Oficina de Asuntos
Estudiantiles - OFAE
Desde hace no poco
tiempo, un importante sector de la academia ha reiterado su llamado a que la
solución a los múltiples problemas de la sociedad no pase por una respuesta
punitiva, ni mucho menos por la cárcel; al respecto la criminología crítica ha
esbozado valiosos e irrefutables argumentos sobre las razones que respaldan esta
afirmación.
Respecto al sistema
punitivo, retomaremos a Baratta para decir que “El sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende
resolver. En lugar de componer conflictos, los reprime y, a menudo, estos
mismos adquieren un carácter más grave en su propio contexto originario; o
también por efecto de la intervención penal, pueden surgir conflictos nuevos en
el mismo o en otros contextos [...] El sistema punitivo, por su estructura
organizativa y por el modo en que funciona, es absolutamente inadecuado para
desenvolver las funciones socialmente útiles declaradas en su discurso oficial,
funciones que son centrales a la ideología de la defensa social y a las teorías
utilitarias de la pena”.[1]
Además de lo
anterior, para el caso que ronda hoy por los pasillos del Alma Mater, debemos
decir que el trato que se le está dando a los problemas de la Universidad obedece
a una política dirigida de manera irresponsable. Quisiéramos sustentar ello de
la siguiente manera:
1. El trato que los
medios le han dado al tema muestran un señalamiento claro y contundente a
quienes son atrapados - como lo dirían varios académicos - por la máquina del
sistema penal. Ya que cubren el suceso de una manera que, a los ojos de
personas que no conozcan los elementos técnicos del proceso penal, da a entender
que ya fue desvirtuada la presunción de inocencia que cobija a todos las personas,
el cual se encuentra incluso en la Constitución Política[2].
2. Las declaraciones
del Secretario de la Gobernación de Antioquia, Santiago Londoño, muestran lo
acontecido como un “triunfo” frente a las problemáticas de la Universidad. Esto
resulta preocupante por diferentes motivos: a) Reiteramos que no se ha
desvirtuado en ningún momento la presunción de inocencia por ninguna autoridad
judicial competente, lo cual hace que estas declaraciones sean infundadas y,
cosa que no sería nueva, erróneas. b) Tomar postura por parte de la Gobernación
va a generar una presión mediática sobre los jueces, que en caso de tomar una
decisión contraria a los intereses de la Administración Gubernamental serán
víctimas de señalamientos, lo que generará una deslegitimación de esta Constitución
Política de Colombia. Artículo 29. institución. c) Las declaraciones dan a
entender que ésta es la manera para la solución de los problemas de la
Universidad, lo que muestra claramente un desconocimiento voluntario sobre la
complejidad de lo que día a día ocurre en nuestra Alma Mater.
3. Debido a lo
anterior, se ha generado en la comunidad una serie de rumores que resultan
contraproducentes y degeneran en una estigmatización a quienes hoy son víctimas
de una persecución penal, que los ha llevado - al igual que a muchos a estar
tras las rejas aún sin demostrarse que hayan cometido alguna conducta punible.
Sobre los puntos que
hemos pronunciado, y volviendo a la academia, recordamos que: “El funcionamiento de la justicia penal es altamente
selectivo, ya sea en lo que respecta a la protección otorgada a los bienes o los
intereses, o bien en lo que concierne al proceso de criminalización y al reclutamiento
de la clientela del sistema (la denominada población criminal). Todo ello está
dirigido casi exclusivamente contra las clases populares y, en particular,
contra los grupos sociales más débiles, como lo evidencia la composición social
de la población carcelaria, a pesar de que los comportamientos sociales, y de
que las violaciones más graves a los derechos humanos ocurran por obra de
individuos pertenecientes a los grupos dominantes o que forman parte de
organismos estatales u organizaciones económicas privadas, legales o ilegales”[3].
Por eso hoy hacemos
un llamado a toda la comunidad universitaria para que se una a la denuncia que
mediante este comunicado hemos decidido realizar. Además de esto, exhortamos a
que no sean los pasillos de nuestra Alma Mater el lugar para la reproducción de
comentarios infundados en la decisión de someter a medida de aseguramiento a
las personas que en estos momentos están bajo una persecución penal, porque,
parafraseando la frase que lamentablemente se hizo famosa en otros tiempos, y
que conserva vigencia, una orden de captura o una medida de aseguramiento no se
le niega a nadie.
Oficina
de Asuntos Estudiantiles - OFAE
Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad
de Antioquia
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