Las pasadas elecciones parlamentarias trajeron sorpresas
para el movimiento social colombiano. Entre los representantes de extracción
popular se destacan los casos del senador Alberto Castilla, del movimiento
campesino del Catatumbo, y el representante a la Cámara por Antioquia, Víctor
Correa. Este último es un joven estudiante de medicina de la Universidad de
Antioquía, referente de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, pero
también integrante y vocero de las Dignidades cafeteras en su región. En diálogo
con Colombia Informa Correa repasó su proceso estudiantil, su participación en
las Dignidades y su nuevo rol en la Cámara de Representantes.
En los últimos días el representante antioqueño del Polo
Democrático Alternativo -PDA- fue uno de los convocantes a la audiencia pública
denominada Crisis de la Educación Superior: verdades del Acuerdo por lo
Superior 2034. Sobre este proyecto el parlamentario se mostró crítico y lo
consideró un “documento que induce a que las universidades respondan a una serie
de indicadores para poder recibir recursos, como ocurrió con la fallida Ley 30;
eso es un violación a la autonomía universitaria y un límite al diálogo
académico, político y social que tienen que emprender las universidades, para
ser ese motor crítico y social de la sociedad.”
Colombia Informa: Usted ha participado en diferentes
luchas sectoriales los últimos años: por la salud, la educación, el
campesinado. ¿Cuáles fueron sus motivos para lanzarse a la cámara de
representantes?
Víctor Correa: Bueno, considero que no es aquí en el
Congreso de la República donde la sociedad se transforma. La sociedad cambia en
la medida en la que los pueblos se organicen, generen propuestas, dinámicas,
luchen y conquisten sus derechos, pero eso incluye utilizar diferentes herramientas
que tenemos a la mano, una de ellas es el escenario institucional. Yo me lanzo
al Congreso de la República para que tengamos la capacidad de reaccionar; lo he
hecho frente a casos como la reforma a la ley 100 y las demandas del movimiento
estudiantil contra la ley 30 y su intento de reforma. Poder tener un espacio
aquí ayuda a complementar las luchas que de alguna manera habíamos dado en
otros escenarios. Soy un convencido de que mi curul en la cámara puede
construir el fortalecimiento del movimiento social para el país. Esta curul que
tenemos hoy en el Congreso de la República responde precisamente a las banderas
que el movimiento social en Colombia ha construido.
C. I.: Cuando la MANE fue creada en 2011, uno de sus
acuerdos fue que nadie usaría al movimiento estudiantil como trampolín
electoral. ¿Usted considera que hizo esto?
V. C.: Hay distintas lecturas frente a la participación
política dentro del estudiantado. Sin duda uno de los grandes puntos de
controversia es si los estudiantes debemos o no participar en política. Una de
las acciones que yo realicé cuando decidí que me iba a lanzar, fue comunicarme
con todos los compañeros de la mesa a la que pertenecía [Mesa Amplia Regional
de Estudiantes de Antioquia –MAREA-] y hubo una aceptación a que yo dejara de
lado la participación en el movimiento estudiantil para así poder enfocarme en
este escenario de lucha electoral. Yo pienso que es importante dar debates
alrededor de que el movimiento social participe también de la lucha electoral.
Pienso que esto no es un lugar que deba ser entregado con facilidad a los
poderes oligárquicos del país. El movimiento social tiene que tomarse estos
espacios, llegar a estos lugares a dar el debate. No a reemplazar, no a
venderse, no a entregarse. A continuar los debates, pues aquí, en el Congreso
de la República, también hay que dar estas luchas. Lo que sí es importante que
quede claro es que la MANE no tiene candidatos y eso algo en lo que yo estoy
absolutamente de acuerdo. Aunque aclaro que aquellos que participamos en
ejercicios electorales, somos sujetos políticos y actores de la vida política
nacional, porque somos de alguna manera el relevo generacional que debe
continuar. Mejor que sea en manos nuestras, que quede el manejo institucional
del Estado, con gente que ha luchado y que construye con el movimiento social,
pues seremos en últimas quienes estaremos allí para hacer control y velar por
los intereses del pueblo.
C.I.: Recientemente usted convocó a una audiencia pública
de control al Acuerdo 2034. ¿Cuáles son los puntos más nocivos de esta política
pública?
V. C.: Sobre este asunto hay que tener en cuenta varios
puntos. El Acuerdo por lo Superior 2034 plantea un modelo de país y responde a
un modelo de país. Nosotros dentro de las discusiones que dábamos durante los
años 2011, 2012 y parte del 2013, tratábamos de evidenciar que parte del modelo
de educación que este gobierno propuso, le corresponde un moldeo de país que
está basado fundamentalmente en la entrega de la soberanía nacional, el
mantenimiento de las inequidades y las injusticias sociales, una educación
precaria, grandes capitales que buscan en nuestro país una mano de obra barata,
la extracción de nuestros recursos para enriquecerse, un país pensado en la
perdida de la soberanía. Pienso que desde el movimiento estudiantil por el
contrario, se está construyendo un modelo de educación bastante distinto al
modelo de país que nos han señalado, un país soberano, democrático, en paz,
donde la educación debe ser un derecho de todos los colombianos, donde los
diferentes tipos de educación de saberes y la pluralidad de contextos y
territorios, estén de la mano con el desarrollo técnico y tecnológico.
Lo que se encuentra en el Acuerdo por lo Superior es que
no corresponde al modelo de país como lo ha venido planteando el movimiento
estudiantil. Si observamos el documento, en lo que tiene que ver con
investigación, lo que busca es aumentar el control del Ministerio de Educación
y volcar la capacidad de la investigación para beneficio del sector privado empresarial,
no menciona la necesidad de investigar para resolver los problemas de la
sociedad. Otro de los grandes problemas que tiene este "acuerdo” es que no
soluciona los problemas estructurales de la educación superior: el déficit
presupuestal no se toca, y tampoco hay propuestas para atender ese déficit en
las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas. La propuesta más
profunda en este documento es precisamente cuando se menciona al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior –ICETEX- donde lo que
realmente se quiere es que los estudiantes se endeuden. Este documento induce a
las universidades a que respondan a una serie de indicadores para poder recibir
recursos. Como ocurrió con la fallida ley 30, eso es un violación a la
autonomía universitaria. Otro de los elementos que toca este documento es lo
que tiene que ver con las Tecnologías de la Información y Comuniación -TIC- y
lo que hoy se llama “la educación para el trabajo humano”, que es lo que hoy se
imparte en el SENA. Esta concepción nace con el objetivo de formar a la clase
obrera y campesina colombiana es una educación más formal. El SENA significó
una conquista social de los trabajadores colombianos, y lo que este documento
plantea es acabar el SENA. Además, se elimina la figura del cogobierno como un
elemento de autonomía universitaria, planteando una mayor injerecencia por
parte del Estado a las dinámicas de gobierno universitario, restringiendo la
participación de los estamentos. Eso no es bueno para la educación, bajo ningún
punto de vista.
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