Los tasers, armas de tortura en manos de una policía sin escrúpulos

 

El Día

Hace cerca de un mes viene un debate nacional sobre la adquisición de los llamados taser, que son las pistolas eléctricas, por parte de la policía nacional. Son armas con la función de reducir a una persona por medio de un dolor intenso; entonces, sí, son instrumentos de tortura.

Desde el año 2013, Bucaramanga ha sido el epicentro de las pruebas piloto de estas armas. Para saber la dimensión de la situación, defensores de Derechos Humanos le plantearon mediante un derecho de petición al comandante de la policía nacional una serie de preguntas, entre las que se solicitaba explicar cuál era el protocolo para el uso de los tasers, si había algún contrato que mostrara cuántas armas ha adquirido la policía nacional y cuánto era el monto del contrato.

Hace una semana recibieron una respuesta del general Jorge Hernando Nieto, director de Seguridad Ciudadana de la policía, donde no solo no dan respuestas, sino que además señala que esa información no se proporciona porque puede poner en riesgo la defensa nacional.

Este silencio ratifica las dudas. “Abiertamente, el uso de este tipo de armas es una licencia para producir tortura. De hecho, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han señalado que desde finales de 2008 este tipo de armas ha producido la muerte solo en Estados Unidos de 334 personas. Nos preocupa el silencio de la Procuraduría y de la Defensoría, no solo en el tema de la contratación sino por la violación de algunos puntos del tratado de derechos humanos”, manifestó Oscary Dávila, del Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander.

La existencia de una norma que implementa y autoriza el uso de las denominadas ‘Armas de letalidad reducida’ para el servicio policial en Colombia. Tales armas pueden ser mecánicas (Lanzador de esferas, fusiles lanza gases-perdigones), Químicas (Gas pimienta), acústicas (granadas de aturdimiento) y electromagnéticas. Esta, combinada con la norma que prohíbe la protesta social en las calles, equivale a la aprobación de la represión con tortura de las manifestaciones.

La preocupación tiene fundamentos, se estima que entre policías locales y el Esmad hay más de 800 tasers, y su destino es usarlas para reprimir la protesta social. La realidad es que cualquier descarga eléctrica pone en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos. Si el Esmad se ha sobrepasado con armas menos dañinas, lo que puede hacer con estas es un peligro latente.

“Esto ratifica que el gobierno de Juan Manuel Santos tiene un doble discurso. Uno a nivel internacional de ser el aparente garante de los derechos humanos. Y el otro real, que es legalizar la tortura y los choques eléctricos frente a la protesta social y los conflictos laborales que puedan presentarse”, agrega Dávila.

El debate está vigente. Lastimosamente sólo tendrá la relevancia que debería tener cuando aparezcan las primeras víctimas de la crueldad de la fuerza policial. Algo inevitable, teniendo en cuenta los antecedentes de la policía colombiana.