Washington,
D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el
asesinato del defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza Salcedo en
Colombia, y expresa su profunda preocupación ante las continuas amenazas en
contra de organizaciones que defienden los derechos humanos y de periodistas en
ese país.
Según
información de público conocimiento, el 21 de enero de 2015 funcionarios de la
policía encontraron el cuerpo sin vida de Carlos Alberto Pedraza Salcedo,
presuntamente con un impacto de bala en la cabeza. La información disponible
indica que el defensor, que estaba desaparecido desde el 19 de enero, era
integrante del Proyecto Colombia Nunca Más, del Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado (MOVICE), de la Coordinación Regional del Movimiento
Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del
Congreso de los Pueblos, que hace parte de la Cumbre Nacional Agraria,
Campesina, Étnica y Popular.
Adicionalmente,
la Comisión recibió información que indica que el 11 de enero de 2015,
defensores y defensoras de derechos humanos del Atlántico, Sucre, Magdalena y
Bolívar recibieron amenazas escritas en sus viviendas y lugares de trabajo,
firmadas por el “Bloque Norte Costa-Atlántica de las Águilas Negras”, en los
que declara a las y los defensores como objetivo militar. La información
recibida indica que entre las y los defensores amenazados hay beneficiarios de
medidas cautelares otorgadas por la CIDH: José Humberto Torres, vice presidente
de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos (FCSPP); Ingrid Vergara,
secretaria en Sucre del Movimiento de Victimas y Crímenes de Estado (MOVICE); y
Martha Díaz, representante de las víctimas de los falsos positivos.
Por
otra parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que 38 personas
habrían sido amenazadas el 21 de enero de 2015 mediante un panfleto
presuntamente remitido por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC”.
Entre las personas amenazadas habría periodistas, defensores y defensoras de
derechos humanos y funcionarios y funcionarias de las administraciones
departamentales de Atlántico y Magdalena. Según información de público
conocimiento, la Defensoría del Pueblo solicitó un aumento en la seguridad para
garantizarles la vida a las personas amenazadas. Asimismo, la Defensoría del
Pueblo señaló que de las personas mencionadas con nombre propio en el panfleto,
12 tendrían medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección, dos
estarían en evaluación de riesgo, y la situación de otras 24 personas estaría
por establecerse. Varias de las defensoras y defensores amenazados también
cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
A
través de sus distintos mecanismos de monitoreo la CIDH ha venido constatando
la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de
defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Las agresiones en su
contra tendrían por finalidad acallar sus denuncias, relacionadas
principalmente con violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del
conflicto armado. La persistencia de estas agresiones, sumado a la falta de
avances sustanciales en cuanto al esclarecimiento, investigación y sanción de
los responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de
defensoras y defensores, constituyen un obstáculo para el libre ejercicio del
derecho a defender los derechos humanos, alimentando la impunidad e impidiendo
la plena realización del Estado de Derecho y la democracia. Asimismo, la CIDH
ha establecido que dada la importancia de la labor de información social que
cumplen los periodistas que cubren situaciones de conflicto armado, la prensa
que opera en estas circunstancias debe ser objeto de protecciones especiales y
facilidades por parte del Estado.
La CIDH
recuerda que es obligación del Estado conducir una investigación oportuna, de
oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió la
muerte de Carlos Alberto Pedraza Salcedo y, de ser el caso, identificar y
sancionar a los responsables. Asimismo, se llama al Estado a investigar las
amenazas de las cuales vienen siendo sujetos los y las defensoras de derechos
humanos con el objeto de evitar la repetición de las mismas. Dichas
investigaciones deben ser emprendidas con debida diligencia de manera
exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión recuerda el rol esencial que han
tenido y continúan teniendo las defensoras y defensores en la denuncia de
violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, así como
sus valiosos aportes en el proceso de búsqueda y consolidación de la paz en
Colombia. En este sentido, los actos de violencia, ataques y amenazas en su
contra afectan el rol fundamental que tienen en la sociedad y sumen en la
indefensión a todas aquellas para quienes trabajan.
La CIDH
es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover
la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano
consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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