Los acuerdos entre la
Cumbre Agraria y el gobierno, y los avances que esto implica para el movimiento
popular. El desafío de mantener la unidad social y política entre los distintos
sectores movilizados.
El decreto número 870
"por el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las
organizaciones de la Cumbre Agraria" establece una serie de compromisos de
parte del gobierno, que fue tomado por los voceros del espacio como una
"primera victoria de la unidad agraria, campesina, étnica, afro y popular
en Colombia". Se espera que para esta semana, la Mesa Única Nacional entre
Cumbre y gobierno se instale formalmente con la presencia del presidente de la
República. Pero tan importante como los resultados concretos, es la valoración
del proceso de unidad, que no estuvo exento de dificultades.
La Cumbre Agraria
surgió como necesidad unitaria después del Paro de 2013. Aquellas protestas
habían sido más masivas y contundentes que las de esta vez, pero también más
fragmentadas. La represión no paró las protestas: se contabilizaron 14
manifestantes asesinados durante el paro anterior y múltiples violaciones a los
DDHH en éste. Pero, en combinación con los palos y disparos, el gobierno apeló
además a su habilidad política para cooptar y dividir. El Pacto Agrario surgió
entonces como iniciativa oficial que, si bien no entusiasmó a los sectores
organizados, sí coptó a campesinos de base. Aún sin dejarse enredar por el
Pacto Agrario, los sectores organizados habían establecido en 2013 distintas
gestiones con el Estado, distintas Mesas de negociación, y eso se vio como
debilidad: el gobierno fue desactivando conflictos por regiones, por sectores,
debilitando al conjunto. Y después, incumplió.
Despliegue multisectorial y nacional
Para subsanar la
dispersión surgieron las cumbres. "Pre-Cumbres" en las regiones a
partir de diciembre, y la "Cumbre Agraria, Campesina, Étnica, Afro y
Popular" en el mes de marzo de este año. Los movimientos y sectores que
gestaron ese proceso son los mismos que aún sostienen el espacio unitario, y no
son pocos. El siguiente repaso da un indicio de la fuerza real y el despliegue
nacional que alcanzó la Cumbre en el Paro actual:
El Coordinador
Nacional Agrario -CNA- se expresó desde el primer día en Arauca (Saravena,
Tame, Arauca capital); en Norte de Santander (Catatumbo, Cúcuta, Berlín);
Santander; Casanare (Yopal, Upamena, Aguazul, Chatre); Boyacá (Belén); Meta
(Villavicencio); Cesar (Cesar, Aguachica); Cauca y Valle. Los sectores urbanos
y estudiantiles del Congreso de los Pueblos se mostraron especialmente activos
en las universidades nacionales y en ciudades como Medellín, Cali, Popayán y
Bogotá.
Marcha Patriótica, la
Mesa de Interlocución y Acuerdo -MIA-, la Asociación de Zonas de Reserva
Campesina -Anzorc-, la Federación Nacional Sindical Agropecuaria -Fensuagro- y
la Mesa de Unidad Agraria -MUA- fueron sumando sus bases con los días, y
aportaron movilizaciones en Catatumbo, Meta, Barrancabermeja, Antioquia, Arauca
y Huila.
La Organización
Nacional Indígena -ONIC-, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales
-Comosoc- y el Proceso de Comunidades Negras -PCN- sumaron sus expresiones
sectoriales a distintos puntos de movilización en sus regiones.
Otro de los logros de
la Cumbre fue la incorporación activa de sectores populares urbanos, no sólo en
apoyo solidario a los campesinos sino sumando exigencias sectoriales propias al
pliego unitario. Cacerolazos, "semaforiadas", tomas, manifestaciones
estudiantiles e importantes marchas en las principales ciudades del país ampliaron
el repertorio de la protesta. También lo hicieron transportistas y
comerciantes, allí donde articularon con sectores urbanos organizados.
Por último, y por
fuera de la Cumbre, se expresó el movimiento Las Dignidades, con un alto perfil
mediático y una compleja realidad interna de divisiones y tensiones que aún
habrá que ver cómo decantará. Expresando a un sector importante del
campesinado, este espacio fue el único que prefirió no sumarse a la Cumbre, y
mantener su propia negociación, hoy paralizada. En el comunicado oficial de la
Cumbre Agraria se hizo una especial mención de solidaridad hacia este espacio y
un llamado a que el gobierno atienda sus reclamos, ya que en algunas regiones
aún sostienen la movilización.
Tensiones bien resueltas
"Valorar el
reconocimiento de la diferencia para ver qué nos une y poder avanzar
juntos", había sintetizado el dirigente del CNA, Robert Daza, durante la
realización de la Cumbre en marzo pasado. El espacio, a su interior, tiene
diferencias (sectoriales, políticas) que esta vez fueron bien llevadas, y
consolidaron el proceso de unidad. Tal vez la situación más incómoda se haya
dado cuando una de las voceras de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, llamó a
las organizaciones a no movilizarse porque "no es momento para
paros". Es sabido que la coyuntura electoral someterá al presidente Santos
a una complicada reelección, y algunos dirigentes priorizan la estabilidad de
las negociaciones de Paz con el actual gobierno ante todo. Aún así, sectores de
su mismo espacio aportaron a la movilización, mantuvieron una presencia
permanente y protagónica en la Mesa Única de Negociación con el gobierno, a la
par del CNA y el Congreso de los Pueblos. Las protestas tampoco fueron todo lo
fuerte que se esperaba de parte de los procesos indígenas y afro, que aún así
se mantuvieron leales al espacio unitario, consolidando la Cumbre Agraria más
allá de las diferencias.
En este positivo
balance unitario reside uno de los puntos salientes de la fortaleza no sólo de
este Paro, sino de las próximas instancias de lucha a futuro, que no faltarán.
El decreto y la Mesa Única Nacional: cómo sigue
La interlocución
formal con el gobierno, reconocida mediante decreto presidencial, no es un dato
menor: implica un valioso reconocimiento a la Cumbre Agraria como actor
político en la definición de las políticas públicas para el agro colombiano.
El decreto en
cuestión define quiénes serán los miembros del gobierno que tendrán la
responsabilidad de atender los reclamos populares. Establece también la
creación de Mesas Regionales, con un cronograma que deberá aprobar la Mesa
Nacional para evitar la dispersión de gestiones, una de las preocupaciones de
los voceros agrarios. El texto manifiesta el compromiso expreso por parte del
gobierno de "respetar los derechos otorgados en la Constitución a los
participantes y voceros de la Cumbre Agraria", en un reconocimiento
implícito de que esto, hasta ahora, no sucedía.
Frente al tema de
Derechos Humanos y Garantías se resolvió crear un Comité de Evaluación de
Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- para los campesinos, donde se
tratará las problemáticas de violación de derechos humanos y se discutirá la
adopción de medidas políticas, jurídicas y materiales para su protección.
A la vez se acordó el
acompañamiento de los campesinos movilizados por parte de miembros de las
Naciones Unidas como medida de protección. Éstos cumplirán una agenda de
visitas a la regiones y reuniones con las organizaciones sociales para recibir
denuncias y quejas por violación a los DDHH, punto que, en principio, había
sido resistido por el plantel oficial hasta que los propios miembros de la ONU
amenazaron con abandonar las gestiones si el gobierno no accedía a esta
verificación.
En cuanto a solución
de las problemáticas económicas del campesinado, se acordó la creación de un
Fondo para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, que dispondrá de un
volúmen de recursos cercano a lo que solicitaban las organizaciones.
Por último, se diseñó
una ruta metodológica para abordar la discusión de los demás temas del pliego.
Los delegados,
voceros y voceras de la Cumbre Agraria se mostraban optimistas con estos
resultados, aunque saben que se trata, apenas, de un paso más en un arduo
camino de reclamos que incluirán nuevas luchas, y el desafío estratégico de
mantener la unidad.
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