El
Tribunal Administrativo del Valle condenó a la nación, al ministerio de defensa
y a la Policía Nacional por la muerte de Jhonny Silva, el estudiante de la
Universidad del Valle asesinado por un escuadrón del ESMAD.
La
justicia consideró que la muerte de Jhonny Silva fue una ejecución
extrajudicial, el fallo ordena indemnizar a la familia con 150 salarios legales
mínimos vigentes, lo que fue considerado por la familia como una burla ya que
ninguna suma puede reponer la perdida y tampoco puede borrar los años de
sufrimientos y la revictimización a la que fueron sometidos ya que tuvieron que
acudir a la justicia internacional frente a la lentitud del proceso y la falta
de imparcialidad por parte de la fiscalía colombiana.
Según
el abogado del caso, Jorge Molano los 9 años de impunidad que cumple el crimen,
no han sido por falta de pruebas sino por la manera perversa en que ha actuado
la Fiscalía.
“Cuatro
meses después de la muerte de mi hijo fui a hablar con la directora seccional
de fiscalías de la época. Ella me dijo: ‘Don Wilman, no se le haga nada raro
que el caso de su hijo termine en la impunidad. Aquí el 99 % de casos queda
impune’. Tiempo después otro de los fiscales del caso me aconsejo esperar la
justicia divina”, afirma Wilman Silva, padre de Jhonny.
“Nuestro
caso lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008
–cuenta Wilman–. De parte de la Comisión siempre nos han contestado que ellos
manejan muchos casos a nivel latinoamericano y que nosotros estamos en turno…
por eso se han retrasado las cosas”.
El
proceso judicial en el caso de Silva fue accidentado y lleno de dilaciones de
hecho la primera decisión de importancia en el caso fue tomada dos años después
de los hechos, el 12 de septiembre del 2007, por la Fiscalía 41, adscrita a la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
Cali, cuando ordenó escuchar en indagatoria a quien se desempeñaba como
comandante del Esmad, el Capitán Gabriel Bonilla, y a dos intendentes del
órgano policial.
En el
2008, el ente investigador se abstuvo de ordenar la privación de la libertad de
los miembros del Esmad, sin embargo acusó al capitán Bonilla por los delitos de
homicidio culposo, lesiones personales culposas y prevaricato por omisión, en
ese momento el fiscal del caso concluyó que el oficial “violó el deber de
cuidado al permitir el ingreso de sus subalternos a las instalaciones de la
universidad, sin previa autorización”.
Igualmente,
declaró que Bonilla “omitió la requisa del personal a su mando, lo que habría
facilitado el accionar del arma de fuego, la cual fue disparada en la humanidad
del estudiante”.
En el
2009 el caso dio un nuevo giro, la Fiscalía 55 especializada en Derechos
Humanos reversó la acusación contra el oficial, presentando un recurso de
apelación en efecto suspensivo. Con esa decisión la Fiscalía libró de
responsabilidad al uniformado por la muerte de Jhonny Silva.
Los
hechos ocurridos ese jueves 22 de septiembre a las 6 30 de la tarde, se
presentaron en medio de una jornada de protestas universitarias a nivel
nacional por la implementación del TLC y por la ronda de negociaciones que tuvo
lugar en Cartagena durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.
El
fallo que acaba de emitir El Tribunal Administrativo del Valle, llega 9 años
después de un largo y penoso proceso por el que han pasado más de 10 fiscales,
la impunidad en torno a los asesinatos de estudiantes por parte de las
autoridades sigue siendo el factor predominante en tornos a los procesos que se
adelantan por hechos similares en todo el país.
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