regiones hacia sus verdaderas necesidades y
prioridades regionales y nacionales.
Pero
para recibir ese nuevo trato, se requiere un liderazgo de la Universidad en la
formulación de políticas públicas de Estado, comenzando por una nueva ley de
educación superior, necesidad que eludió el actual gobierno para construir un
supuesto acuerdo que profundiza la mercantilización y el subsidio a la demanda.
Se requiere una vocería que exprese las propuestas alternativas al Acuerdo por
lo Superior 2034. El conocimiento debe ser entendido como un bien público de
acceso universal y la educación superior como un derecho fundamental. Para su
garantía, se requiere un nuevo pacto político que ponga en el centro la
educación como derecho universal y no como servicio obtenido en el mercado de
manera diferencial e inequitativa según la capacidad de pago de las familias.
El subsidio a la demanda no hace más que reproducir las desigualdades
existentes y concentrar los recursos públicos en unos pocos, como lo ha demostrado
el sistema de salud.
Es
necesario comprometernos con la formulación democrática de una política de
Estado para construir la paz que asuma el reto de transformaciones
estructurales. En su seno deberá estar un nuevo sistema de salud y seguridad
social, que supere la obcecada defensa de la intermediación financiera por
parte de todos los gobernantes; políticas de sustentabilidad ambiental, de
tierras, de soberanía alimentaria, que ceden abiertamente frente a las
urgencias de la dependencia derivada de la reprimarización de la economía
nacional, entre otras.
En síntesis, propongo:
1. Desde el reconocimiento de la comunidad
universitaria, entrar en un proceso de organización y realización de un
Congreso Universitario para transformar el rumbo institucional con visión de
largo plazo.
2. Desarrollar la naturaleza pública de la
Universidad a través de su democratización para el ejercicio pleno de la
autonomía, desde la garantía de derechos y la redefinición de nuestras reglas y
políticas institucionales.
3. Participar decididamente en la construcción
de nación desde el vínculo profundo con las realidades regionales y la
diversidad.
4. Hacer valer la naturaleza estatal de la
Universidad, para demandar un nuevo trato del estado, al tiempo que nos
comprometemos con la construcción de políticas de Estado para la construcción
de la paz.
Miembros
de esta comunidad universitaria: he conocido en detalle el proceso de deterioro
de nuestras relaciones, bajo el manto de la supuesta “universidad de talla
mundial”. Es el momento de reorientar nuestro camino, de cara al país y al
mundo, con autonomía, inteligencia, creatividad, solidaridad y amor por la
academia y el país.
¡SÍ PODEMOS:
UNIVERSIDAD PÚBLICA, NACIONAL Y ESTATAL!
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