Camilo Arturo Suárez
Rojas
En lo
que el Consejo Nacional de Educación Superior ha llamado “Un gran acuerdo en el
cual han participado 33 mil personas y 32 departamentos recorridos”, es
inevitable que florezcan las dudas en cuanto a su carácter democrático de
construcción.
En lo
que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ha llamado “Un gran
acuerdo en el cual han participado 33 mil personas y 32 departamentos
recorridos”, es inevitable que florezcan las dudas en cuanto a su carácter
democrático de construcción. Es sospechoso que se haga ver lo supuestamente
amplio y democrático que puede llegar a ser el acuerdo, teniendo como
protagonista al gobierno nacional y al CESU.
En
primer lugar es necesario preguntarse: ¿Qué es el CESU? Y ¿quiénes lo componen?
Para la primera pregunta es necesario remitirse a lo que dice su página
oficial, “como un organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de
Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación
y asesoría, y sus funciones están orientadas a proponer al Gobierno Nacional”
(CESU, 2014). Solo leer el apartado “¿Qué es?” en su página oficial da muestras
del sometimiento del organismo al Gobierno Nacional, en el que sus funciones de
asesoría no le permiten por principio tener independencia.
Ahora
bien, no solo se presenta una dependencia del gobierno nacional en
funcionamiento, sino también en composición; más de la mitad de su composición
está permeada por el gobierno, en donde solo el 11% de esta son estudiantes y
profesores, lo que deja un tufillo antidemocrático en cuanto a la toma de
decisiones y su misión.
En su
afán por mostrar una apertura en la construcción de la política pública, se
hace mención a unos supuestos aportes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
(MANE); es evidente que no existieron. La MANE afirma que una verdadera
participación “debe surgir del debate participativo, de la discusión abierta en
las universidades y plazas públicas y reconociendo la pluralidad de
posiciones”.
En
cuanto al documento se refiere, sus lineamientos obedecerían a los consejos del
Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
que refuerzan el carácter mercantil de la educación superior, en donde parece
más un nuevo intento por incorporar en la educación superior los elementos que
no pudo incluir, gracias a la decidida movilización del pueblo colombiano y el
movimiento estudiantil que dio al traste con la intención de Santos de
profundizar aun más el carácter mercantil y privatizador de la educación
superior. Además de la intención por fortalecer la educación técnica y
tecnológica, no en términos de calidad sino en términos de crear obreros útiles
que desarrollen un trabajo monótono y para nada creador.
En este
nuevo intento separa sus planteamientos en términos temporales no de forma
inocente, sino que proyecta un plan a 20 años en los que a modo de gotero
consolidaría sus pretensiones derrotadas por el movimiento estudiantil, lo que
configura una nueva táctica del gobierno nacional para consolidar su proyecto
educativo, entendiendo que la reforma a la ley 30 de 1992 unificó al movimiento
estudiantil por contemplar sus pretensiones de forma inmediata.
El reto
para el movimiento estudiantil es dejar atrás los sectarismos y demás problemas
que tienen desarticulado el movimiento estudiantil, para llevarlo a un nuevo
estadio de lucha que le permita unificarlo alrededor de una organización
incluyente y democrática que tenga la capacidad de hacer frente a este nuevo
desafío que al movimiento estudiantil se plantea.
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