Destrucción
del Salón Comunal 21 de Mayo - Símbolo de la Resistencia
Tal
como ha sido informado a la opinión pública nacional e internacional, el 25 de
Octubre fueron arbitrariamente desalojadas las familias retornadas a la vereda
Pitalito el pasado 21 de mayo de 2013.
Delegados
del gobierno local, del Ministerio Público, ICBF, Policía (ESMAD) y Ejército,
coordinaron un operativo de grandes magnitudes con un único objetivo: Expulsar
de nuevo a la comunidad de las tierras que ya habían vuelto a cultivar, para
entregarlas al terrateniente JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO. A la
defensa no se le permitió presentar los recursos de ley; nunca se verificó en
qué condiciones se ejercía la posesión por parte del terrateniente, los
argumentos de la comunidad en lo que respecta a su situación de desplazamiento
fueron desatendidos, en fin, la historia de 4 años atrás se repitió. Estas
familias, despojadas por segunda vez de su tierra, se encuentran aún refugiadas
en la vivienda de una familia solidaria de Curumaní, dado que la Alcaldía de
Chimichagua, no ha asumido su obligación constitucional de garantizar el mínimo
vital de estos hombres, mujeres y niños, brindándoles un albergue en
condiciones dignas.
Rechazamos
los rumores malintencionados que vienen promoviendo trabajadores al servicio de
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO en el sentido que la comunidad fue desalojada
porque estaban sembrando coca. Rechazamos también las afirmaciones de miembros
del Ejército Nacional, según las cuales el 25 de Octubre no hubo un desalojo
sino un abandono voluntario de las tierras por parte de los campesinos. Nada
más alejado de la realidad. Tachar a los campesinos de narcotraficantes o decir
que renunciaron al sueño de vivir en su territorio, solo son formas de
tergiversar la verdad y mostrar como justo lo que en la práctica fue una acción
arbitraria e ilegal.
Contrasta
la actuación célere y eficaz de la administración municipal de Chimichagua al
momento de proteger los intereses económicos del terrateniente, con su
negligencia y arbitrariedad para atender las pretensiones justas de los
campesinos de Pitalito.
Llama
la atención el amparo integral del derecho a la propiedad privada a favor de
FERNÁNDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO, adoptada por distintos organismos del Estado
(Alcaldía, Procuraduría, Policía, Ejército); cuando ninguna medida de
protección ha sido implementada para proteger los derechos de las víctimas: El
proceso de restitución de tierras, y las indagaciones penal y disciplinaria que
cursan por solicitudes y denuncias presentadas por las familias de Pitalito, se
caracterizan por su pesadez.
El
lugar habitación transitorio de la Comunidad, ha sido merodeado por hombres
desconocidos, que vienen fotografiando el inmueble y sus ocupantes. Por su
parte, en los predios han sido vistos civiles armados y se encuentran
fuertemente custodiados por el Ejército Nacional. Ya no hay campesinos, los
cultivos de pancoger quedaron abandonados y la concentración de la tierra en
manos de un palmicultor es otra vez la realidad.
A pesar
de ello, las familias de Pitalito RESISTEN CON DIGNIDAD; la solidaridad hacia
ellos crece. Cada vez más organizaciones sociales y de derechos humanos de
Colombia y el mundo, fijan su mirada en el caso de estas familias, que ha
puesto en entredicho el verdadero alcance de la ley de víctimas y de
restitución de tierras.
Octubre
29 de 2013.
FUNDACIÓN
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
EQUIPO
JURÍDICO PUEBLOS - EJP
MOVIMIENTO
DE TRABAJADORES, CAMPESINOS Y COMUNIDADES DEL CESAR – MTCC
ESMAD
Hostigando a Miembros de la Comunidad Campesina de Pitalito
Trabajadores
de Juan Manuel Fernández destruyendo la Cocina de la Comunidad
Trabajadores
de Juan Manuel Fernández destruyendo el Salón Comunal 21 de Mayo - Salón de la
Resistencia
Trabajadores
de Juan Manuel Fernández destruyendo las viviendas de la Comunidad
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