A
propósito de la jornada de movilización estudiantil convocada para este 16 de
octubre, Colombia informa habló con Diego Ramírez, representante al Consejo
Superior de la Universidad del Cauca, sobre “el Acuerdo por lo Superior 2034”,
para informar a la comunidad sobre lo que esto representa, su incidencia en la
educación superior y sus diferencias con la ley alternativa que propone la Mesa
Amplia Nacional Estudiantil (MANE).
Colombia Informa: ¿Qué es “el Acuerdo por lo
Superior 2034”?
Diego
Ramírez: “El acuerdo por lo superior 2034” es una política pública de la
educación superior. Se presenta el 4 de agosto de este año, luego de un
ejercicio que hace el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), órgano
asesor del Ministerio de Educación.
Esto
viene desde tiempo atrás, con la gira que adelantó la anterior Ministra de
Educación María Fernanda Campo por algunas ciudades, intentando estrechar lazos
con las distintas regiones, luego de que el Gobierno Nacional en cabeza del
Presidente y la Ministra Campo perdieran su legitimidad en el sector educativo
a razón de la reforma a la ley 30 que pretendían imponer en el año 2011. De ahí
la necesidad de conferir la creación de una política pública para la educación
superior a un órgano que fuera ante los ojos de la gente, más amplio, ese es el
CESU. Este consejo nacional lo conforman representantes de algunos gremios
económicos, instituciones de apoyo al ministerio como el Icfes o el Icetex,
delegados de las universidades -en su mayoría privadas-, una representante
estudiantil de la Universidad Militar, está también una representación de los
profesores, pero básicamente quien más tiene incidencia ahí, es el mismo
gobierno.
Se
desarrollaron foros en algunas ciudades, sin embargo esos encuentros eran cerrados,
solamente participaban los que hacían parte de los gremios o instituciones
adscritas al Ministerio de Educación. El estudiantado nunca supo a qué hora se
convocaron los foros, los profesores tampoco, nunca participaron; y nunca se
recogió lo que la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) construyó desde el
2011. Con el paso del tiempo, ese fue su ejercicio, eso fue lo que el gobierno
presentó como propuesta de política pública en agosto.
C.I.: ¿Qué diferencias hay entre “el Acuerdo
por lo Superior 2034” con respecto a la propuesta de ley que presentó el
gobierno en el 2011?
D.R.:
Como ustedes dicen, lo de 2011 fue una propuesta de ley, es decir, tenía que
discutirse y aprobarse por el Senado de la República para que fuese incluida
dentro de la constitución. En cambio, el Acuerdo por lo Superior 2034 al
suscribirse como propuesta de política pública tendría otras formas de
implementación, ya no sería por medio del Senado. Al ser política pública, los
entes territoriales, por ejemplo, gobernaciones, consejos e incluso las mismas
universidades, pueden aprobar dicha política por medio de acuerdos, decretos o
resoluciones que sean muy puntuales; incluso podría salir a través de un
decreto presidencial.
Esta
política pública se presenta con otros matices y con otro lenguaje. En el 2011
se incluyeron puntos complejos como el de las universidades con ánimo de lucro,
esta vez lo dejan de lado. Aclaran e insisten que no estipularán el ánimo de
lucro dentro del acuerdo (2034). Sin embargo lo que nosotros hemos notado es
que los cambios en relación a la reforma de la ley 30 (2011) no son
sustanciales, es más una cuestión de lenguaje. Esta política sigue
materializando la intención de agudizar la privatización para que el Estado
cada vez, se desobligue de su responsabilidad de garantizar una educación de
excelencia.
C.I.: ¿Cuáles son los puntos neurálgicos que
tiene “el Acuerdo por lo Superior 2034”?
D.R.:
El principal problema es que la construcción del acuerdo no fue incluyente.
Dejó de lado cualquier proceso democrático, y excluyó a los estamentos
universitarios a la hora de sugerir propuestas a los problemas que padece la
educación superior. Como estudiantes hemos manifestado la voluntad de
participar ampliamente en las decisiones por el devenir de la educación, no
queremos que vengan a decirnos cómo tiene que ser la cosa.
Frente
a elementos problemáticos del documento (Acuerdo 2034), encontramos asuntos
como por ejemplo, la creación de superintendencias de inspección y vigilancia,
que estarían en la capacidad de registrar y controlar las diferentes
instituciones y su accionar. Estos órganos de vigilancia estarían insertos en
todas las decisiones de la universidad, orientando sobre el carácter académico,
sobre los programas de las universidades, la administración y financiación de
éstos y demás asuntos propios del funcionamiento institucional.
La
regionalización de las universidades sin la suficiente inversión desde el
Gobierno Nacional es, sin duda, otro problema que se agudizaría con la
implementación de esta política pública (2034). Exigirle a las universidades un
proceso apresurado de regionalización sin un presupuesto adecuado, se
reflejaría en la calidad de la educación. Por otra parte, las instituciones de
educación superior estarían conducidas según las necesidades que el mercado
identifique en cada región. Habría entonces, una tendencia marcada a la
eliminación de programas académicos que no contribuyan necesariamente a las
disposiciones económicas y al sector productivo. En estos casos actuarían las
superintendencias articuladas a las demandas de la economía y al sector
productivo, es lo que creemos.
Respecto
a la financiación, vemos que el gobierno no asume en ningún momento las
reivindicaciones que tenemos desde el movimiento estudiantil, como es la gratuidad
en la educación. Este elemento solo lo menciona el presidente Santos en sus
discursos, pero en la política pública no se encuentra estipulado. El
presidente ha dicho que la solución para garantizar el ingreso y la permanencia
de los estudiantes en las universidades será direccionada bajo los mecanismos
del Icetex. Pues bien, el Icetex no regala plata y no ofrece subsidios, solo
oferta créditos, es un negocio; esto le generaría endeudamiento a los
estudiantes. En síntesis, no cambia en nada con lo que planteaba la reforma a
la ley 30 de hace tres años (2011).
En
conclusión, estas son orientaciones antidemocráticas y excluyentes, principios
rectores del modelo neoliberal, que orienta trasladar las funciones y
responsabilidades del Estado al sector privado.
C.I.: ¿Qué pasó con la Propuesta Alternativa
de Ley que construyó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil?
D.R.:
Para responderle, se debe aclarar que la MANE fue el producto de un momento de
movilización que tuvo la necesidad de responder y de construir una ley de
educación superior alternativa. En este momento la MANE no tiene el mismo ritmo
de hace 3 años, en consecuencia, los estudiantes debemos recuperar la actividad
y el dinamismo característicos de nuestros escenarios de debate y construcción.
Cabe
destacar la iniciativa de algunas organizaciones estudiantiles de retomar la
propuesta construida por la MANE e impulsarla hacia el escenario del debate.
Sin embargo, no debemos olvidar que lo prioritario es el ejercicio con la
gente, que nuevamente sean los estudiantes los que se apropien de la realidad y
salgan a manifestar su inconformidad y a sentar posición, más allá de si se
llama MANE, o la identidad que el estudiantado quiera darle.
Por
otra parte, vemos que la ley alternativa construida por la MANE tiene
propuestas más concretas. Ésta se basa en un análisis colectivo de la
problemática del modelo educativo, planteando soluciones tangencialmente
opuestas a las que ofrece el acuerdo por lo superior. Por eso creemos
pertinente desdoblar los avances de la MANE como alternativa y ponerlo a disposición
de la movilización.
C.I.: ¿Qué propuestas existen ante el momento
que atraviesa el movimiento estudiantil?
D.R.:
Desde el Proceso Nacional Identidad Estudiantil del que hago parte, hemos
pensado que lo que se viene para el primer semestre de 2015 es un ejercicio de
pedagogía con la gente. Los estudiantes a veces no estamos relacionados con lo
que pasa en nuestro entorno, por estar concentrados en la academia, por eso se
hace necesario entender que no tiene sentido terminar una carrera sino se sabe
para qué, o a qué va a salir. En esa medida y bajo nuestro principio de
construcción con la gente es importante el poder trabajar en articulación con
procesos y dinámicas organizativas del estudiantado. No se trata de simplemente
luchar cada quien por su lado, o decir “vea luche”, sino de entender las
razones de “por qué emprendemos esta lucha”.
Otra
cosa importante que no se puede perder de vista, es que la lucha por la defensa
de la educación pública debe tener una articulación total con los demás
sectores del pueblo colombiano. De mantenernos aislados, los estudiantes no
alcanzaremos en ningún momento a plantear ni siquiera la discusión y el debate.
Porque la realidad nos muestra que las consecuencias al ser implementada la
política pública (2034), se orientarán en contra de los sectores populares del
país y es con ellos que debemos articularnos en defensa de nuestros derechos.
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