¿Acuerdo superior?

Jaime Rafael Nieto López

Representante Profesoral al CSU

Universidad de Antioquia

Tal como estaba previsto, el pasado lunes 4 de agosto se hizo público el documento “Acuerdo por lo Superior – 2034: Propuesta de Política Pública para la excelencia de la educación superior en Colombia, en el escenario de la Paz”. El documento fue elaborado y presentado por el Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-,  órgano consultivo del Ministerio de Educación Nacional, en un acto que contó con la  concurrida audiencia de rectores y directivos universitarios, profesores y estudiantes, llevado a cabo en el auditorio de la Academia Colombiana de la Lengua.

El acto contó con la intervención inaugural de la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, quien destacó los contenidos fundamentales del documento presentado por el CESU y abundó en subrayar sus bondades, los alcances y espíritu transformador de sus lineamientos y el carácter incluyente de la propuesta de cara a un escenario de post-conflicto en Colombia en el corto plazo, aclarando además que no se trata de un proyecto de reforma legislativa sino de un texto guía, una hoja de ruta para los próximos 20 años en materia de educación superior para Colombia. También dedicó la Ministra buena parte de su discurso a enfatizar el carácter democrático que precedió el proceso de construcción de la propuesta por parte del CESU, del cual registró cerca de 33.000 participantes a nivel nacional y regional, considerado como el “proceso de mayor participación en la historia del sector educativo colombiano”. Diálogo Nacional y Acuerdo Superior fueron las expresiones más frecuentemente destacadas por la Ministra Campo para subrayar el carácter participativo y consensual del proceso llevado a cabo por el CESU para la elaboración del Acuerdo por lo Superior 2034. Sin embargo, el momento central de este evento lo ocupó la presentación que hiciera cada uno de los doce miembros del CESU de los 10 grandes ejes temáticos que estructuran el documento y vertebran el llamado Plan Estratégico, junto con sus 136 lineamientos de política: 1. Educación inclusiva; 2. Calidad y pertinencia; 3. Investigación; 4. Regionalización; 5. Articulación educación media y educación superior; 6. Comunidad universitaria y bienestar; 7. Nuevas modalidades educativas; 8. Internacionalización; 9. Estructura y gobernanza del sistema; y 10. Sostenibilidad financiera.

Por sus propósitos ambiciosos, por su carácter rector de corto y mediano plazo, por sus implicaciones de amplio espectro sobre la educación superior y especialmente sobre la Universidad Pública y por toda la concepción  que lo inspira, este documento deberá estar en la agenda inmediata de los universitarios, especialmente del profesorado, para su estudio, la reflexión crítica y el debate. En realidad, tras la presentación pública del Acuerdo Superior 2034 por parte del CESU, el verdadero Diálogo Nacional tan profusamente invocado por sus autores y la Ministra apenas debe empezar, y profesores y estudiantes están llamados a ocupar un lugar protagónico por la calidad de sus contribuciones, de sus críticas y la capacidad de formular propuestas alternativas. Sólo sobre la base de este gran diálogo nacional podría pensarse seriamente en la construcción de un gran acuerdo nacional por la educación superior, cuyo escenario deliberativo y decisorio sea el de una Constituyente Universitaria. Los universitarios ya gozan de un amplio y rico acumulado arrojado por las protestas estudiantiles de 2011 y los documentos programáticos elaborados en 2012 por la Mane. Estamos llamados a retomar la iniciativa y construir espacios de convergencia.

Una primera lectura del documento del CESU sugiere preguntas inquietantes. Las obvias, entre muchas más: ¿Acuerdo? ¿Entre quiénes? ¿Es realmente este documento producto de un acuerdo entre o con los universitarios? ¿Sí estuvo precedido de un diálogo y participación democrática de los universitarios? ¿Se trata realmente de un texto transformador y novedoso como sostiene el CESU y la propia Ministra o se trata de lo que algunos líderes estudiantiles desde ya no vacilan en calificar como “reencauche” del proyecto de reforma de la Ley 30 del Gobierno Nacional? ¿Si hay un compromiso real del Gobierno Nacional por garantizar sostenibilidad financiera de la educación superior a corto y mediano plazo que garantice el derecho a la educación a todos o simplemente se trata de que tal garantía descanse en el crédito educativo vía ICETEX? ¿Dónde quedó el diagnóstico riguroso que hace un poco más de un año hiciera el propio CESU acerca de la grave situación financiera de la Universidad Pública con una desfinanciación que alcanzaba la cifra de más de 11 billones de pesos? ¿Puede seguirse eludiendo y sustituyendo el tema crucial y urgente del gobierno universitario y la autonomía por el amorfo y escurridizo concepto de gobernanza del Banco Mundial? ¿Si hay allí una apuesta decidida por la investigación y el conocimiento? ¿Cuál es el tipo de diagnóstico que requiere la formulación de una política pública en educación superior de carácter transformadora y para un escenario de post-conflicto: uno optimista y acrítico como el que presenta el CESU u otro que habla más en términos de crisis universitaria como reiteradamente lo señalan desde hace varios años actores de la comunidad universitaria?

El evento del pasado lunes 4 de agosto fue concebido como un evento protocolario, con “convidados de piedra” y toda la parafernalia que le es propia. Afortunadamente, a la altura de los últimos puntos de la agenda, irrumpieron los estudiantes de la Mane, exigiendo ser escuchados y planteando puntos de debate. Gracias a ellos, a su intervención crítica y contundente, no sólo se logró romper el protocolo sino también el tedio que ya cundía entre la audiencia. Gracias a su intervención, todos los asistentes pudieron recordar que los acuerdos y los consensos se construyen entre diferentes y no entre quienes piensan igual.