La educación superior no es ni podrá ser un negocio

Victor Correa Vélez

Representante a la Cámara por Antioquia

Polo Democrático Alternativo

Durante las movilizaciones estudiantiles del año 2011, impulsadas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, como hito reciente se dejó clara la decisión colectiva del pueblo colombiano de defender la universidad pública y de rechazar la entrada de las Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, planteada inicialmente por el gobierno nacional.

La defensa del proyecto de país que porta la educación superior, la dimos en distintas dimensiones de la misma, la necesaria búsqueda de la autonomía universitaria, de democratización de los órganos de dirección de nuestras instituciones y del sistema,  los reclamos de adecuada financiación, entre otros, que se convierten sin duda en los componentes de una verdadera reforma a la educación superior.

Lastimosamente, la voluntad del gobierno no ha estado enfocada en buscar soluciones de fondo a los problemas históricos de la educación superior pública; por el contrario, el avance de los mecanismos financiación a la demanda por sobre aquellos de financiación a la oferta, el estrangulamiento presupuestal, el excesivo control político a los proceso de investigación, la presencia mayoritaria en los CSU, los ataques a la libertad de cátedra, la flexibilidad para la entrega de registros calificados a instituciones de dudosa calidad y la negativa a adelantar una verdadera reforma de fondo a nuestro sistema, perpetuán y profundizan las dificultades.

Se le suma a los problemas del sector público aquellos que se originan en las instituciones privadas. Recientemente casos como el de la Fundación Universitaria San Martín destapan el ánimo de lucro soterrado que se ha tomado muchas de estas instituciones, en manos de familias que malversan los recursos, en algunos casos con vínculos con negocios ilícitos e investigados por vínculos con paramilitares; además, muchas con serios problemas de calidad, y en su mayoría con ausencia de democracia y garantías democráticas para la participación y la libre opinión.

En estas instituciones, cientos de miles de jóvenes colombianos depositan sus sueños, irrespetados estos por quienes ven en sus instituciones meras fábricas productoras de dinero. En el caso de la San Martín, proceso que he acompañado con sus estudiantes desde hace un par de años, llegó a tal punto que no se pagaron ni los servicios públicos, ni los arrendamientos de las sedes; veía, desde que empecé con ellos, la necesidad de intervención estatal directa, es por eso que he mirado con interés los anuncios del gobierno nacional de un proyecto de ley que se lo permite, pues, siendo francos, las herramientas actuales del MEN no se lo permiten.

Siendo consiente de que dicho proyecto no es la salida a los problemas de la educación superior del país, que éste no puede servir para anestesiar la necesidad de una reforma profunda en clave de lo demandado por la MANE, y teniendo claro que, con mayor democracia donde los estamentos vigilen la administración de la universidad, lo de la San Martín no hubiera ocurrido, no he dado un no rotundo a la propuesta del MEN.

20.000 Jóvenes están hoy esperando una solución oportuna. La realidad del accionar de la familia Alvear, con una desidia descarada, pone en riesgo real la educación de estos compañeros y compañeras. Soy consciente que este proyecto debe nutrirse de una importante y amplia discusión, quizás el momento del año no sea el mejor, pero esto ha pasado durante años al frente de muchos, sin acciones contundentes que orienten solución.

He estado analizando el proyecto y reconozco riesgos importantes, la inclusión de las universidades públicas es quizás el más dramático y lo que definiría mi voto negativo en caso de no retirarse, pues es inconstitucional al introducir mecanismos de control a las universidades estatales, algo que no le es permitido al presidente; ya el gobierno tiene espacio en los CSU con presencia mayoritaria en estos de agentes externos. Los órganos de control del estado tienen cabida -fiscalía, procuraduría, contraloría-,  podrían además alterarse las condiciones de gobierno universitario aumentando la participación del gobierno, además de que en muchos casos es el responsable de la crisis que planea intervenir.

Frente al contenido que  permite mecanismos de inspección, vigilancia y control (así le quieran decir de otra manera), lo que más preocupa es la carencia de un debido proceso, los limites en el tiempo de las medidas, la falta de claridad en los mecanismos de  progresividad en las sanciones y, por último, que no conduce a la democratización de la institución, elementos que esperamos puedan corregirse.

Estoy convencido de que en un sistema de educación superior pueden coexistir las instituciones públicas y privadas, pero no en una proliferación de aquellas que estafan a los estudiantes y afectan los mínimos de calidad. Las buenas instituciones deben ser protegidas, las malas por el contrario perseguidas y llevadas a corregir rumbo; en medio de la realidad política de nuestro país que avanza a la profundización del neoliberalismo, lo mínimo que uno esperaría es que el estado recupere algo de su posibilidad reguladora y de control, además porque es quizá la única realidad práctica a alcanzar en nuestras posibilidades actuales dentro del espacio del Congreso.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, y mirando que dentro de nuestra realidad política al interior del congreso más la correlación actual de fuerza del movimiento social, sería un absurdo pragmático pretender una reforma de fondo, y que es necesario un mecanismo que permita atender los abusos en contra de los estamentos y de ese proyecto de país, he decidido no dar una negativa rotunda al proyecto de ley, por el contrario apoyarlo si se logran intervenir los asuntos problemáticos expuestos, aunque estoy dispuesto a escuchar y analizar nuevos argumentos.