A 85
años del primer asesinato político de un estudiante en Colombia, organizaciones
estudiantiles, intelectuales, plataformas sociales y políticas, recuerdan a las
víctimas estudiantiles de crímenes de Estado. A continuación presentamos un
panorama histórico de los hechos, y la mirada de organizaciones estudiantiles
que, según manifiestan, se rehúsan a dejar en el olvido a sus muertos.
De Miguel Abadía Méndez a Gustavo Rojas
Pinilla
Los
días 8 y 9 de junio son sinónimo de memoria desde el lamentable asesinato de
Gonzalo Bravo, cometido por el batallón Guardia Presidencial, en medio de una
multitudinaria movilización contra las medidas represivas del gobierno de
Miguel Abadía Méndez y la “rosca” que se había instalado en el poder y
deterioraba día a día las condiciones de vida de los colombianos. Era la época
de la hegemonía conservadora en la que ya se habían presentado otros asesinatos, así que la fuerte represión era
de esperarse. Ya en diciembre del año anterior, Abadía había ordenado a Carlos
Cortés Vargas, cabeza de sus fuerzas militares, atacar a los manifestantes de
las bananeras en Magdalena, beneficiando a la United Fruit Company, hoy
Chiquita Brands, responsable de otras tantas masacres cometidas por
paramilitares en la misma zona del país. Gonzalo era estudiante de derecho en
la Universidad Nacional, y lleva consigo el poco agradable peso histórico de
ser el primer miembro de ese sector en ser asesinado.
Pero no
era suficiente con Gonzalo. En 1954, en pleno furor de la dictadura militar
encabezada por Gustavo Rojas Pinilla, los estudiantes decidieron salir a
rememorar a su compañero asesinado años atrás, además de manifestar su rechazo
al terror promovido por el gobierno (censura en la prensa, persecución,
estigmatización). La respuesta fue del mismo talante represivo a la de Abadía:
sin mediar palabra, abrieron fuego. Entonces murió Uriel Gutierrez, un ocho de
junio, en cercanías al Cementerio Central en Bogotá. Al día siguiente, la
indignación estudiantil motivó a cerca de diez mil estudiantes de universidades
y colegios a movilizarse rumbo al Palacio Presidencial, pero son fueron
detenidos por el Batallón Colombia, recién llegado de la Guerra de Corea. En la
acción fueron heridos más de medio centenar y asesinados 13 manifestantes,
entre ellos Álvaro Gutiérrez, Elmo Gómez Lucich, Hernando Morales, Rafael
Chávez Matallana, Jaime Moure Ramírez, Hernando Ospina López, Hugo León
Vásquez, y Jaime Pacheco, entre otros.
Secundaria dice…
“El 8 y
9 de junio se conmemoran para no dejar en el olvido los acumulados históricos
del sector, para reivindicar a los compañeros que han dado la pelea contra el
sistema educativo y por la construcción de uno nuevo y, en general, para
visibilizar las expresiones de lucha estudiantil que continúan actualmente”,
comentó Daniel Henao, vocero nacional de la organización de estudiantes de
secundaria, Pizarrón Rebelde.
Afirmó
además que “para los secundarios, los crímenes de Estado no son ajenos. No es
solo en las universidades han masacrado estudiantes. En el marco de las
protestas del Paro Cívico de 1977, cuando la participación de los colegios fue
importante, tuvimos 3 compañeros asesinados. Posteriormente, en los años
noventa en Medellín, cae Hamilton Chica. La investigación arrojó que la bala
que lo asesinó fue disparada por el Ejército. En 2012, desarrollamos una
campaña exigiendo verdad en el proceso del compañero. Seguimos pidiendo que se
sancione al Estado por estos hechos pues, si bien el Ejército asumió su
responsabilidad, no se ha logrado el castigo a los culpables”.
En esa
oportunidad, la secretaria de Educación del municipio de Medellín, Beatriz
Restrepo, aseguró que las balas que terminaron con la vida de Chica no
provenían de las Fuerzas Armadas. El Liceo Marco Fidel Suárez fue cerrado luego
de las protestas que exigían el desmonte del servicio militar obligatorio. Los
hechos ocurrieron el 30 de julio de 1993.
“Es una memoria viva de quienes luchamos”
Laura
Niño es vocera nacional del Proceso Identidad Estudiantil. Para ella,
“conmemorar esta fecha es una forma de decir que no hacemos parte de una
historia muerta, o la anécdota de unos estudiantes que asesinaron. Nosotros y
nosotras somos el legado de resistencia y defensa de ideas en contra de la
oligarquía rancia que lleva tanto tiempo gobernando en nuestro país”.
El 8 y
9 de junio, afirmó, “es una muestra de cómo las
universidades y colegios colombianos, en particular el sujeto
estudiante, siempre ha sido parte activa de la revolución no en abstracto sino
la reivindicación y defensa de los territorios, de los derechos, de los
espacios de vida, luchas de las que los estudiantes siempre han hecho parte.
Hay que decir que esta no es una memoria lejana de cosas que pasan. Es una
memoria viva y son cosas que siguen sucediendo, los acontecimientos de 1929 y 1958
se reflejan en situaciones como el asesinato de Jean Farid Cheng Lugo, ocurrido
en 2011, en las amenazas al movimiento social que se siguen presentando”.
Niño
agregó que la conmemoración es necesaria para denunciar la persecución
sistemática que ha vivido el sector popular, partiendo de que “esa es la
memoria viva de quienes estamos luchando por una educación para el pueblo y por
un país diferente”. Sobre la responsabilidad del Estado en los crímenes
cometidos contra los estudiantes, y en general de la masacre contra el pueblo
colombiano, afirmó que es altísima: “Hablar de paz pasa por evaluar el papel de
las Fuerzas Militares, la Policía y del mismo Estado de asesinar a quien piensa
diferente o tiene otras opciones de pensamiento. Además, no solo condenar al
Ejército por matar a Gonzalo en 1929, sino denunciar que siguen jugando un
papel de control social y de acallamiento. Nosotros y nosotras buscamos que en
esa construcción de un país en paz que es vida digna, que es justicia social,
se haga memoria de las víctimas y se dé un nuevo lugar a esas fuerzas para que
no sigan siendo lo que han sido”.
Silenciados por soñar
David
Garzón de la organización Conciencia Crítica, afirmó que el 8 y 9 de junio
permite recordar que el movimiento estudiantil no es un escenario nuevo dentro
de la lucha social y popular colombiana. “Los estudiantes, si bien no han sido
la vanguardia del movimiento social, si han sido actores importantes en los
procesos de transformación y en proponer un país distinto. Precisamente, esta fecha
nos recuerda que no ha sido una lucha fácil, que lamentablemente las políticas
de estado siempre han buscado silenciarlos” agregó.
Además,
mencionó que no se trata de recordar a compañeros que han caído porque han
muerto, sino porque son ejemplo de esa lucha, aseverando que como
su organización estudiantil, hay muchas otras que “han dado su vida y
sus esfuerzos, todos los sacrificios posibles, por construir ese mundo con el
que no sólo nuestra organización sueña sino con el que millones de colombianos
también desean”.
Al
preguntarle por la responsabilidad del Estado colombiano en los asesinatos de
los estudiantes, afirmó que éste ha demostrado que su manera de silenciar el
pensamiento diferente es a través de la fuerza bruta, de la intimidación, de la
política de terror, de la cual mencionó que no es un escenario nuevo que
surgiera con el mandato de Álvaro Uribe. Aseguró que a la oposición que proviene de la academia se le han
aplicado distintas formas de acallamiento, legales e ilegales.
Para
Garzón, cuando existen personas que subvierten las realidades y que plantean un
modelo de país, un modelo educativo distinto, básicamente una reestructuración
de un modelo económico, bien sean jóvenes estudiantes, campesinos,
sindicalistas o madres que han luchado por la verdad de sus hijos asesinados,
el Estado ha actuado sin distinción alguna: desapareciendo, asesinando. “Hay
una deuda histórica que tiene el Estado colombiano y es reconocer que no es el
accionar de unos cuantos militares, o unos pocos miembros de la Policía Nacional,
sino que su política y parte de lo que construyeron, que en este momento se
reconoce como seguridad, como un país, se consolidó a partir de las decisiones
que tomó el Estado para silenciar” dijo Garzón.
Culminó
afirmando que el Estado debe recocer que “es responsable, no solo de los
asesinatos sino de las detenciones arbitrarias que últimamente se han
reforzado, del exilio, de los heridos en las movilizaciones”, agregó que “esto
es un primer paso para avanzar a políticas distintas, garantizar la diversidad
de ideas que no se agota en eso. Es una lucha política, eso es lo que se
plantea en La Habana, las víctimas de crímenes de Estado han exigido garantías
para ser oposición, para avanzar en la construcción de país”
Muchos nombres más
La
ocasión permite recordar casos en los que aún hay impunidad y silencio estatal.
Ejemplo de ello son los asesinatos que
no son reconocidos por el Estado, como el caso de los desalojos en las
residencias estudiantiles de la Universidad Nacional el 16 de mayo de 1984; el
crimen del estudiante de filosofía de la Universidad de Antioquia Gustavo
Marulanda; el de Oscar Salas de la Universidad Nacional, o de Simón Torres,
estudiante de secundaria de Medellín, entre muchos otros.
Es
necesario mirar en perspectiva la historia del sector estudiantil en Colombia.
En la actualidad existen iniciativas como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
-MANE- que representa la voluntad unitaria de las organizaciones gremiales y
que pretende el respeto por las acciones de protesta desarrolladas por los
estudiantes. En su pliego mínimo, el quinto punto, menciona el tema de las
libertades democráticas como una necesidad para el goce efectivo de los
Derechos.
Los
testimonios y la historia dejan la certeza de que, al caer los estudiantes en
aquel junio, nació un movimiento que poco a poco se ha dado un lugar en la
historia de la nación, que sigue del lado del pueblo y que se compromete con la
construcción de un nuevo país.
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