"La
interlocución con el gobierno seguirá, pero con la movilización",
manifestó Marylén Serna, vocera del Congreso de los Pueblos que participó de la
reunión en el Palacio Nariño con el Presidente de la República. El Paro
anunciado no será sólo campesino: involucra a diversos sectores sociales y
cuenta con amplios apoyos políticos.
La
preocupación del gobierno nacional por la firmeza con que vienen manifestándose
los distintos sectores agrarios, étnicos y populares en la construcción del
Paro Nacional anunciado para las próximas semanas, tuvo un gesto de
inconfundible lectura: la reunión a la que los dirigentes populares fueron
convocados el pasado viernes en el Palacio Nariño. Allí, el propio presidente
de la República Juan Manuel Santos encabezó la delegación oficial que incluyó
al ministro de Trabajo, Agricultura e Interior, a viceministros de todas las
carteras, a la directora del Departamento para la Prosperidad Social y al
presidente del Congreso de la República. La gestión convocó también a
personalidades como "garantes"; entre ellos el expresidente de la
República Ernesto Samper, el representante a la Cámara y senador electo Iván
Cepeda, el monseñor Sánchez Aponte por la Conferencia Episcopal, y Todd
Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia.
Tanto nombre oficial, tanta institucionalidad hacen prever que el presidente
Santos esta vez tomó nota del descontento social y difícilmente vuelva a
referirse a la protesta en ciernes con el mismo desprecio con que lo hizo la
vez anterior, cuando en medio de la paralización del país declaró: "ese
tal Paro no existe".
La representación popular
Por las
organizaciones populares asistieron 14 delegados y delegadas, en representación
de los procesos que dieron vida a la Cumbre Agraria, Étnica y Popular semanas
atrás: la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, el Coordinador
Nacional Agrario -CNA- y el Congreso de los Pueblos, la Mesa de Interlocución y
Acuerdos -MIA- y Marcha Patriótica, el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, la
Mesa de Unidad Agraria -MUA-, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina -ANZORC-, la Comisión de Organizaciones y Movimientos Sociales de Colombia
-COMOSOC- y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-.
Aunque no estuvieron presentes delegados de Las Dignidades, confirmaron que
serán parte del Paro y las movilizaciones.
"El
objetivo con el cual fuimos a esa reunión se cumplió, no era una negociación
sino un espacio de presentación de los tres puntos básicos: pliego único, mesa
única y Paro Nacional Agrario como instrumento de presión", explicó a
Colombia Informa el presidente del Coordinador Nacional Agrario, Robert Daza.
El líder campesino proveniente de Nariño, agregó: "Se va a iniciar un
dialogo y una negociación exploratoria a mediados de la semana de Pascua con la
disposición de que nos den señales de buena voluntad". Daza, al igual que
los demás voceros de los distintos sectores, manifiesta un discurso abierto al
diálogo pero igualmente firme en la decisión de la medida. Los incumplimientos
con los que terminaron las gestiones el año que pasó son un mal antecedente
para quienes buscan mejores resultados y para ello se muestran más unidos y
firmes esta vez. "Más allá de estas reuniones iremos reafirmando las
fechas del Paro Nacional Agrario, para algunos a partir del 1 de mayo, y que
para el 5 de mayo estemos todo el mundo en las vías", concluye Daza.
Diálogo
Ante el
presidente de la República fue Juvenal Arrieta, vocero de la organización
indígena ONIC, quien justificó las nuevas medidas de protesta. Describió la
agudización de la crisis rural por los problemas con las semillas, el panorama
minero energético y los Tratados de Libre Comercio -TLC- que perjudican a los
pequeños productores, echó en cara el incumplimiento de las distintas mesas
regionales y nacionales de negociación, y reclamó por la impunidad a las
violaciones de los Derechos Humanos a los participantes de las protestas en el
año anterior, que dejó un saldo numeroso de muertos, heridos y detenidos. Por
su parte José Santos Caicedo, vocero de las comunidades negras, explicó los 8
puntos del pliego aprobados en la Cumbre. "La política actual pone en
riesgo la supervivencia de los sectores populares rurales", dijo ante el
plantel oficial. Por la Marcha Patriótica fue su vocero, Andrés Gil, quien
exigió una "Comisión de alto nivel" ante la que llevar adelante las
negociaciones y reclamó garantías al ejercicio de la protesta social. Marylén
Serna completó las ponencias en nombre del Congreso de los Pueblos.
Entonces
fue el turno del presidente Santos. Con buen tono y palabras medidas, se
comprometió a "respetar la protesta social" y aceptó que no puede impedir
el paro que, según reconoció, "es un derecho que tienen los
colombianos". Después de eso invitó a participar a las organizaciones del
Pacto Agrario afín al gobierno que busca competir con la Cumbre en cuanto a la
representatividad de los reclamos del campesinado. Por último, aceptó instalar
una Mesa Nacional y delegó esa tarea al ministro de Interior, presente en el
encuentro.
El pliego del Paro
La
Cumbre Agraria realizada a mediados de marzo congregó a más de 5000 delegados y
delegadas no sólo de organizaciones campesinas. Fruto del encuentro quedó
consensuado un pliego unitario, que fijó los siguientes ejes que articulan el
actual reclamo: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; la
economía propia contra el modelo de despojo; minería, energía y ruralidad;
cultivos de coca, marihuana y amapola; derechos políticos, garantías, víctimas
y justicia; derechos sociales; relación campo-ciudad; Paz, justicia social y
solución política. Tras esa agenda ambiciosa están confluyendo hoy las
expresiones más sólidas y organizadas del movimiento popular. El Paro será
expresión de esa demanda política y esa potencialidad.
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