El
Congreso de los Pueblos rechaza categóricamente la destitución del cargo e
inhabilidad por el término de 15 años, impuesta por el Procurador General de la
Nación, contra Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Este tipo de decisiones niega
las garantías políticas para que la oposición participe en la institucionalidad
estatal, ya sea en los espacios de gobierno, o en cualquier otra instancia.
La
decisión de Ordóñez no es sólo una destitución, constituye una evidencia de la
funcionalidad del estado a los intereses del capital, usufructuando lo público
justificado en el supuesto derecho de libertad de empresa. A la vez es un acto
arbitrario de provocación y violencia contra las mayorías, que en ejercicio del
voto popular eligieron a Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá. También es una
amenaza para la participación en el poder de las fuerzas políticas de izquierda y
democráticas, que le apuestan a la opción de transformar el país a partir de la
vinculación a cargos públicos de elección popular.
Exigimos
al gobierno nacional coherencia con su discurso sobre la paz; que garantice,
como es su deber, las condiciones democráticas para que los gobiernos locales
puedan funcionar; garantías y respeto a los gobiernos de los pueblos indígenas;
garantías y respeto para los defensores de derechos humanos, los reclamantes de
tierra y los militantes de las organizaciones sociales y políticas perseguidos,
asesinados, desplazados y encarcelados. Exigimos el desmonte de la política de
represión y persecución contra la oposición política y que se sancione a los
responsables de las violaciones a sus derechos.
Seguimos
sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los
fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los
cambios políticos, económicos y sociales que superen las raíces del conflicto y
nos enrumben hacia un país con vida digna y justicia social, y sin revertir las
acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos, tales como la
hegemonía del poder en contra de las voluntades y propuestas políticas
populares, las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad, terror estatal,
exclusión política, despojos de los recursos minero-energéticos, la destrucción
de la naturaleza, la explotación laboral y la opresión económica que condena a
millones de colombianos/as a la miseria. Esto niega la paz y la democracia.
Hacemos
parte del movimiento popular y de las propuestas por la democratización de la
ciudad, como la de Bogotá Humana; por eso nos alineamos en la defensa de lo
público y estamos en contra de las privatizaciones y demás políticas
neoliberales impuestas por el Estado.
El
Congreso de los Pueblos convoca a la movilización social y popular para
defender la ciudad, la paz y la democracia que Colombia necesita.
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