El
sábado 27 de septiembre en la ciudad estadounidense de Louisville Kentucky,
Mario Andrés Hurtado Cardozo, objetor de conciencia colombiano de 22 años,
recibió el Premio a la Convicción otorgado por el Muhammad Ali Center. Este
galardón se entrega a jóvenes menores de 30 años que se han destacado por su
trabajo en defensa de la justicia social y los derechos humanos en diversos
países del mundo.
Mario
fue seleccionado entre numerosas nominaciones provenientes de Latinoamérica,
debido principalmente a su decisión de rehusarse a ser entrenado para la guerra
y trabajar por los derechos de jóvenes de sectores populares, los cuales son el
principal objetivo de reclutamiento de todos los grupos armados en Colombia,
incluyendo las fuerzas militares que son en el ejército que más jóvenes
vinculan a la guerra en el país bajo la figura del servicio militar
obligatorio.
Mario
se rehusó a prestar el servicio militar; a cambio optó por trabajar desde el
Hip Hop con Jóvenes de Soacha, el municipio de Colombia que más recibe
población desplazada por la violencia; también acompañó las denuncias de madres
que perdieron a sus hijos como consecuencia de los falsos positivos, que han
dejado en el país 4200 víctimas de las cuales solo el 14% han sido reconocidas
como tal y reparadas por el Estado[1]. Luego de su trabajo en Soacha, Mario se
vinculó a la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, en donde
actualmente trabaja como asesor jurídico y defensor de jóvenes en riesgo de
reclutamiento que al igual que él se han negado a prestar el servicio militar.
Sin
embargo, lo irónico del reconocimiento de Mario, como en muchos casos de
objetores de conciencia a lo largo de la historia, es que mientras otros países
reconocen su convicción y sus aportes para construir una sociedad pacífica, en
su propio país Mario lejos de ser reconocido, es ignorado hasta el punto en el
que se hacen necesarias acciones jurídicas para garantizar su ejercicio del
derecho a la objeción de conciencia, y cuando por fin logra ejercer este derecho,
es castigado civilmente por su decisión, como si el Estado quisiera sancionarlo
por manifestar que él puede servirle al país sin necesidad de portar un arma o
ser entrenado para la guerra.
Al
igual que el resto de objetores de conciencia de Colombia, por haberse negado a
prestar el servicio militar, Mario no puede retirar el título de sus estudios
en Derecho, ni tampoco puede ejercer su profesión como abogado debido a que sin
libreta militar ninguna empresa o entidad social puede contratarle, dado que el
Estado les impondría sanciones económicas por vincular laboralmente a un joven
sin dicho documento.
Resulta
contradictorio que un gobierno que dice apostarle a la paz, no sólo siga
reclutando miles de jóvenes para la guerra sino además, sancione civilmente con
la negación de los derechos fundamentales a la educación y al trabajo a quienes
deciden no hacer parte de esta. “En Colombia sale mucho más rentable tener un
arma que un título profesional”, afirma en su declaración un objetor de conciencia
que no comprende cómo el Estado ofrece estudios superiores, subvenciones
económicas y plazas laborales a guerrilleros o paramilitares que después de
haber hecho parte de la guerra deciden desmovilizarse, mientras que a jóvenes
que jamás han disparado contra otro colombiano y que se niegan a ser entrenados
para tener que hacerlo, el mismo Estado les quita derechos fundamentales y les
aplica cuantiosas multas que en la mayoría de los casos, resultan imposibles de
pagar para jóvenes que por su condición de objetores, ni siquiera pueden contar
con un trabajo digno.
No
obstante, los objetores de conciencia consideran que detrás del hecho de no
querer reconocer su ejercicio político y sancionar a quienes logran acceder a
que se les reconozca como tal, se esconde el profundo temor de que algún día,
el número de jóvenes que hagan uso de este derecho fundamental crezca
exponencialmente, obligando al Estado y a las fuerzas militares a reconocer
algo que siempre han intentado negar: La mayoría de los jóvenes colombianos no
quiere hacer parte de la guerra, y no creen en un anacrónico, discriminante y
obsoleto modelo de servicio militar obligatorio.
Los
jóvenes colombianos vinculados a la fuerza pública son aproximadamente
412.000[2], al mismo tiempo la jefatura de reclutamiento plantea que el número
de evasores está cerca de los 800.000[3]. En cualquier otro Estado social de
derecho, las fuerzas militares ya habrían admitido que existe un problema grave
con el modelo de servicio militar, ya que le número de jóvenes que desobedecen
la ley son el doble de los que se ven obligados a someterse a ella; en Colombia
se insiste en tratar a los que se niegan a formar parte de la guerra como
delincuentes, mientras se reconoce y premia a los combatientes con todo tipo de
privilegios y opciones para el ejercicio de su ciudadanía.
Qué
pensaría Berta Von Suttner, sufragista Austriaca que con su libro ¡Dejad las
armas! no solo inspiró la creación del premio Nobel de la Paz, sino además fue
la primera mujer en recibir dicho reconocimiento, al ver que 100 años después
el mismo premio le fue entregado al presidente de la principal potencia militar
del mundo, que hoy desde la misma oficina donde lo exhibe, ordena bombardear
inocentes con la excusa de controlar a un enemigo fabricado a la medida de sus
necesidades.
El
reconocimiento que hoy se le hace a este objetor colombiano a nivel
internacional, se convierte en un hecho importante que pretende centrar la
atención en la necesidad de transformar la absurda lógica militarista que hoy impera
en la sociedad, esperando que algún día quienes buscan la paz sean el modelo a
seguir y no los ciudadanos que el Estado se empeña en sancionar y perseguir.
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[1] Human Rights Watch’s World Report 2014
notes that, “as of June 2013, the Human Rights Unit of the Attorney General’s
Office had been assigned investigations into 2,278 cases of alleged unlawful
killings by state agents involving nearly 4,000 victims, and had obtained
convictions for 189 cases.”
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/colombia?page=2 In early
2014 the Attorney General’s office stated it is investigating cases involving
4200 victims. Many additional cases are being pursued in the regional offices
of the Attorney General’s offices and unknown numbers of other cases
[3]
http://www.senalradiocolombia.gov.co/noticia/en-el-pa-s-cerca-de-800-mil-j-venes-evaden-el-servicio-militar
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